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Orihuela entrega a un juzgado un informe policial de nuevos vertidos en La Murada

El vertedero de Proambiente tiene nueve expedientes abiertos por el Ayuntamiento oriolano

El Ayuntamiento de Orihuela (Alicante) ha remitido un nuevo informe policial al juzgado de lo penal encargado de investigar la aparición de lixiviados en las inmediaciones del vertedero de la pedanía oriolana de La Murada, según ha comunicado este jueves el alcalde ecologista Monserrate Guillén. 

El informe policial describe la aparición de nuevos vertidos de lixiviados -restos líquidos con propiedades cancerígenas generados con la descomposición de residuos- en las inmediaciones del vertedero de Proambiente, que ha funcionado durante lustros sin ningún tipo de concesión administrativa por parte oriolana. Actualmente, tiene nueve expedientes municipales abiertos.

El informe de la Policía Local fue redactado a mediados del julio pasado y enviado a principios de septiembre al juzgado donde se sigue el procedimiento penal 52/2011, impulsado por el consistorio oriolano, tras la aparición de lixiviados, supuestamente procedentes de los enterramientos de basuras en los campos de cultivo de La Murada.

Hace tiempo que Guillén y su equipo de Gobierno alertan y piden ayuda a la Generalitat por los posibles daños que puedan estar causando los lixiviados enterrados sin control alguno en las inmediaciones. El juzgado ya tiene incluso un informe toxicológico que avisa de la posibilidad de que los lixiviados hayan entrado en contacto con aguas subterráneas.

Guillén ha asegurado que se ha dado cuenta de dicho informe también a la Dirección General de Calidad Ambiental de la Generalitat Valenciana, a la Consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia, a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y al Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Antonio Zapata, ha encargado un nuevo informe al técnico medioambiental para conocer si el referido vertedero ha continuado con la actividad supuestamente sin licencia, desarrollada en el municipio y expedientada hace unos meses por la administración pública.

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Zaplana ha revelado que dos policías locales y un técnico municipal se presentaron sin éxito el pasado martes en ese vertedero para intentar que voluntariamente sus responsables les dejaran acceder al recinto y así poder hacer comprobaciones en relación con las actividades que allí se realizan."No les dejaron entrar", según ha asegurado el edil, lo que demuestra que "no existe voluntad de colaboración" por parte de la mercantil encargada de la gestión de ese vertedero.

Proambiente es de la famila de Ángel Fenoll, que dirigió el vertedero hasta hace poco y está considerado e imputado por la Justicia como uno de los cabecillas de la trama Brugal. También está siendo investigado por la financiación ilegal de la campaña de la anterior alcaldesa del PP, Mónica Lorente.

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