En el punto de mira de la juez De Lara

Alfredo Cruz, el exalcalde socialista de Punxín —inhabilitado para ejercer cargo por prevaricación por un despido improcedente— adjudicó a Aquagest el agua de su pueblo, pese a que su oferta era 20.000 euros más cara que la otra presentada al concurso. Y esa adjudicación también ha levantado las sospechas de la juez de Lugo Pilar de Lara, que instruye el caso Pokémon Algo más de 107.000 euros casi un tercio del presupuesto del Ayuntamiento (400.000 euros), van directamente a la caja de Aquagest. La juez investiga los entresijos de esta contrata y por eso ordenó el pasado marzo que la Guardia Civil requisase documentación municipal. Los investigadores han detectado que las facturas presentadas por la empresa solo justifican gastos por 194.000 euros, cuando el presupuesto del servicio ascendió a 279.000. Además escudriñan incumplimientos del contrato.

 Por ejemplo, según las facturas, Aquagest dedicó cero euros a la limpieza de fosas sépticas a pesar de que debería haber invertido 29.200. También indagan una posible cadena de favores. Tras formalizar el contrato, el hijo del exalcalde fue contratado por Aquagest. La concesión municipal, apadrinada ahora por el regidor del PP, ha puesto al Ayuntamiento al borde de la insostenibilidad financiera. No ha pagado la mitad de la anualidad del año pasado, así que el 27 de septiembre el pleno acordó rescindir el contrato. El alcalde explica que volverá a sacar a concurso el servicio, pero fuentes consultadas aseguran que será la empresa de aguas de la Diputación (AquaOurense) la que asumirá el servicio. Y, casualmente, Aquagest controla el 66% de esta empresa semipública. Aquagest y AquaOurense comparten espacio y trabajadores en las mismas oficinas. Preguntado por este asunto, Baltar asegura que se “está tratando desde un punto de vista estrictamente técnico y se verá si la Diputación lo asume”.