El juez ordena la detención de cinco exdirectivos de la CAM

Parte de la antigua cúpula de la CAM pasará la noche del miércoles en el cuartel de la Guardia Civil en Alicante y este jueves declarará ante la Audiencia Nacional. El juez, Javier Gómez Bermúdez, ha ordenado la detención de cinco exdirectivos de Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) a los que el magistrado imputa la presunta comisión de varios delitos en varias operaciones realizadas en el Caribe. Estas supuestas irregularidades no forman parte de la causa principal abierta contra los directivos la caja alicantina, que condujeron a su intervención por parte del Banco de España en julio de 2011.

Es la primera vez que un juez dicta el arresto de directivos bajo cuya gestión se produjo el colapso de las cajas al inicio de una crisis que todavía persiste. Hasta la fecha, solo el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, ha pasado por la cárcel acusado de falsedad y apropiación indebida, aunque en su caso, fue tras la decisión del juez de ordenar prisión preventiva después de que declarara, y finalmente quedó en libertad.

Las detenciones siguen al registro de varios despachos de abogados

La Guardia Civil detuvo este miércoles a cinco antiguos directivos de la CAM, entre ellos su ex director general Roberto López Abad, por realizar cinco operaciones supuestamente irregulares con Valfensal, una participada de la caja. Cuatro arrestos se produjeron en la Comunidad Valenciana y otro en Madrid, dentro de una operación aún abierta, por lo que no se descartan más detenciones.

A primera hora de la mañana agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) arrestaron en Alicante a López Abad y al exresponsable de proyectos inmobiliarios Daniel Gil Mallebrera y, poco después, al exdirector de la división internacional y negocio hotelero de la caja Cesar Veliz, a los que el juez empezará a tomar declaración este jueves. En total, según fuentes jurídicas, Gómez Bermúdez, que mantiene bajo secreto estas diligencias, dictó cinco órdenes de detención.

Las detenciones llegaron al día siguiente del registro, también por orden del juez, de un despacho de abogados en Valencia, uno en Alicante y una oficina mercantil en Mallorca. El decano del Colegio de Abogados de Valencia, Mariano Durán, indicó que registrar de esta forma el despacho de un abogado y requisar documentación sobre sus clientes, “es una vulneración del derecho al secreto profesional y la confidencialidad entre abogado y cliente”.

López Abad y Gil fueron imputados a raíz de una querella presentada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que también se dirigía contra los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó, que, según las fuentes consultadas, no figuran entre los arrestados.

Según la querella, los imputados obtuvieron “un lucro personal” utilizando la compraventa de tres hoteles y la adquisición de dos parcelas en República Dominicana y México como “pantalla” para una “transferencia de fondos no justificada” desde la CAM hacia Valfensal. Esta sociedad está participada en un 70% por dos empresarios alicantinos muy vinculados a López Abad y en un 30% por la filial de la caja Tenedora de Inversiones y Participaciones (TI), que fue utilizada por el ex director general y Daniel Gil como “una zona opaca de gestión al margen de los mecanismos habituales de CAM”.

Las operaciones del Carbie

Las operaciones bajo sospecha son cinco. La primera de las operaciones cuestionadas es la financiación para la compra del hotel Caracol en la Riviera Maya (México) cuando TI todavía no estaba autorizada por CAM para operar en el mercado hotelero. La segunda es la compra de una parcela en Bávaro (República Dominicana) en la que parte de la financiación servía para pagar una comisión de intermediación a una sociedad domiciliada en Antillas Holandesas.

La tercera consistió en la financiación para la compra del Hotel Gala en México, en la que determinadas condiciones fueron ocultadas a los responsables de la CAM de la cuenta de Valfensal y en la que también intervinieron sociedades en paraísos fiscales. En los créditos concedidos para la adquisición de dos parcelas en Playacar (México) también se procedió al “pago de comisiones de imposible justificación económica”. Por último, se encuentra la financiación para la entrada del grupo Valfensal en el accionariado de la compañía Eco Resort San Blas, dedicada al hospedaje en Tenerife.

Sin embargo, esta no es la prinicipal causa judicial en la que está implicado López Abad, que está además imputado en la pieza principal de CAM junto con la también ex directora general María Dolores Amorós, el expresidente Modesto Crespo y los exdirectores de recursos y planificación, Vicente Soriano y Teófilo Sogorb, a los que el pasado mes de junio impuso una fianza solidaria de 35 millones de euros.

CAM fue intervenida el 22 de julio de 2011 por el Banco de España. La entidad sufrió pérdidas de más de 2.700 millones ese año y Banco CAM requirió un rescate de 5.249 millones antes de ser vendido por un euro al Banco Sabadell con un esquema de protección de activos que implica pérdidas adicionales en el entorno de los 15.000 millones.