¿ Por qué se produce el cierre de Canal 9?

Cuando el pasado día 5 se dio publicidad al anuncio del Consell del próximo cierre de Canal 9, a muchos nos produjo una mezcla de sorpresa e incredulidad. ¿Cómo es posible que se vaya a cerrar la radiotelevisión pública autonómica? No puede ser. Es cierto que la empresa padecía un déficit crónico, por lo que estaba incursa en un proceso de reconversión laboral drástico, y que algunos de sus recientes, que no últimos, gestores se hallan afectados por procesos penales de diferente naturaleza.

Pero cuando la noticia se confirmó y reiteró por fuentes autorizadas, se pasó de la sorpresa a la estupefacción y a la asimilación de las circunstancias que se han dado a conocer con un ritmo vertiginoso en la última semana en torno a esta noticia. Caben muchos enfoques en el análisis de esta situación según la perspectiva personal de cada uno. Paso a exponer resumidamente el mío.

RTVV arrastra diversas deficiencias funcionales que se han ido incrementando a lo largo de sus veinticuatro años de existencia. En el plano del cumplimiento de la legalidad (Constitución, Estatuto de Autonomía, Ley General de la Comunicación Audiovisual, Ley de creación de RTVV… ) por lo que respecta a los contenidos informativos. Principios generales y derechos fundamentales, como el del pluralismo informativo, el derecho de acceso de los grupos políticos y sociales representativos a las pantallas y micrófonos de las entidades públicas de radiotelevisión, o el principio de veracidad de la información han sido vulnerados reiteradamente sin que se adoptaran medidas para evitarlo.

También ha habido deficiencias en el plano de la gestión económica asumiendo compromisos y gastos por encima de las posibilidades del medio, que han llevado a generar un déficit acumulado a lo largo de los años hasta llegar a la cifra actual de unos 1.300 millones de euros, que al final tendremos que pagar los contribuyentes. O en el plano administrativo y laboral, con los sistemas de acceso al trabajo y de promoción y movilidad dentro de la empresa, que han permitido acumular una plantilla desproporcionada para los requerimientos del medio. Todo ello sin perjuicio de determinados comportamientos individuales de acoso laboral, o de enriquecimiento personal a costa del erario público, algunos de los cuales están en estos momentos pendientes de resolución judicial.

Todos estos actuaciones irregulares son conocidas por la opinión pública y merecen la reprobación de sus autores así como de los que han permitido que sucedieran pudiendo evitarlas, independientemente de la sanción jurídica que los tribunales decidan aplicar en cada caso. Por lo tanto, la sorpresa no ha estado tanto en la crisis estallada a raíz del ERE recientemente adoptado, como en la solución aplicada por el Consell del cierre de la empresa, medida que parece precipitada e irreflexiva, ya que olvida aspectos jurídicos y extrajurídicos importantes.

Entre los aspectos jurídicos cabe señalar que, aunque la Constitución no obliga a tener medios públicos autonómicos, esta Comunidad ha decidido tenerlos mediante la creación por la Ley de 4 de julio de 1984 de una entidad de titularidad pública y, por tanto, acogida al sistema más estricto del servicio público comunicativo, que establece como prioridades de su actividad el principio de universalidad de sus destinatarios, el pluralismo ideológico, la atención a las necesidades comunicativas de los diferentes sectores de la sociedad, la independencia del poder político, la transparencia en la gestión, la protección y fomento de la lengua y cultura propias y el respeto a los derechos de las personas, entre otros.

Como indica la Ley por la que se aprobó el Estatuto de Ràdio Televisió Valenciana, la creación de ésta “supuso un hito significativo en el desarrollo de la realidad cultural, económica y social de la Comunidad Valenciana, así como un motor de desarrollo de la industria audiovisual valenciana”.

En efecto, la radiotelevisión autonómica, independientemente de sus evidentes y notorios defectos, se ha convertido en un referente de la vertebración de la sociedad valenciana y en un instrumento insustituible de fomento y normalización de la cultura y la lengua propias de la Comunidad. Por lo tanto, su amputación de nuestro sistema institucional no puede ser tratada desde una perspectiva meramente economicista. Es cierto que estos principios configuradores del servicio público de comunicación audiovisual han brillado por su ausencia en muchas ocasiones en la radiotelevisión autonómica valenciana. Pero es difícil imaginar que puedan cumplirse mejor mediante su gestión por empresas privadas.

En mi opinión, la solución no está en cerrar la entidad gestora actual, sino en corregir sus defectos mediante la adopción de las modificaciones legales pertinentes y el establecimiento de los controles sociales y jurídicos necesarios para que los incumplimientos y desmanes producidos hasta ahora no puedan volver a producirse y, si se producen, comporten las responsabilidades correspondientes.

Lamento concluir que ello requiere una actitud dialogante y de búsqueda de consenso entre los responsables gubernativos y las demás fuerzas políticas, que hasta ahora no se ha dado. No menos importante es la actitud vigilante de la ciudadanía para hacer oír su voz cuando se observe laxitud en la denuncia de hechos y comportamientos contrarios a los intereses legítimos y a los derechos de los ciudadanos porque la defensa del interés público es cosa de todos.

Antonio Vallés es profesor emérito de la Universidad CEU Cardenal Herrera