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¿Qué haría usted si fuera el alcalde?

Los portavoces de PSM, IU y UPyD responsabilizan al Ayuntamiento de la huelga de limpieza viaria y piden un cambio del contrato para solucionar el conflicto

Un policía escolta a un barrendero en servicios mínimos.
Un policía escolta a un barrendero en servicios mínimos.CARLOS ROSILLO

“No haga más daño a los madrileños”, le pidió ayer el líder socialista, Jaime Lissavetzky, a la alcaldesa, Ana Botella (PP), tras una semana sin limpieza viaria. “Estamos llegando a una situación que puede dar pie a problemas de salubridad”, añadió. En esa línea, el portavoz de UPyD, David Ortega, exigió a Botella que difunda los informes de salud ambiental y control de plagas en los que se basó ayer para negar que la huelga haya degenerado en un problema de salubridad. La edil Raquel López (IU) pidió “solidaridad” con los trabajadores. Pero ¿cómo solucionarían ellos el problema?

Las cuatro preguntas

1. ¿Quién tiene la culpa de que Madrid esté hecho una porquería? ¿Las empresas? ¿El Ayuntamiento? ¿Los piquetes?

2. ¿Qué haría para arreglar hoy mismo este problema?

3. ¿Qué deberían hacer los madrileños en esta situación?

4. Debería intervenir la Administración para limpiar, anteponiendo el riesgo de insalubridad al derecho a huelga de los trabajadores?

JAIME LISSAVETZKY (PSM)

1. La responsabilidad de gestionar los servicios urbanos la tiene sin ninguna duda el equipo de gobierno del Partido Popular. Llevamos meses avisando de que la limpieza viaria no podría mantenerse con un 30% menos de coste. Pedir a los trabajadores que asuman parte del coste de la mala gestión económica realizada durante años en Madrid por los gobiernos del PP es un despropósito. Quien ha tomado esa decisión es el responsable.

2. Reunir a todos los implicados para que, restablecido de forma inmediata el servicio en condiciones adecuadas, se convoque un nuevo concurso que permita llevar a cabo la limpieza viaria de forma similar a como se hacía antes de que el gobierno del PP provocara esta lamentable situación.

3. Exigir al equipo de gobierno municipal que de forma inmediata solucione este conflicto, que nunca debería haberse planteado y que está incidiendo de forma directa en la vida cotidiana de la ciudad y de sus habitantes.

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4. Una Administración inteligente que se preocupa por los ciudadanos tiene que hacer compatible todos sus derechos, no contraponerlos para sacudirse su responsabilidad y generar problemas graves e innecesarios.

RAQUEL LÓPEZ (IU)

1. El Ayuntamiento, por no haber fijado un número mínimo de trabajadores en los pliegos de condiciones de los nuevos contratos. Y las empresas, por querer lucrarse a costa de reducir sus plantillas y los servicios públicos.

2. Fijar las plantillas que deben prestar los servicios públicos de la ciudad, y empezar a estudiar la remunicipalización de estos.

3. Ser solidarios con los trabajadores que, por un lado, defienden lo suyo; es decir, su empleo y, por otro, defienden lo nuestro; es decir, los servicios que pagamos entre todos los madrileños.

4. La Administración debería intervenir para que las empresas pusieran fin a un expediente de regulación de empleo que solo ellas han provocado.

DAVID ORTEGA  (UPyD)

1. Quien ha creado esta situación es el propio Ayuntamiento de Madrid al elaborar un contrato low cost para un servicio básico como el de la limpieza de la ciudad. Si esto no hubiera sucedido, no estaríamos así ahora. En segundo lugar, también tienen responsabilidad las empresas que firman un contrato que no pueden cumplir por ese precio sin una bajada drástica en la calidad del servicio. Y, por último, condenamos todos los actos vandálicos e intimidatorios llevados a cabo alrededor de esta huelga.

2. Modificar el contrato con el objetivo de dotarlo de un presupuesto adecuado para el servicio de limpieza de una ciudad del tamaño y la complejidad de Madrid. Estamos hablando básicamente de un problema presupuestario.

3. Actuar con calma y civismo ante una situación muy desagradable y tomar nota de la responsabilidad de cada uno en esta crisis.

4. El derecho de huelga es un derecho constitucional que hay que respetar, como también los servicios mínimos. La Administración sólo debería actuar en caso de excepcionalidad, y todavía no estamos en ese supuesto.

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