El Consell justifica el ‘coach’ de Fabra y lo compara con un cantante o deportista
El socialista Rubio dice que el presidente, con el entrenador, “ha empeorado”
El curso de liderazgo del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que tanto escándalo levantó en su momento, “no costó un euro” porque el contrato menor inicialmente planteado con un conocido experto en coachingfue rescindido, según reiteró ayer el Consell por boca del secretario autonómico de Administración Pública, Pedro García Ribot, en una comisión de las Cortes Valencianas. Pero fue más allá, al reivindicar la conveniencia de que los altos cargos hagan este tipo de entrenamientos. García Ribot citó a la vicepresidenta de la Confederación Española de Directivos de Empresas, Pilar Gómez-Acebo, y a la directora de la Fundación Jaime Vera, Norma Bernad, así como al economista Michael Jensen, para justificar que “las personas que tienen grandes responsabilidades deben tener formación y entrenamiento especiales”.
García Ribot, que sustituyó al jefe de gabinete de Presidencia de la Generalitat, Jesús Lecha, en la comparecencia solicitada por la oposición, reiteró la versión oficial según la cual el propio Fabra se hizo cargo de pagar los gastos de su entrenador de liderazgo. Y anunció que se están preparando cursos del Instituto Valenciano de Administración Pública (IVAP) especialmente dirigidos a “personal situado en la cúspide de las organizaciones públicas”, siguiendo el ejemplo del Instituto Nacional de Administración Pública, que planteó “cursos de liderazgo público” el pasado mes de julio. Según García Ribot, los deportistas de élite “no van a ningún sitio sin su entrenador” ni los cantantes de ópera sin su maestro o su foniatra.
El parlamentario de Esquerra Unida Ignacio Blanco cargó contra el Consell, al que acusó de necesitar “un entrenador de democracia parlamentaria”, dado que nunca acuden los consejeros o altos cargos reclamados a sus comparecencias, y se negó a participar en el debate. El socialista Rafael Rubio dijo que “es evidente que Fabra no ha hecho el curso de liderazgo porque no ha mejorado en nada, en todo caso ha empeorado”. Si ha hecho el curso, añadió, “es muy mal alumno”. Rubio comparó los 20.000 euros que costaba el coaching contratado inicialmente por la Generalitat con la oferta de cursos del IVAP. Entre otros, citó los de “coaching corporativo de proyectos”, “equipos bien dirigidos, equipos más productivos”, “comunicar con eficacia”, “curso de competencias interpersonales”, “inteligencia emocional y habilidades directivas” o “técnicas para hablar en público con éxito”.
El diputado socialista pidió a García Ribot que recomiende a la secretaria autonómica de Organización, Coordinación y Relaciones Institucionales, Esther Pastor, que no vuelva a intentar contratar un coaching y que los miembros del Consell y altos cargos hagan cursos del IVAP.
Mireia Mollà, de Compromís, preguntó al secretario autonómico si existe alguna normativa que impida que los miembros del Consell y altos cargos puedan asistir a esos cursos, a lo que García Ribot respondió que los cursos del IVAP “van dirigidos a funcionarios y no a altos cargos”.
En un momento determinado, el secretario autonómico retó a la oposición, que criticó la pretensión inicial de la Generalitat de pagar el entrenamiento de Fabra con cargo a las arcas públicas.”Si alguien tiene dudas”, dijo, “que consulte el expediente”. Rubio le tomó la palabra. “Lo he pedido tres veces y nunca me lo han dado. No se preocupe que volveré a hacerlo”. El diputado socialista añadió que le interesa especialmente cuál fue la motivación que reflejó el expediente para para pagarle un entrenador de liderazgo a Fabra.
Ninguna explicación sobre Bárcenas y Cotino
La oposición quería información de “los contratos de la Generalitat con Sedesa y las empresas del grupo, como había pedido Compromís, y sobre el supuesto pago de 200.000 euros por Juan Cotino, hoy presidente de las Cortes Valencianas, para financiar al PP, según consta en los papeles de Bárcenas, y su posible relación con adjudicaciones de la Generalitat a ese grupo empresarial, como habían pedido los socialistas. El Consell envió a la secretaria autonómica de Autonomía Personal, Manuela García Reboll, que empezó por asegurar que la Consejería de Bienestar Social “no ha tenido ninguna relación contractual” con Sedesa.
Mònica Oltra, de Compromís, y José Manuel Sánchez, del PSPV-PSOE, cargaron con dureza contra la secretaria autonómica y recordaron que Sedesa, la empresa de la familia Cotino, participa en Gerocentros del Mediterráneo, concesionaria de residencias de la tercera edad, y que la explicación req
“Hablamos de empresas de la familia Cotino, beneficiadas con dinero público que ha vuelto después en forma de financiación ilegal al PP”, indicó Oltra, que acusó de “fraude de ley” al Consell por el uso que hace de la acumulación de peticiones de comparecencia para esquivar que los responsables reclamados por la oposición den explicaciones. Sánchez, por su parte, señaló que hay “suficientes elementos que ponen en tela de juicio las múltiples adjudicaicones millonarias por parte de la Generlaitat al grupo Sedesa o a empresas participadas por Sedesa en los últimos años”.
Tanto Oltra como Sánchez, como el diputado de Esquerra Unida Ignacio Blanco, incidieron en que Cotino era consejero de Bienestar Social cuando la Generalitat mejoró las condiciones económicas de las empresas concesionarias de plazas de la tercera edad y la empresa de su familia multiplicó por cuatro los beneficios.
La secretaria autonómica alegó que las 11 adjudicatarias del concurso “tuvieron que hacer una gran inversión para construir plazas en toda la Comundiad Valenciana”, lo que justificó mejorar sus condiciones. Añadió que Cotino “ha dado explicaciones más que suficientes sobre este tema”.
