Las filtraciones alejan a Fabra de Ciscar
Los escándalos se achacan a una maniobra de desestabilización interna
Un topo ha conseguido poner patas arriba el Palau de la Generalitat y la Consejería de Presidencia. Como en los buenos argumentos de intrigas palaciegas, la filtración en las últimas semanas de documentos reservados —como la nómina del propio presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y las contrataciones de un preparador de liderazgo y de un cocinero— han terminado por instalar la desconfianza entre los distintos departamentos que asisten directamente al jefe del Consell. Y las consecuencias no han sido menores, explican fuentes del Consell, porque el clima imperante se ha traducido en un distanciamiento entre el presidente de la Generalitat y el vicepresidente, José Ciscar, que ha dejado de acudir a las reuniones semanales de subsecretarios donde se coordinan las actuaciones del Ejecutivo.
Según fuentes de Presidencia, Fabra habría indicado al vicepresidente que dedicase más tiempo a la provincia de Alicante —donde ocupa la presidencia provincial del PP— y a sus competencias en Agricultura, Pesca y Agua que a la fontanería del Palau, desde donde han partido unas filtraciones que se interpretan como una operación interna destinada a deteriorar la imagen del presidente.
La preocupación del entorno del presidente hay que enmarcarla en un contexto de difícil estabilidad interna. Es decir, con la existencia de un sector del PP que sigue especulando con la posibilidad de que, finalmente, no sea el candidato del partido en las autonómicas de 2015, y con la baja valoración que tienen los ciudadanos de Fabra, según los sondeos.
El presidente es conocido por una gran mayoría de los valencianos, pero estos lo suspenden con un 3,9 —la misma nota que otorgan a la alcaldesa Rita Barberá y dos décimas por debajo de la nota que recibe el vicepresidente José Ciscar—, según el reciente sondeo de Metroscopia publicado por EL PAÍS.
Dos han sido las decisiones de Fabra en los últimos meses para intentar evitar que lo desestabilicen desde dentro. A mediados de junio pasado promocionó a Esther Pastor —una persona de su confianza con quien ya trabajó en el Ayuntamiento de Castellón— de directora general a secretaria autonómica de Organización y Coordinación. Pastor se situó de ese modo al mismo nivel que Paula Meseguer, secretaria autonómica de Comunicación, y el jefe de gabinete Jesús Lecha. La operación se completó hace apenas un mes con la renovación de los cargos que controlan la fontanería del Palau: la subsecretaría de la Consejería de Presidencia y la secretaría general administrativa.
El primer puesto, que ocupaba Jesús Marí —un hombre de la confianza de Ciscar que aspiraba a promocionarle en el Gobierno—, quedó vacante a principios de septiembre. Fuentes del Consell admiten que Fabra advirtió a Ciscar que su subsecretario tenía la obligación de controlar la documentación que pasaba por el departamento. Finalmente, Marí, con el clima ya crispado, aceptó a principios de septiembre una oferta de la empresa privada y dimitió.
La vacante permitió al jefe del Consell nombrar a Rafael Sánchez Pelejero, que ocupaba una dirección general en Economía y con el que tiene confianza desde su etapa como alcalde de Castellón. El otro movimiento del presidente no necesitó ni de vacante. José Busó fue sustituido como secretario general administrativo (cargo de libre designación) por Vicenta Grau, una funcionaria con fama de leal. Los cambios han tenido su repercusión en las rutinas internas de Presidencia, que ha decidido restringir al máximo los canales por los que circula la documentación. Dos son los parámetros que se han tenido en cuenta.
Por un lado, el elevado número de personal con acceso a los expedientes. Por otro, la presencia en la subsecretaría de Presidencia de varios asesores que han trabajado durante años junto al exconsejero Rafael Blasco. No en vano, en la dirección regional del PP existe el convencimiento de que, aunque no pueden demostrarlo, la Asociación contra la Corrupción que ha presentado distintas querellas contra Fabra y el secretario regional del PP, Serafín Castellano, está inspirada por personas del entorno de Blasco, ahora diputado no adscrito en las Cortes.
El resultado ha sido que, en cada escalón de la cadena de tramitación de documentos, se ha designado a una sola persona para manejar documentación sensible y evitar la existencia de nuevas filtraciones. Así, de los cinco ordenanzas que llevaban los papeles de un sitio a otro, se ha escogido a una de ellas. Y lo mismo ha sucedido con otras escalas de personal.
Las medidas adoptadas para evitar la filtración de documentación no han servido, al menos por ahora, para acabar con la atmósfera de desconfianza. Sobre todo, porque en Presidencia son conscientes de que para dañar la imagen de Fabra no solo es necesario tener acceso a la documentación, sino saber interpretarla. Así sucedió con el contrato del preparador personal, cuyo contrato estaba camuflado bajo el epígrafe “Servicios especializados en formación de estrategias de márketing político y liderazgo”. El resultado es que, a fecha de hoy, no es posible saber si, como cuentan las leyendas, el Palau de la Generalitat tiene un fantasma. Lo que es seguro es que, al menos, tiene un topo.
Un engranaje (y un discurso) desajustado
La deficiente coordinación entre las áreas que asisten al presidente de la Generalitat ha agravado el carácter errático del discurso presidencial.
El último ejemplo ha sido el acto de presentación del Acuerdo de la Sociedad Civil por la Comunidad Valenciana, que se presentó como un acto reivindicativo y que ha generado un aluvión de críticas.
Los reproches han sido por las formas —la elección de los representantes sociales y la escenificación elegida— pero también por la incoherencia discursiva —se ha ocultado la lista de los firmantes con el pueril argumento de la protección de datos— y la rápida amortización de un acto que se presentaba como trascendente —Fabra apenas ha tardado unos días en asegurar que prefiere el trabajo de despacho a la pancarta—.
El resultado final ha sido un nuevo arañazo en la armadura presidencial, que ha visto cómo quienes no se sumaron al evento —oposición, sindicatos y universidades, entre otros— se han visto reforzados. Y cómo algunos de los que fueron han marcado distancias. De hecho, el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, acudió pero su organización no se adhirió al manifiesto. Y otros como el presidente de la patronal Cierval, José Vicente González, que asistió tras adherirse su organización, han avisado a la Generalitat que evite instrumentalizar su asistencia.
En el propio PP ha sido el presidente provincial de Valencia, Alfonso Rus, el encargado de dejar claro que no acompañó a Fabra porque tenía otro evento igual de importante como el organizado por Presidencia de la Generalitat: acompañar al Olímpic de Xàtiva a Bilbao a un partido de la Copa del Rey de fútbol.
No ha sido el citado acuerdo de la sociedad civil el único asunto que ha dejado las costuras de Presidencia al aire. La gestión del expediente de regulación de empleo (ERE) en Ràdio Televisió Valenciana es otro botón de muestra. Las tensiones no solo se han producido con Ciscar, que como portavoz ha tenido que hacer malabarismos para enmascarar las discrepancias con la directora general de RTVV, Rosa Vidal. Un fichaje que contó, inicialmente, con el beneplácito del vicepresidente y que fue recibida con entusiasmo por la secretaria autonómica de Comunicación, Paula Meseguer, y que hoy solo habla con el presidente.
