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Andalucía garantizará la luz y el agua a más de 47.000 personas

La Junta prevé 20 millones para asegurar un “suministro vital” a quien perciba un salario social

La pobreza energética alcanza al 10% de los hogares españoles

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Pintada en los bajos de un bloque ocupado de viviendas en Sevilla.

El Gobierno andaluz ha anunciado que asegurará un mínimo de suministro de luz y de agua para los hogares en los que solo se perciba un salario social (más de 47.000) y para los pobres. Esta medida se suma a otras de contenido social en una comunidad con un 35,9% de desempleo o, lo que es lo mismo, 1,4 millones de personas en paro: el decreto antidesahucios, que permite la expropiación temporal de la vivienda a las entidades financieras; y un plan que garantiza a los escolares más pobres tres comidas diarias en los colegios. La propuesta, que anunció ayer el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, de IU, aún no está cerrada ni en contenido ni en financiación, pero se prevé que esté en cuatro meses.

La medida trata de garantizar “los suministros mínimos vitales” de luz y agua a los andaluces en riesgo de exclusión social y que perciben el ingreso mínimo de solidaridad, el llamado salario social. Este asciende a unos 400 euros al mes, aunque puede alcanzar los 645,30 euros mensuales en función del número de miembros de la unidad familiar. Esa ayuda la han recibido en lo que va de año 47.329 personas en Andalucía, pero hay muchas más esperando; hay registradas 54.181 solicitudes. El salario social lo perciben personas que han agotado todo tipo de prestación y solo pueden cobrarlo durante seis meses.

El Gobierno andaluz cuantifica el coste de su medida, aplicable no solo a los que perciben el salario social sino a más personas, en unos 20 millones de euros. ¿De dónde saldrían? No está ni claro ni cerrado. PSOE e IU abordarán a principios de año el debate sobre fiscalidad en la comunidad, en paralelo al que abrirá el Ministerio de Hacienda. La propuesta que Valderas plantea es pedir a las empresas y entidades que reciben incentivos de la Junta “una aportación” que nutriría un fondo de solidaridad interno. “Nuestro 0,7%”, lo bautizó. El gas queda fuera de la iniciativa porque el 83% del consumo en los hogares andaluces se hace a través de la compra de bombonas y no habría ningún control.

El consejero andaluz Diego Valderas señaló ayer que la Junta lleva trabajando en esta iniciativa desde agosto, y la propuesta ha sido elaborada por un grupo de profesores de las universidades de Sevilla y Pablo de Olavide. Se trata de asegurar el “abastecimiento gratuito de al menos 100 litros de agua potable al día”, unos 3.000 litros al mes, “a cada uno de los andaluces que hoy percibe el ingreso mínimo de solidaridad”. Naciones Unidas cifra la cantidad mínima necesaria en 50 litros por persona y día. “En ciudades como Zaragoza, donde se está haciendo un uso muy eficiente del agua, ya están en cifras muy parecidas y alguien que esté muy concienciado puede estar por debajo”, dice Jesús de la Osa, coordinador de las publicaciones anuales del Observatorio de Salud y Medio Ambiente de Dkv–Ecodes.

Las expropiaciones y las tres comidas diarias

Expropiaciones. PSOE e IU, que gobiernan juntos en Andalucía, aprobaron, en abril de este año, el denominado Decreto Ley de Medidas para Asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, que contempla la posibilidad de que la Junta expropie el uso de una vivienda —durante un máximo de tres años— cuando se vaya a desahuciar a una familia que esté en riesgo de exclusión social. El Gobierno central recurrió ante el Tribunal Constitucional este decreto, que está paralizado cautelarmente. Pero el Parlamento andaluz aprobó en septiembre una ley que contempla las mismas medidas y que no ha sido paralizada. En aplicación de esta norma, la Junta expropió la primera vivienda a mediados de octubre en Huelva. Otros 28 casos se han publicado ya en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y van por el mismo camino. Y, según fuentes de la Consejería de Fomento y Vivienda, se están tramitando 130 casos más. Además, las mismas fuentes resaltan el efecto “disuasorio” que ha tenido esta medida, ya que las entidades se muestran cautelosas a la hora de exigir el lanzamiento de una familia ante el riesgo de que la vivienda termine siendo expropiada por el Gobierno regional.

