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Andalucía quitará por tercer año los complementos a los funcionarios

El PP da a conocer datos del Presupuesto andaluz logrados a través del Consejo Consultivo

El órgano asesor “lamenta” las filtraciones porque "viola el deber de reserva"

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La consejera de Salud y el portavoz del Gobierno. EFE

Pese a la intriga de los coaligados, el acuerdo entre PSOE e Izquierda Unida sobre las cuentas autonómicas está ya más que cerrado y entrarán en plazo en el Parlamento. Los empleados públicos de la Junta de Andalucía no cobrarán tampoco en 2014 los complementos de las pagas extras de verano y diciembre como ha ocurrido en 2012 y 2013. Así está previsto en el anteproyecto de ley de Presupuestos de la Junta para 2014. No fue el Gobierno andaluz de coalición el que confirmó lo que ya se venía barruntando, sino el Partido Popular. La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Corredera, facilitó ayer esta información a la que tuvo acceso a través del Consejo Consultivo, que entregó ayer a la Junta el dictamen preceptivo sobre el Presupuesto. La Consejería de Hacienda y el Consejo Consultivo lamentaron esta “filtración”.

Los aproximadamente 260.000 empleados públicos de la Junta mantendrán congelados sus salarios, ya que así viene recogido en los Presupuestos Generales del Estado que ayer pasaron el trámite de enmiendas a la totalidad. Esa es una decisión que afecta a todos los funcionarios del país. Pero el pago de los complementos que percibían hasta 2012 con las dos pagas extras anuales los funcionarios andaluces depende de la Junta.

“Hecho insólito”

El presidente del Consejo Consultivo, Juan Cano Bueso, aseguró ayer en un comunicado que la filtración sobre el anteproyecto de ley de Presupuestos, al que tenían acceso los miembros de esta institución, “viola gravemente las obligaciones de imparcialidad y deber de reserva que han de observar todos los miembros del consejo” y que “estos comportamientos, cuya autoría no es posible establecer, suponen un hecho insólito en la ya larga historia” del órgano que dirige. Según él, las filtraciones “perturban gravemente el buen orden institucional y causan un perjuicio irreparable a la independencia y neutralidad política que debe observar un órgano como éste en todo momento”.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, consideró “un suceso gravísimo” que el Consejo Consultivo haya “filtrado información” de los Presupuestos. En su opinión, es situación “sin precedentes” pone en riesgo el control democrático de las instituciones y el control de legalidad y, por tanto, “los mecanismos de los que se dota la propia comunidad”, informa Europa Press.

El Gobierno andaluz eliminó esos pluses en el decreto 1/2012, de 19 de junio, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, con una vigencia “excepcional y temporal” de solo dos años: 2012 y 2013. Pero esta decisión se condicionaba a la siguiente eventualidad: “Siempre que los ingresos de la comunidad autónoma recobren una senda de normalidad y que la reducción del déficit público estructural y la minoración de la deuda pública posibiliten la garantía de estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de la comunidad”.

Esta partida supondría un desembolso de 322 millones de euros del capítulo 1 (gastos de personal) del Presupuesto andaluz, que tendrá, como mínimo, 1.200 millones de euros menos de los 30.706,7 millones de las cuentas vigentes.

También fue el PP el que informó de la congelación de las transferencias de la Junta a los Ayuntamientos andaluces a través de la participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad autónoma (Patrica). Esta partida debía evolucionar hasta los 600 millones de euros, según las previsiones económicas hechas hace tres años, pero volverá a quedarse en 480 millones de euros. Socialistas e Izquierda Unida venderán como un éxito que no se rebaje la cantidad final que recibirán los 771 municipios en la misma proporción en la que ha caído la recaudación por los tributos propios de la comunidad (un 4,55%). Por el contrario, el PP considera esta decisión de una extrema “gravedad”, afirmó Corredera. Según sus cuentas, los Ayuntamientos habrían dejado de percibir por este concepto 120 millones de euros en los dos últimos años.

Y la tercera información que adelantó el PP sobre los Presupuestos andaluces es que por segundo año consecutivo las inversiones no estarán provincializadas. Se da por hecho que el capítulo IV (inversiones) del Presupuesto será un año más otro de los grandes perjudicados por la falta de recursos.

Al Gobierno andaluz no le quedó más remedio que reconocer que la información facilitada por el PP era cierta, aunque siempre hay un pequeño margen de modificación hasta que el próximo martes el Consejo de Gobierno apruebe el proyecto de ley.

Es la primera vez que se produce una filtración de este tipo en el Consejo Consultivo, un órgano cuyos miembros son elegidos, en su inmensa mayoría, a propuesta de los partidos con representación parlamentaria. La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, consideró “intolerable” que el PP “dé amparo” a conductas “ilegales”.

 

El Gobierno aprueba un plan de salud sin memoria económica

El Gobierno andaluz aprobó ayer el IV plan andaluz de salud 2013-2020, un documento estratégico que afecta a varios programas de diversas consejerías, sin memoria económica. La consejera de Salud, María José Sánchez Rubio, que apenas lleva un mes en el cargo, aseguró que se trata de llevar “la salud a todas las políticas”. Tras asegurar que para que el plan “no sea papel mojado” ya en el Presupuesto andaluz de 2014 habrá partidas concretas, posteriormente rectificó y aseguró que hay previstos 100 millones de euros para pero para 2013 al que solo le queda dos meses y medio de vigencia. Según la Junta, este plan tiene como “objetivo central reducir la desigualdad y facilitar que las personas vivan más años y con más calidad y autonomía”.

En otra reunión del Consejo de Gobierno de perfil bajo, el Ejecutivo aprobó otra tanda de nombramientos y cambios de estructura. Además, el Ejecutivo acordó solicitar la convocatoria urgente de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado para apurar la negociación con el Ejecutivo central y los grupos parlamentarios de la ley de Educación apadrinada por el ministro José Ignacio Wert. Andalucía se suma así a la petición ya cursada por la Generalitat de Cataluña y un tercio de los senadores. En este ámbito quiere abordar el modelo de distribución de competencias entre las administraciones central y autonómicas.

La Junta entiende que este proyecto de ley, que se tramita ahora en el Senado, “altera el marco competencial vigente desde hace más de 30 años, al ampliar las atribuciones del Estado y reducir las de las comunidades”. El portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, reiteró que la Junta estudia presentar un recurso de inconstitucionalidad contra aquellos artículos de la ley que puedan atentar contra la igualdad de oportunidades en la educación o promuevan su uso mercantilista. Dos días antes de la convocatoria de una huelga general de la educación en toda España, el portavoz señaló tras la reunión del Consejo de Gobierno que la “movilización se entiende viendo cómo es la ley” y subrayó el “acuerdo histórico” alcanzado por todos los partidos de la oposición en el Congreso para derogar la ley Wert cuando el PP deje el poder.

En el mismo Consejo, la consejera de Hacienda y Administración Pública, presentó un informe sobre el proyecto de ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias que se encuentra en tramitación en el Congreso. Según el Gobierno andaluz, este proyecto “pone en riesgo la obra social” de las antiguas cajas, convertidas en fundaciones bancarias, y no aclara las competencias de las comunidades autónomas en la obra social. Fuentes de la Consejería de Hacienda indicaron que la Junta no contempla recurrir al Tribunal Constitucional esta ley.