Una solución al descontrol urbanístico

Una empresa de Chiclana ofrece a las viviendas ilegales acceso a suministros básicos

Marisol Ayala, del PVRE, ante las viviendas ilegales de Los Borreguitos, en Chiclana / eduardo ruiz

El decreto 2/2012 de la Junta, el que permite legalizar casas en suelos no urbanizables, ha servido para incentivar el ya clásico espíritu emprendedor que tradicionalmente ha caracterizado a Chiclana (Cádiz). El ingeniero industrial, Jaime Chozas, que ha participado en el complejo proceso de regularización de casas de este municipio es uno de los socios de Rurhábitat, una empresa andaluza que ha nacido al amparo de este nuevo marco legal.

Ofrece una fórmula novedosa para regularizar las viviendas en suelos no urbanizables, sin necesidad de esperar a que sus Ayuntamientos acometan las obras necesarias para darles agua, luz y alcantarillado. La compañía facilita una solución global. Ayuda al papeleo, coloca una placa fotovoltaica, instala una planta potabilizadora de agua y sitúa una innovadora depuradora que hace innecesarias las fosas sépticas.

En 2012 la Junta aprobó un decreto por el cual trató de paliar el problema de las viviendas ilegales en Andalucía. Tenía como base la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), pero creaba nuevas figuras que daban salida legal a situaciones que anteriores normas no permitían solucionar. Por ejemplo, los asentamientos fuera de ordenación: conjuntos de casas construidos en suelos no urbanizables pero con entidad suficiente para necesitar infraestructuras y servicios básicos. El decreto ponía la carcasa y los Ayuntamientos debían llenarla con una ordenanza que estableciera plazos, precios y tramitación. En la provincia de Cádiz, lo han hecho ya municipios como Chipiona, Vejer, Puerto Real, Trebujena, Benalup, Sanlúcar o Jerez. Chiclana, el paradigma de las viviendas ilegales, no ha podido iniciar estos trámites. La Junta ha recordado en una carta al Ayuntamiento que no puede hacerlo por carecer de un plan general en vigor, ya que este documento fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Sin plan general, no hay ordenanza que permita desarrollar el decreto. Es la argumentación municipal pero los vecinos de esos asentamientos fuera de ordenación se quejan de la desidia del gobierno local, que lleva dos años y medio en el poder sin que haya iniciado los trámites para diseñar un nuevo plan general.

Jaime Chozas conoce bien Chiclana porque es de allí y porque ha trabajado en los planes de legalización de este municipio en los últimos años. Sabe de sus complejidades particulares pero ahora está centrado en dar soluciones a lugares donde sí se puede aplicar el decreto autonómico sin tantas dificultades. Es un negocio pero también una manera de ayudar a vecinos que llevan años sin suministros básicos. “Creíamos que ante esta situación de vecinos que ya tienen la oportunidad legal de contar con servicios básicos debíamos ofrecerles una salida más rápida que la que le pueden dar ahora los Ayuntamientos en plena crisis”, explica Jaime Chozas. El decreto de la Junta permite regularizar casa construidas sin licencia con más de seis años en suelos no urbanizables, donde las conexiones a los suministros suelen estar demasiado lejos, por la distancia física y también económica.

La empresa trabaja en varios ámbitos. Auxilia a los propietarios de esas casas. Y lo hace con una solución global. Facilita a los vecinos la regularización jurídica que les permita su inscripción en el registro de la propiedad en el marco del decreto autonómico, redacta informes de viabilidad y tramita la documentación técnica. Lo más novedoso es que ayuda a autoabastecerse a viviendas aisladas. Sus técnicos instalan placas fotovoltaicas para que no sea necesaria la conexión a la red eléctrica. Esta tecnología contribuye a la producción de agua caliente sanitaria y calefacción mediante energía solar térmica. Capta, acumula y potabiliza el agua de lluvia y de pozos. Y una importante novedad, ayuda a depurar los residuos fecales y a tratar las aguas grises, sin necesidad de recurrir a las fosas sépticas que han de vaciarse cada cierto tiempo. “Por lo general, muchos vecinos optan por tirar las aguas residuales a los caminos. Estamos contribuyendo a mejorar el medio ambiente”, dice Chozas.

