El caso de las facturas irregulares de UGT enfría la relación entre Junta y sindicatos

“Parece que a veces se os olvida por qué estáis gobernando”. Esta frase de un dirigente sindical a un miembro del Gobierno andaluz de PSOE e Izquierda Unida resume en parte en qué punto están ahora las relaciones entre los sindicatos mayoritarios y el Ejecutivo. Hablar de distanciamiento quizás sea excesivo, pero el reproche sí denota un enfriamiento provocado por las dudas sobre el uso de fondos públicos destinados a los sindicatos y en concreto a la Unión General de Trabajadores, el sindicato hermano del PSOE. Ya hace mucho tiempo que no lo es, pero antes en el partido socialista era obligatoria la doble afiliación al partido y al sindicato, que algunos aún mantienen. También existe ese hermanamiento entre las Comisiones Obreras y el PCE, aunque nunca hubo imposición de militancia.

Hay una coincidencia general en el PSOE, en Izquierda Unida y en el Partido Popular de que sin las movilizaciones capitaneadas por UGT y CC OO contra las primeras medidas adoptadas (la reforma laboral) por el Gobierno central de Mariano Rajoy, tras ganar las elecciones generales de noviembre de 2011, la izquierda no hubiera impedido el triunfo por mayoría absoluta del PP andaluz en las elecciones autonómicas celebradas tres meses después. De ahí el recordatorio que encabeza estas líneas del sindicalista al consejero, como si un aire frío empezara a colarse.

Desde que llegó a la presidencia de la Junta de Andalucía hace dos meses, Susana Díaz ha querido marcar su propia huella, sobre todo, con el combate contra la corrupción por el caso de los ERE fraudulentos ocurrido durante los Gobiernos socialistas. Esa actitud le ha obligado a prescindir de todas aquellas personas señaladas por la juez que instruye el caso, pero también se ha puesto en posición ofensiva al reclamar a UGT “transparencia y ejemplaridad” sobre el destino de dinero público. También Alaya investiga las ayudas percibidas por los dos sindicatos mayoritarios.

El mismo día y hora que Díaz anunciaba en el Parlamento que UGT había devuelto 25.000 euros de facturas “indebidamente cobradas”, el secretario de la UGT, Francisco Fernández Sevilla, afirmaba que no sabía de qué hablaba la presidenta. Fernández Sevilla reconoce ahora que esa contradicción se debió a “un malentendido” que originó “una disfunción”.

La Junta ha abierto esta semana una revisión de oficio de otras partidas de UGT para averiguar si ha gastado dinero público en actos que nada tienen que ver con los motivos por los que se concedieron. Al respecto, el secretario ugetista responde: “No hemos montado ningún sistema para delinquir. ¿Que en algún trámite puede haber habido errores? Sí, pero eso no puede suponer el que se ponga en duda que podamos convenir con la Administración”. Según él, el 99,7% de las facturas están validadas. Para Fernández Sevilla, “quitando eso, no hay mayor distanciamiento” con la Junta.

También niega diferencias con Comisiones Obreras. La unidad sindical se mantiene intacta, pero desde que el caso de las facturas de la UGT estalló, la foto de Fernández Sevilla con Francisco Carbonero, líder de CC OO, no es tan frecuente. Es como si Comisiones, que asegura que sus cuentas están inmaculadas, evitara cualquier contaminación ambiental, que el frío se les metiera en el cuerpo. De hecho, las asambleas de delegados sindicales para preparar las movilizaciones del día 24 contra los Presupuestos del Estado y la reforma de las pensiones se están celebrando por separado, cuando lo habitual es hacerlas conjuntas.

El Gobierno se mueve en un equilibrio no fácil. Por un lado, mantiene el lema de que “quien la hace la paga” y que si ha habido irregularidades en las facturas de la UGT no cabe otra que solucionarlas. En este sentido, el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, sostiene: “Lo que haya bordeado el derecho administrativo y la ley de hacienda pública deben arreglarlo y lo que haya que reintegrar, reintegrarlo. Otra cosa será la investigación de los tribunales”.

Pero, por otro lado, el Gobierno andaluz y los partidos que lo integran se ven obligados a defender a los sindicatos de clase ante lo que consideran una campaña de “acoso de la derecha”. Los populares han reclamado la comparecencia de los máximos responsables de UGT y CC OO en el Parlamento andaluz para explicar los “millones de millones de dinero público” que han recibido, en palabras del portavoz popular, Carlos Rojas. La solicitud fue rechazada por los responsables de los grupos socialista, Francisco Álvarez de la Chica, y de Izquierda Unida, José Antonio Castro.

El pasado lunes en la comparecencia en el Parlamento del consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, para explicar los Presupuestos andaluces, la diputada del PP, Eva Martín, criticó las ayudas a los sindicatos. Lo dijo con estas palabras: “Es infumable que ustedes, con estas cuentas, sigan premiando corruptos como los aliados sindicales”.

Ante la petición de Castro de que retirara esas palabras, la diputada popular accedió a matizar esa parte de su intervención: “En vez de decir directamente corruptos, presuntamente corruptos”, concedió.

Antonio Maíllo asegura que Izquierda Unida sigue manteniendo “la misma relación” con los sindicatos. “No existe un deterioro en las relaciones”, subraya el coordinador de IU, quien asegura que hay que distinguir “las voces de los ecos”, señala. “Las voces son que cualquier entidad tiene que justificar las ayudas públicas debidamente, la transparencia siempre fortalece”. Los ecos vienen, en su opinión, “del Partido Popular, que quiere cargarse a los sindicatos de clase”.

Francisco Carbonero, secretario general de CC OO, afirma que “la derecha está interesada en romper el consenso” entre la izquierda y el de la concertación social, en el que participa la patronal. Pero también “intuye” que puede haber “la tentación de que el Gobierno o parte de él quiera despegarse de ese magma de que todos son corruptos”.

Con estas dudas, Gobierno, sindicatos y patronal empezarán a negociar el VIII Acuerdo de Concertación Social, un pacto que se mantiene vivo desde 1993 y que ha contribuido a mantener la paz social en la comunidad. El último, sin embargo, no ha tenido ningún efecto sobre el empleo pese a movilizar 19.825 millones de euros. Se firmó en noviembre de 2009, con el objetivo central de reducir el paro. En esa fecha el desempleo era del 26,3% y ahora alcanza el 35,9%.

El consejero de Economía asegura que “la idea” es que en este proceso se hable con todos los sectores y se “tenga en cuenta” la opinión de “otras organizaciones sociales”, un camino que ya inició el anterior presidente andaluz, José Antonio Griñán, con el llamado pacto por Andalucía. ¿Eso significa que en la foto de la firma final habrá alguien más además de los siempre (Junta, CC OO, UGT y CEA)? Esta pregunta no tiene respuesta por ahora, aunque la ampliación de foco siempre ha sido una demanda de IU. “El actual modelo de concertación está muerto, hace falta incorporar a la economía social”, asegura el coordinador de IU que apuesta porque Cepes, la organización de las cooperativas más potente, esté en la imagen, algo a lo que siempre se ha opuesto la CEA.