No es tiempo de promesas
Colectivos laborales se enfrentan a la Junta por no cumplir su compromiso de recolocación Los extrabajadores de Delphi ya han recibido 260,8 millones de euros
El sonido se guarda en las fonotecas. Son 23 segundos. Al inicio, gritos. “Chaves. Da la cara. Somos 5.000. ¿Dónde nos metemos?”. Hay un silencio. El entonces presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves se acerca a la multitud y manda silencio. “Voy a ser vuestro aliado. No os vamos a dejar tirados”. Los abucheos iniciales se tornan en un aplauso. “Gracias, Chaves”, se escucha. Esta secuencia sonora ocurrió frente a la Diputación de Cádiz en 2007. La multinacional Delphi acababa de anunciar el cierre de su fábrica de Puerto Real, lo que dejaba en la calle a más de 1.500 operarios. Chaves hizo una promesa aquel día. “No os dejaré en la estacada”. Seis años después el propio Chaves tuvo que ser protegido por la Guardia Civil para salir de un acto político en Chiclana. Le acosaban aquellos a los que hizo aquella promesa. En medio, hubo ayudas millonarias y cinco años sosteniendo sus sueldos con dinero público. Más de 500 siguen sin encontrar empleo. Pero ya no es tiempo de promesas.
Las palabras de Chaves se producían muy cerca de las elecciones. Aquella presión y el alto apoyo ciudadano que había conseguido el colectivo llevó al PSOE a volcarse con ellos. Dirigentes socialistas admiten hoy que se cometieron muchos excesos verbales. La Junta llegó a anunciar la llegada de empresas capaces de generar 4.000 puestos de trabajo. La crisis, no reconocida entonces, segó esas posibilidades. Solo se instalaron Alestis y Gadir Solar, esta última ya cerrada. Las protestas se acallaron con un programa de tres letras: DTS, el dispositivo de tratamiento singular por el que 1.904 trabajadores fueron acogidos a programas de formación, recolocación y ayudas.
Según datos del Gobierno andaluz, el colectivo de Delphi ha recibido ayudas económicas por valor de 260.800.000 euros. En esta cantidad, se incluyen los 120 millones de euros que Delphi aportó para indemnizar a todo el colectivo por el despido y la media que recibió cada empleado de plantilla fue de 100.000 euros. El 4 de julio de 2007 todas las partes firmaron el protocolo de colaboración que estableció el programa de ayudas que, de momento, ha costado a la Junta, 140.800.000 euros. En esta suma se incluyen las prejubilaciones, que todavía se están pagando. La opción elegida entonces fue que los empleados de más de 50 años se podían prejubilar pagando un 45% de la indemnización abonada por la empresa. El resto, lo ponía la Junta. Es un dinero que no se ha terminado de pagar, y hasta que se jubilen todos, el Gobierno andaluz puede verse obligado a pagar en este concepto otros 100 millones de euros.
Isofotón no genera trabajo
La empresa de energía fotovoltaica Isofotón, con sede en Málaga, ha recibido en la última década 62 millones de la Junta de Andalucía en subvenciones, préstamos, avales y otros conceptos como el subsidio de intereses. Y aproximadamente la mitad del total fueron transferidos desde mediados de 2010, cuando el grupo Affirma se hizo con el control de la factoría. El último préstamo, de 8,2 millones de euros, se materializó en agosto de 2012 y derivó en un conflicto entre las partes.
La empresa realizó en mayo un expediente de regulación de empleo (ERE) que se llevó por delante a 352 trabajadores de los 651 que formaban la plantilla, pese a los toques de atención del Gobierno andaluz de que esa ayuda estaba vinculada al empleo. Por esto, la Consejería de Economía abrió a principios de año un expediente para exigir la devolución del dinero con el argumento de que se habían incumplido los objetivos (una línea de producción con Samsung). Además, en verano denunció una presunta estafa por estos hechos ante la fiscalía, que acaba de archivar las diligencias porque no ve indicios de delito. Isofotón está en concurso voluntario de acreedores y la administración concursal prepara un plan de viabilidad que preocupa a los 299 trabajadores que quedan. Un tribunal de lo Social no ha atendido la demanda colectiva para declarar nulo el ERE.