La empresa da servicios a los vecinos y también a los Ayuntamientos. Por ejemplo, se ofrece a redactar planes parciales y proyectos de dirección de obra de urbanización para dotar de infraestructuras a los asentamientos fuera de ordenación. Además, asesora en ahorro energético, reducción de emisión de CO² a la atmósfera, control de residuos o consumo de recursos hídricos. Medidas que pueden facilitar a los propietarios de casas ilegales la amortización de las inversiones necesarias para su regularización.

Rurhábitat ayuda también a los Ayuntamientos a redactar las ordenanzas para aplicar el decreto de la Junta, como ha hecho en San Roque. Auxilia a vecinos, como los de la Axarquía malagueña, para que tengan sus planes y proyectos y ofrece la posibilidad de hacer mapas de viviendas por georradar o estudios pormenorizados de casas con afecciones o riesgos, como las ubicadas en vías pecuarias. En medio del caos, la empresa trata de implantar el orden. “Creo que estamos ayudando a destapar la madriguera en la que vivían muchos dueños de casas ilegales”.

La empresa trabaja en el marco de aplicación del decreto de la Junta, algo que no está resultando sencillo. Chozas cree que el texto es mejorable en algunos aspectos prácticos, por ejemplo, el límite de los seis años para que los asentamientos puedan ser legalizados provoca que en núcleos donde haya una mayoría de casas de más antigüedad pero solo una construida después de esos seis años no sea posible la regularización. También hay recelos municipales a aprobar las ordenanzas necesarias para pormenorizar el decreto. “Creo que los Ayuntamientos deberían ser conscientes en mayor medida que la legalización, aunque tiene un coste, que en su mayoría debe asumir el dueño, también tiene una contraprestación para las arcas municipales, que es el hecho de que ahora puedan cobrar”.

La compañía, en plena expansión, busca clientes entre los vecinos, muchos de ellos extranjeros, que compraron su casa en Andalucía sin saber el lío legal en el que se estaban metiendo. Ahora alguien se ofrece a ayudarles a desenredar esa madeja con todas las respuestas a sus numerosos interrogantes.

La singularidad de una ciudad dividida en 18 áreas

El caso de Chiclana es singular. El problema de las viviendas ilegales creció tanto que el Ayuntamiento, gobernado entonces por el PSOE, decidió atajarlo con un plan de regularización. Hubo un cambio de gobierno. Llegó un alcalde del PP que mantuvo el mismo planteamiento que el fijado por su antecesor: dividir la ciudad en 18 grandes áreas y tratar de darles los servicios básicos mediante el pago previo de los propietarios. Esa obligatoriedad de pagar levantó las iras de algunos vecinos que se organizaron en un partido político, el Partido Vecinal Regionalista (PVRE). Llegó a obtener dos concejales que, al final, resultaron fundamentales. Desde hace casi dos años ese partido, gracias a un pacto con el PP, dirige el urbanismo de Chiclana. A esta estrambótica situación política se le han unido complicaciones legales. Su Plan General, el que permitía esa regularización, fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, lo que dejó en un limbo legal toda la ciudad. Todavía el Ayuntamiento no ha desarrollado el decreto 2/2012. La delegada de Urbanismo, Marisol Ayala, del PVRE, propietaria de una vivienda ilegal, ha culpado a la Junta porque, en una carta, le ha dicho que sin plan general no hay posibilidad de aplicar el decreto. Ayala no vive en un asentamiento fuera de ordenación, sino en La Rana Verde, un suelo urbanizable en el futuro plan. Los vecinos de los asentamientos fuera de ordenación, como Los Llanos o Pago Melilla, sí quieren que se aplique sobre ellos el decreto de la Junta. “Marisol Ayala ha entrado en política solo para poder legalizar su casa y no se acuerda de que muchos de los que la votaron vivían en suelos no urbanizables”, protesta el presidente de la asociación de vecinos de Los Llanos, José Olmo. De las 15.000 viviendas todavía ilegales en Chiclana, unas 2.000 están ubicadas en suelos no urbanizables y se podrían acoger a la figura de asentamiento fuera de ordenación si el decreto se pudiera aplicar.

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