Tres comidas diarias. El Gobierno de Andalucía aprobó, también en el mes de abril, otro plan extraordinario destinado a las personas con menos recursos: el Decreto Ley de Medidas Urgentes contra la Exclusión Social, que cuenta con un presupuesto de 120 millones de euros. Este plan tenía cuatro patas: pequeñas contrataciones laborales a través de los Ayuntamientos, mantenimiento del servicio de ayuda a domicilio y del empleo asociado a esta actividad, aumento en 44 millones de la partida del llamado salario social y un plan para garantizar tres comidas diarias a los menores con peores condiciones económicas. Esta medida, que está dirigida a unos 46.000 niños, comenzó a aplicarse en junio. La Junta utiliza la red de centros escolares de la comunidad. Esos 46.000 menores ya tenían antes garantizada la comida del mediodía en sus colegios, ya que los alumnos con menos recursos no pagan este servicio. Lo que ha hecho el Gobierno regional ahora es entregarles también un pequeño desayuno y una merienda.

La otra medida de la Junta busca evitar los cortes de luz por impagos a las personas en riesgo de exclusión y que sean titulares de un contrato de suministro eléctrico. Se trata de garantizar 1.400 kilovatios al año, “cubriendo parte de las necesidades esenciales estimadas en 2.519 Kwh”. En opinión de Valderas, de esta forma se evitarán “desahucios energéticos, protegiendo a los andaluces que están en condiciones de mayor vulnerabilidad”. Desde 2007, en Andalucía se han producido más de 86.000 desahucios y solo desde enero de 2011 hasta diciembre de 2012, se han ejecutado 510.864 cortes de luz en hogares andaluces, según información que han suministrado los distintos distribuidores eléctricos.

En este caso, los expertos, aunque alaban la iniciativa, explican que es mucho más difícil saber hasta dónde alcanza la previsión de suministro, pues la necesidad varía enormemente dependiendo del clima y, sobre todo, del acondicionamiento del edificio. Por eso, José Luis López, coordinador de proyectos de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), señala que estas medidas son arreglos “a corto plazo” frente a soluciones como un buen acondicionamiento energético de los edificios, por ejemplo, mejores sistemas de aislamientos en ventanas y fachadas. “Si sobre la renta de las personas y los precios de la energía es más difícil actuar, ese acondicionamiento es la mejor vía a largo plazo”, asegura.

Distintos expertos y ONG han alertado en distintas ocasiones del aumento de la pobreza energética en España, un problema que podría estar causando al menos 2.300 muertes prematuras al año, según el informe publicado el año pasado por la ACA. El trabajo dice que la pobreza afectaba en 2010 al 10% de los hogares españoles y estima que, debido al deterioro económico, en 2012 podía llegar al 15%. Toman como referencia a quienes llegan hasta el extremo de que les corten el suministro por impago, pero también a quienes tienen facturas atrasadas, no pueden mantener la casa a la temperatura adecuada o destinan un porcentaje exagerado de la renta familiar a esos gastos, explica José Luis López.

Para garantizar el suministro de agua y de luz, la Junta pretende alcanzar acuerdos con las empresas distribuidoras de electricidad y los Ayuntamientos que controlan las empresas de agua, aunque en algunos casos este servicio está en manos de sociedades privadas. En las facturas se incluiría el mínimo que pagaría la Junta.

El proyecto se plasmará en un decreto ley que posteriormente se tramitará como ley. El vicepresidente se da de plazo cuatro meses para cerrar una propuesta con sus socios socialistas del Gobierno, que reaccionaron con cierta frialdad y destacando que aún está “en estudio”. Aunque IU lleva trabajado en este proyecto desde el verano, Valderas decidió precipitar el anuncio cuando comprobó que el PSOE aprobó en su Conferencia Política impedir por ley que a los ciudadanos se les corte el suministro de electricidad, gas y agua por estar en situación de pobreza. IU no se cree el giro a la izquierda del PSOE, pero, por si acaso, tampoco está dispuesta a ceder banderas.