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El campo consolida la contratación de parados locales como jornaleros

Los freseros de Huelva solo recurren a un cupo de reserva de 2.000 marroquíes En Jaén abrirán los albergues pero se advierte a los inmigrantes de que no hay trabajo

Mujeres inmigrantes trabajan en los cultivos de fresa en Huelva.
Mujeres inmigrantes trabajan en los cultivos de fresa en Huelva.Iván Boza

Ni siquiera las excelentes previsiones de empleo para esta campaña van a hacer posible que la mano de obra extranjera y de otras regiones vuelva a hacerse fuerte en los tajos de la comunidad. El campo andaluz se ha convertido en plena crisis económica en un sector refugio, pero un refugio limitado casi exclusivamente a los miles de parados autóctonos. Así va a ocurrir en dos de los referentes del empleo agrario, la campaña de la fresa de Huelva y la de la aceituna en Jaén. En la primera, los empresarios solo van recurrir a la contratación en origen de un cupo de reserva de 2.000 temporeros marroquíes, apenas un 5% de la cifra utilizada hace cinco años. Y en el olivar, el mensaje difundido este miércoles por el Foro de la Inmigración es claro: no hacen falta temporeros foráneos.

Por tercer año consecutivo, la campaña de plantación de la fresa se está cubriendo exclusivamente con trabajadores locales y por ciudadanos españoles y extranjeros regularizados en el país. El subdelegado del Gobierno en Huelva, Enrique Pérez Viguera, ha mostrado la apuesta “firme y decidida” que mantienen todos los miembros de la comisión de flujos migratorios —Administraciones, empresarios, sindicatos y agentes sociales— por la contratación de trabajadores locales habida cuenta de los más de 61.000 desempleados de la provincia.

Casi 5.200 robos y 681 detenciones

El campo andaluz sufrió el pasado año 5.182 robos, de los que el 64% ocurrió en Almería, Sevilla y Córdoba. Según los datos de la Guardia Civil, 681 personas fueron detenidas. Ante estas cifras, el Gobierno central ha programado nuevas medidas para reforzar la seguridad de los agricultores. Tal y como ha anunciado la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, se ha puesto en marcha con carácter inmediato un despliegue de nuevos equipos de vigilancia permanentemente (denominados Roca) en las zonas más afectadas. Serán 25 equipos con 96 agentes, a los que se unirán las unidades de refuerzo de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil hasta sumar los casi 200 efectivos, informa Europa Press. Cinco de estos equipos estarán en Sevilla y cuatro en Granada y Córdoba.

La delegada del Gobierno ha aludido también a otras fórmulas como la predenuncia electrónica, pensada para un sector “que suele estar alejado de la vigilancia o tener dificultades de acceso” y en la que mediante una aplicación del teléfono móvil los agricultores y ganaderos podrán ponerse en contacto con las autoridades si ven un posible delitos. Crespo ha incidido en el “daño mayor” que estos delitos hacen al agricultor, razón por la que también se ha puesto en marcha una reforma del Código Penal que, entre otros aspectos, endurece las penas si se demuestra la implicación de una organización criminal. “Dado que la región aglutina el 30% de la actividad agrícola y ganadera del país, la lucha contra esta actividad delictiva es de vital importancia”, según Crespo.

Eso sí, en la recogida de la fresa y los cítricos, donde se generarán unos 75.000 empleos, el sector ha constatado el interés mostrado por trabajadores de Aragón, La Rioja o Navarra, y de otras provincias limítrofes como Sevilla y Cádiz, para llegar hasta los campos onubenses. Aunque donde seguirá el descenso de mano de obra será en los trabajadores no comunitarios. La comisión tan solo acordó limitar la contratación de temporeros en sus países de origen a un contingente de reserva de 2.185 marroquíes. Se trata de una cifra que se reserva para los momentos álgidos de la recogida del fruto si fuera necesario y que, en todo caso, está muy lejos de los más de 40.000 trabajadores que llegaron en el año 2008. También podrán participar los ciudadanos rumanos que ya no necesitarán de una autorización administrativa para poder trabajar como cualquier otro comunitario de pleno derecho al concluir el próximo 31 de diciembre la moratoria establecida por la Unión Europea.

En Jaén también se reunió este miércoles el Foro de la Inmigración para planificar la próxima campaña de la aceituna, donde se van a generar unos siete millones de jornales según el aforo de la Consejería de Agricultura. Pese a estas perspectivas halagüeñas para el empleo, la delegada del Gobierno andaluz, Purificación Gálvez, ha sido tajante al resumir las conclusiones: “No hace falta mano de obra foránea”. Los 68.000 parados registrados en la provincia, 27.000 de ellos en el sector primario, son suficientes para atender la oferta laboral.

No obstante, tanto la Administración como los agentes sociales y organizaciones no gubernamentales son conscientes de que las previsiones de empleo en el olivar —será la segunda cosecha más importante de las dos últimas décadas— pueden ejercer un efecto llamada sobre miles de inmigrantes. Para eso, la Junta va a financiar un año más una campaña publicitaria en las provincias donde ya ha finalizado la actividad agraria (Lleida, Ciudad Real, Alicante o Almería, entre otras) para desaconsejar la llegada de los temporeros. “Será una campaña disuasoria en los lugares de origen porque no queremos que nadie se llame a engaño con expectativas que luego no se van a cubrir y se generen problemas”, indica el director de Políticas Migratorias, Luis Vargas.

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Estos mensajes disuasorios ya surtieron efecto hace dos campañas, donde la ocupación en los albergues para temporeros fue del 53% (se atendieron a 8.300 personas) a pesar de tratarse de una cosecha histórica. Y el año pasado, cuando la producción se redujo un 80% por la sequía, la ocupación no pasó del 23%.

Para este año, el Foro de la Inmigración ha fijado para el 29 de noviembre la apertura de la red provincial de albergues, compuesta por 24 centros y 770 plazas, al tiempo que se activará todo el dispositivo de atención a temporeros habitual en cada campaña oleícola. Este plan, en coordinación entre las Administraciones, reforzará la atención sanitaria y la educativa para los hijos de los temporeros.

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