Las acusaciones piden penas ejemplares para Carlos Fabra
Anticorrupción recalca que no es “un defraudador cualquiera” La UCE pide una condena para que se vea que “a ricos y poderosos" también les afecta la ley La Abogacía del Estado destaca la “obstrucción a la justicia” de los Fabra
“Pedimos una condena, basada únicamente en pruebas, para tener la sensación de que a los ricos y a los poderosos también les puede caer encima la ley y que estamos en un Estado de derecho”. La acusación popular del caso Fabra, que ejerce la Unión de Consumidores (UCE) reclamó este martes una sentencia ejemplar contra el expresidente de la Diputación Provincial de Castellón, Carlos Fabra, al considerar que ha quedado probado que cometió cohecho, tráfico de influencias y cuatro delitos fiscales y que así ha quedado acreditado a lo largo de diez años de instrucción y a pesar de “las amnesias” de los testigos en el juicio.
No fue el único que pidió una pena ejemplarizante para el exdirigente del PP provincial. La Fiscalía Anticorrupción, después de escuchar a los más de cincuenta testigos que han pasado por el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial, y a los peritos judiciales y de la defensa, sigue manteniendo la pena de 13 años de prisión por los seis presuntos delitos.
Las conclusiones
Fiscalía Anticorrupción. Pide 13 años de prisión para Carlos Fabra al considerar probado los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y cuatro fraudes fiscales. "No se ha aportado ningún documento ni ninguna explicación razonable del porqué de esos ingresos desde que empezó la investigación". El fiscal pide además que no se considere la atenuante de dilación en el tiempo por un proceso que se ha prolongado durante diez años.
Abogacía del Estado. La letrada recalcó que el matrimonio Fabra "nunca" colaboró ni explicó el origen de sus ingresos no justificados de 3,3 millones y que ello supuso una "obstrucción a la justicia" que han mantenido incluso en el juicio al no querer responder a sus preguntas.
Acusación popular. Pide al tribunal que se base en los diez años de instrucción y en la prueba documental para dictar una condena "basada únicamente en pruebas" y que evite una absolución que deje el "triste final de que a los nobles y a los poderosos nunca les pasa nada".
La defensa. Reclama la absolución al estimar que no ha quedado probado ningún delito.
El ministerio público considera probada la autoría de Fabra. Y recalcó: “No es un defraudador cualquiera, era presidente de la Diputación y mientras exigía impuestos él, por detrás, defraudaba”. Por ello reclamó al tribunal que no rebaje la petición de dos años de cárcel por cada uno de los cuatro delitos fiscales que le atribuye al estimar que defraudó casi 700.000 euros por ingresos no justificados de 1,9 millones entre 1999 y 2004. A su mujer, María Amparo Fernández, le acusa de fraudes por 400.000 euros derivados de otros 1,5 millones sin declarar. La Abogacía del Estado se pronunció en la misma línea al asegurar que no hay mayor prueba contra los acusados que los propios documentos y reclamó al tribunal que no rebaje la pena por delito fiscal porque el matrimonio Fabra ni ha colaborado con la justicia ni ha reparado los supuestos fraudes. “Estos señores no han pagado nada, se lo han llevado a casa, parece irracional que el legislador prevea bajar la pena”, dijo.
Para Carlos Fabra, el juicio ha quedado prácticamente visto para sentencia después de nueve sesiones. Todas las acusaciones y su defensa pronunciaron ayer las conclusiones sobre los seis delitos a los que se enfrenta. Hoy será el turno únicamente para el resto de las defensas.
El fiscal anticorrupción manifestó que las acusaciones que mantiene han quedado “objetivamente acreditadas”. Habló de la relación entre el matrimonio Fabra con Vicente Vilar (el empresario que denunció que el político le exigió “cantidades millonarias” a cambio de mediar para conseguirle los permisos de sus productos fitosanitarios), habló de sus “gestiones” en Madrid porque tenía un “interés particular” para que los permisos salieran adelante. Habló de su propio “interés económico” en que los fitosanitarios fueran autorizados porque la sociedad participada por su mujer hubiera salido beneficiada. Y habló de pruebas documentales en las que se dejó constancia de las “presiones” del expresidente de la Diputación. Por ello considera que sí se ha probado que existe tráfico de influencias: “Existen los requisitos de utilizar su autoridad para conseguir un fin”. Independientemente de que lo lograra o no, dijo.
La Abogacía del Estado subraya la conducta obstructiva con la justicia
También estima que se ha probado que Fabra recibió dinero por estas gestiones. Anticorrupción apuntó a los 180.000 euros cobrados por Carmacas (la sociedad creada por el exdirigente y que el fiscal sostiene que se utilizó para ocultar los pagos de Vilar) por diferentes informes para el empresario y recordó que ninguno de sus allegados ha declarado que tuviera otro trabajo diferente al de presidente de la Diputación de Castellón.
Más énfasis hizo sobre los cuatro presuntos delitos fiscales que atribuye a Fabra. Anticorrupción asegura que no se ha aportado “ninguna explicación razonable del porqué de los ingresos” de 3,3 millones del matrimonio. Cualquier alegación hecha durante el juicio por la defensa, como la alusión a una “fantasmagórica caja familiar”, dijo haber quedado “desvirtuada” por los contundentes peritos judiciales. A modo de ejemplo, el ministerio público habló de los casi 487.000 euros dedicados a casinos durante los años investigados y no a amortizar los préstamos (hasta 24), como sostiene la defensa.
La defensa pide la absolución y arremete contra los peritos
Para la abogada del Estado, no solo no se han justificado los ingresos, sino que el matrimonio “nunca” ha colaborado con la justicia para explicar el origen. "En el juicio no han querido contestar a esta Abogacía, ha sido el final perfecto para una conducta absolutamente obstructiva”, dijo. La letrada hizo especial hincapié en la prueba documental para pedir una condena: “No existe mayor prueba contra los acusados que los documentos, los movimientos bancarios lo determinan todo, cojan y hagan números… Está todo documentado”.
La principal base es el informe que realizaron los peritos judiciales durante años de investigación. La defensa de Fabra reiteró que no son imparciales y les acusó de tener un “deseo incriminador” que se quedó reflejado en las sesiones como las “sospechas” que vertieron sobre blanqueo de dinero. El letrado tiró de jurisprudencia para pedir la prescripción de los delitos fiscales y recalcar lo que, a su parecer, es un informe mal elaborado que no debe tenerse en cuenta como probatorio.
