Una pista junto a Doñana

El espacio aéreo de Huelva acogerá en 2015 el vuelo de aviones no tripulados de media y gran capacidad. Algunos, como el Milano, poseen una autonomía de 20 horas y pueden elevarse a 26.000 pies (más de 8.000 metros). Estos dispositivos se crearán en el primer centro español de experimentación de este tipo de aeronaves, conocidas como drones, que está ubicado junto a la sede que el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) tiene en el paraje del Arenosillo (Mazagón, Moguer). Esta ubicación ha generado las críticas de la organización ecologista WWF por la proximidad de la zona con el Parque Nacional de Doñana.

El denominado proyecto Ceus del Centro de Ensayos de Sistemas No Tripulados está promovido por el INTA en cooperación con la Agencia de Innovación y Desarrollo (IDEA) de la Junta y el Ministerio de Economía y Competitividad. Se trata de un gran laboratorio donde se practicarán ensayos, validaciones y simulaciones con prototipos capaces de despegar, volar y aterrizar automáticamente sobre la pista de dos kilómetros de la que dispondrá el complejo.

En Europa, solo Gran Bretaña y Suecia poseen instalaciones de estas características. Villacarrillo (Jaén) cuenta con el centro Atlas, en el que también participa la agencia IDEA, pero especializado en aviones no tripulados ligeros. El futuro centro del Arenosillo, escogido por su cercanía al mar y la escasa saturación del espacio aéreo, será el único de España destinado a aeronaves de grandes dimensiones.

El responsable del Ceus y subdirector del Arenosillo, Álvaro Gómez, subrayó la importancia del complejo aeronáutico. “Los drones son el futuro”, considera Gómez. “La industria aeronáutica reclama esta tecnología. Hablamos de aeronaves que pueden estar en vuelo semanas y eso es impensable con un piloto a bordo”, indica.

Estos “robots aéreos”, como los califica Jaime Cabeza, jefe de área de sistemas no tripulados del INTA, han sido empleados para misiones de seguridad y defensa, como los entrenamientos del Ejército de Tierra para misiones en Afganistán. El Ejército del Aire los ha empleado para el adiestramiento de sus pilotos y para la realización de simulaciones. Sin embargo, dada la efectividad de las aeronaves para la captación de información (están dotados, entre otros mecanismos, de radares, y sensores infrarrojos) están desarrollando un gran potencial para su uso civil, lo que abre nuevas oportunidades a la industria.

Entre las aplicaciones civiles más destacables figuran la gestión de desastres naturales, vigilancia de fronteras, la lucha contra incendios forestales o el narcotráfico, la inspección de instalaciones, recogida de datos meteorológicos y muestras ambientales, cine, elaboración de mapas digitales o realización de vuelos en entornos agresivos.

El proyecto Ceus cuenta con una inversión de 40 millones de euros, pagados con fondos europeos, dinero del propio INTA y de la Agencia IDEA y está previsto que genere 250 puestos de trabajo directos y 500 indirectos. Para su puesta en marcha aún quedan pendientes algunos pasos administrativos, como la Declaración de Impacto Ambiental, pero el subdirector del INTA, Bartolomé Marqués, espera que las obras del centro puedan comenzar entre mayo y junio de 2014.

Para facilitar ese camino, el Consejo de Gobierno andaluz ha declarado “la prevalencia del interés público científico-tecnológico sobre el forestal”. Con ese trámite, se procederá a la desafección de 75 hectáreas de pinar del monte público de titularidad del Ayuntamiento de Moguer. Se salda así el principal escollo para los promotores del proyecto, pero no para los ecologistas, que difieren de la idoneidad del suelo elegido. “No nos oponemos al desarrollo de la tecnología, que apoyamos especialmente para fines pacíficos, pero estamos en desacuerdo con su ubicación”, explica Juanjo Carmona, responsable de WWF en Doñana. La iniciativa recoge que “solo puede ejecutarse en terreno forestal de Moguer, un término que linda con zonas de mucho menor valor desde el punto de vista ambiental, lo que supone no tener que deforestar 75 hectáreas de monte”, explica. El dirigente ecologista subraya que la elección del lugar para este proyecto demuestra, a su vez, “el escaso valor” que la Administración da a salvaguardar el monte público.

La organización no entiende por qué Doñana tiene que ser siempre la diana de todos los proyectos, con relación a la iniciativa del gasoducto. Juanjo Carmona señala que para la organización ecologista no existe esa prevalencia del uso científico frente al forestal. Por eso, subraya que han presentado alegaciones a la Declaración de Impacto Ambiental. WWF estudia qué otras medidas, incluso legales, pueden adoptar para que la iniciativa no se sitúe en zona de monte público. Carmona destaca que la propia Junta “reconoce en el expediente de descatalogación que es incapaz de aportar datos científicos para demostrar si en la zona contigua a la señalada para el proyecto hay condiciones adversas, como el viento, para desarrollar la iniciativa, como aduce la empresa”.