La compañía tiene pedidos, pero el ritmo de trabajo no es continuo. Según Miguel Ruiz, delegado sindical de CSIF en el comité de empresa, falta materia prima por la escasez de liquidez. A los empleados se les debe la paga extra de julio y la nómina de septiembre. Barajaban unas previsiones de producir 20 megavatios hasta final de año y van por 4,5.
Son estas contundentes cifras las que llevan a la Junta a negar que las promesas no se hayan cumplido. Es cierto que no ha habido trabajo para todos, pero durante cinco años estuvieron bajo el amparo de dinero público. Recibían más de 1.500 euros mensuales por asistir a cursos, además de la indemnización ya cobrada. Las últimas cifras oficiales señalan que de los 1.904 inscritos en el dispositivo especial, 525 permanecen en él, aunque la Junta sostiene que 100 están contratados en alguna actividad. El resto agotó la prestación por desempleo el 10 de octubre.
A los ex de Delphi siempre les ha funcionado la estrategia de la presión. Pero la Junta ya no cede. El colectivo sigue reclamando lo que les prometieron: un empleo para todos. O, al menos, indemnizaciones económicas suficientes. Pero no es lo que recogía el protocolo del 4 de julio. “Junta y sindicatos trabajarán para articular medidas complementarias y de reposición de prestaciones para aquellas personas que, siendo susceptibles de recolocación, no hayan sido recolocadas antes del 31 de julio de 2009”. En el desarrollo de posteriores reuniones, se fue retrasando esa fecha pero la polémica de los ERE y la impopularidad que iban ganando estos trabajadores frente a otros colectivos con similares problemas y sin sus privilegios llevó a la Junta a bloquear el programa en 2012. La ley ya no permite ayudas puntuales a colectivos laborales, solo a zonas con conflictos económicos. En las últimas reuniones, el Gobierno andaluz ha propuesto un plan general para la bahía de Cádiz, para operarios con el perfil de Delphi, con reducidos programas de formación, apoyos financieros para el autoempleo, búsqueda en otros países o asesoría laboral. Es decir, medidas generales para resolver problemas individuales.
Al mismo tiempo que las grandes empresas rechazaban las compensaciones que ofrecía la Junta por contratar a los ex de Delphi, otras fábricas cerraban. Fue el caso de Visteon de El Puerto de Santa María, que se tuvieron que conformar con una fuerte indemnización económica justo en el límite de aprobarse la reforma laboral del PP. No hubo para ellos ningún dispositivo especial. Sí la promesa del Ayuntamiento de que una empresa se instalará en esos suelos y se les abrirán oportunidades. Dos años después continúan esperando. En silencio.
Los ex de Delphi, en cambio, siguen haciendo ruido. Y cada vez con más virulencia. Tanto que el PSOE ha decidido imponer un “hasta aquí hemos llegado”. Cargos de la Junta y del partido han sido acosados en sus domicilios, ha habido destrozos en propiedades de familiares, amenazas de muerte, insultos. El delegado de la Junta, Fernando López Gil, es el único en Andalucía que ha tenido que ponerse escolta. Ellos lo justifican en que están “desesperados”. Y recuerdan las promesas de Chaves. Se las recordaron pintando su coche y obligándole a salir de un acto en Chiclana escoltado por la policía. Los abogados de los sindicatos han resuelto esta semana que sus reclamaciones de cumplimiento de los compromisos adquiridos no son denunciables de manera conjunta en un juzgado. Han resuelto que solo cabe, para el que lo quiera, demandas individuales. Para que un juez diga a cada uno si la promesa está o no cumplida.
