El Abogado del Estado recurre la orden vasca para atender a inmigrantes

El Abogado del Estado ha tomado la decisión de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco la orden publicada por el Departamento de Salud de Euskadi antes del verano y que genera el mecanismo necesario para que los inmigrantes sin permiso de residencia accedan a una tarjeta sanitaria de Osakidetza que les permita recibir atención como el resto de la ciudadanía. El director de Aseguramiento y Contratación Sanitaria, Iñaki Berraondo, ha dado a conocer este hecho este lunes en el Parlamento, donde ha comparecido para explicar cómo está afrontando el Servicio vasco de Salud las restricciones a los inmigrantes sin permiso de residencia impuestas por el Gobierno central a través de un real decreto ley en 2012.

El Gobierno vasco aprobó un decreto para esquivar esa restricción en 2012, pero el Ejecutivo central llevó el decreto, que también evitaba el copago farmacéutico, ante el Tribunal Constitucional. Este dio la razón a Euskadi en el apartado de los inmigrantes en diciembre de 2012, lo que permitió iniciar la tramitación de la orden que lo materializara. Esa orden de julio de 2013, firmada por el consejero Jon Darpón, sigue todos los requisitos del decreto vasco avalado por el Constitucional.

Berraondo ha indicado que el Ejecutivo apostó por no modificar el decreto de 2012 porque "no parecía razonable" hacerlo poco después de que se levantara la suspensión, por un "principio de seguridad jurídica" y por realizar una "práctica posibilista", que, pese a todo, no ha evitado el recurso. El marco normativo, ha señalado Berraondo, es "ciertamente convulso" en materia sanitaria hoy en día y la situación es "relativamente compleja". El TC avaló el decreto en parte de atención a inmigrantes, que sí incluye algunas restricciones, como el hecho de que es preciso llevar un año empadronado, recibir ayudas sociales y no tener recursos económicos.

Berraondo ha recordado que para quienes no cumplen el año de empadronamiento, el Departamento de Salud ha enviado una instrucción, adelantada por este diario, que permite establecer un médico de cabecera a estas personas para “controlar” las enfermedades de este colectivo. El Ararteko ya lo exigió en verano y la consejería atendió esta petición. El hecho de que se haya habilitado un mecanismo vía instrucción interna no ha contentado a la oposición, que ha criticado por ser "insuficiente" la manera habilitada, que no supone conceder una tarjeta sanitaria a los inmigrantes.

La sombra de un recurso del Gobierno central también se cierne sobre la compensación del copago. Euskadi será en noviembre la primera comunidad que aplique esta medida a pensionistas con rentas anuales inferiores a 18.000 euros y a inmigrantes irregulares sin ingresos, más de medio millón de personas de los algo más de dos millones que en total viven en Euskadi. Salud teme que también sea recurrido. Ya en verano, cuando PNV y PSE acordaron en el Parlamento esta medida, impulsada por los socialistas, Lehendakaritza reconoció su miedo a una judicialización.

Ese temor del consejero de Salud, Jon Darpón, le llevó a referirse este lunes constantemente en su comparecencia en la comisión correspondiente de la Cámara a que el decreto de compensación del copago no se refiere a eso, sino al “ejercicio competencial” que garantice la “adherencia al tratamiento” prescrito a personas de colectivos de riesgo. “No estoy hablando de compensación de copago; estamos hablando de equidad”, ha insistido el consejero, quien empleó un alambicado lenguaje y se basó en varias leyes, el plan vasco de salud en vigor y hasta en recomendaciones de la OMS para defender las futuras ayudas.

El temor es tal que en los presupuestos que el Gobierno presentará este martes no consta en las partidas de Salud una dedicada a esta compensación, con un coste calculado en unos 18 millones anuales, que Darpón accedió este lunes, a petición del PSE, que sea un crédito ampliable. Las ayudas se incluirán en las cuentas de Hacienda. En la comparecencia no ha estado el director de Farmacia, sino la responsable de Salud Pública.  La medida se pondrá en marcha con efecto retroactivo a 1 de julio, cuando empezó el copago en Euskadi.