El fiscal pide 19 años de cárcel para los dos acusados de una gran estafa de IVA

La Agencia Tributaria ha concluido una de las investigaciones de fraude de IVA intercomunitario y en cadena más complejas que se han detectado en Galicia en la pasada década y en la que están implicadas más de una veintena de empresas. En solo tres años de actividades comerciales ficticias, el montante del fraude por deducciones del impuesto, que respondía a una modalidad denominada carrusel, ha sido evaluado en 8,2 millones de euros.

 La Fiscalía de Delitos Económicos de Pontevedra ya presentó al juzgado escrito de acusación contra el presunto cerebro de la trama, el empresario de Vigo Manuel Ferreira González, y su socio, José Pavón Urbano, considerado el cooperador necesario de la millonaria estafa a la Hacienda Pública. El fiscal pide para Ferreira una condena de más de 12 años de prisión y multa de 5,9 millones de euros, mientras que para José Pavón solicita casi siete años y multa de 2,3 millones.

Después de varios años de pesquisas judiciales y de colaboración con la Policía Judiciaria de Portugal, la Fiscalía no ha logrado llevar al banquillo a los socios de los empresarios gallegos que operaban en el país vecino —principalmente dos que intervinieron en múltiples operaciones fraudulentas— porque se encuentran en paradero desconocido. La mayoría ya contaban con antecedentes policiales por su implicación en otros fraudes, según investigaciones de la policía lusa, y el domicilio social de las empresas fue localizado en una casa dedicada a vivienda.

La telaraña de sociedades vertebrada por Manuel Ferreira en 2003 parte de Telenet Central Logística, SA, con domicilio en Vigo, de la que eran socios el acusado y su esposa. Su objeto social era la compraventa de productos de telefonía y electrónicos. Con la finalidad de eludir las declaraciones tributarias, Ferreira ideó la trama conocida como fraude carrusel o en cadena del impuesto del IVA, según el fiscal. Aunque en la forma presenta varias modalidades de estafa, el empresario se centró presuntamente en realizar operaciones comerciales con derecho a devolución de IVA (exportaciones u operaciones intracomunitarias) pero que en la realidad eran ficticias.

Telenet aparentó supuestamente la venta a distintos clientes radicados en Portugal de material informático, discos duros y microprocesadores, que se destinaba a distintas empresas implicadas en la trama. La fiscalía sostiene que el objeto de estas transmisiones era defraudar a las haciendas públicas de los países europeos donde se simulaban las compraventas. La mayor parte de los transportes de Telenet a las sociedades portuguesas Delarmein Unipessoal, Advan Disk y Advanced Micro Ldaindicadas se realizaban a través de la empresa Transportes y Correo Pita, SL, que carecía de autorización para efectuarlos y que, según Hacienda, no tenía actividad.

Como proveedora de Telenet de los productos destinados al mercado portugués y comprador a la vez de esa mercancía desde el país vecino aparece la empresa de Vigo ABS Computer cuyo gerente, ya fallecido, fue acusado también en esta causa. Entre sus clientes figuran en España como empresas llamadas “truchas” (missing trader) Belsater, SL, Prosesa Componentes, SL, y Keyvinde, SL.

Este tipo de circuitos empresariales son básicos en el fraude carrusel. Los productos o bien circulan exclusivamente en el papel, a través de la facturación de albaranes, o bien se limitan a girar de forma indefinida simulando un tráfico de mercancías en la comunidad europea. Las cuotas que Telenet logró finalmente deducir por el IVA entre 2003 a 2005 ascienden a 8.214.248 euros, aunque solo las que presentó en 2004 fueron de 12.768.831 euros, según las inspecciones de Hacienda.