Varias familias ocupan en Aldaia un edificio de un banco tras un desahucio
La PAH pide a la entidad propietaria que ofrezca un alquiler social
Varias familias acompañadas por miembros de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) han ocupado esta mañana un edificio con seis viviendas en la localidad valenciana de Aldaia. El bloque, al que han llamado Ca Esperança [casa esperanza], es propiedad de un banco desde que se produjo el embargo a "un pequeño constructor que no pudo hacer frente a sus pagos”, según fuentes de la PAH. Esta acción, forma parte de un conjunto de iniciativas que la plataforma considera su “obra social”. Con esta ocupación, la plataforma ha querido apoyar a sus compañeros catalanes tras conocer la noticia de que el Tribunal de Estrasburgo ha paralizado el desalojo de un bloque de viviendas del banco malo en Salt (Girona), en el que viven 16 familias.
Las llaves siguen colgando en las pequeñas cerraduras de los buzones blancos desde que alguien, quién sabe cuándo, los colocase. Las cocinas, con su flamante, aunque polvoriento, banco de granito, solo necesitan electrodomésticos para empezar a funcionar. El ascensor, impecable. Los ventanales, climalit. Hasta las bombillas están colocadas en los plafones de cada descansillo. Pero el edificio, hasta este miércoles, estaba vacío.
Las dos últimas semanas he dormido en un cajero Óscar Pizarro (31 años)
El objetivo de la iniciativa es que el banco propietario del edificio ofrezca a las familias estas viviendas en alquiler social por un precio que no supere el 30% de sus ingresos. Algunos de los nuevos vecinos se afanaban en limpiar las viviendas.
Óscar Pizarro (31 años), contaba una historia difícil: “Yo estaba en un piso de alquiler y al no poder pagar me vi durmiendo en un cajero”. Llevaba dos semanas viviendo en la calle. "Hasta enero estuve viviendo en casa de un hombre en Alaquàs. Pero tuve que salir del piso y me fui a un albergue de Valencia. Estuve en San Juan de Dios seis meses y al volver de un curso de cocina que he hecho este verano en Calpe tuve que volver a la calle. En el CAST de Valencia me dijeron que había estado demasiado tiempo en el San Juan de Dios, porque lo habitual son 3 meses y que no me podían seguir ayudando".
Un miembro de la PAH me acogió de manera altruista en su casa en una habitación María Rodríguez (50 años)
Pero Óscar no se ha quedado quieto. “He estudiado un FP de Carpintería, he estado trabajando de recepcionista en un hostal un año, de reponedor de ropa en un gran centro comercial y mi último trabajo han sido unas prácticas en Calpe de ayudante de cocina”. Sonríe cuando explica lo que significa para él tener una vivienda: “Para mí lo es todo porque no es que esté a punto de ser desahuciado, es que yo ya estaba durmiendo en la calle”.
“El bloque está en un barrio obrero y nos parecía poco coherente que se encontrara en este estado. Ahora lo hemos recuperado: hemos recuperado L’Esperança”, explicaba Celes Navarro, portavoz de la PAH. El edificio ocupado, ubicado en el barrio del Cristo, consta de seis viviendas “nuevas pero sin agua ni luz”, y las personas que están en proceso de habitarlas son “ancianos, parejas con hijos y gente con deudas, de varias poblaciones valencianas", según fuentes de la plataforma.
Quiero emprender una nueva vida aquí Juan Guilló (62 años)
Otra de las ocupantes del edificio, María Rodríguez, madrileña de 50 años, barría sonriente y con fruición el portal, lleno de tierra acumulada durante el tiempo de abandono. Hasta hace unos meses vivía de alquiler en un piso y dejó de poder pagar: “Llevo cinco años en el paro. Se me acabó el paro y me metí en una habitación. Y cuando se me acabó el dinero que me prestó mi familia, un miembro de la PAH me acogió de manera altruista en su casa en una habitación”. Asegura que no se niega a pagar un alquiler social, pero pide que este alquiler sea proporcionado. “Si sobramos 400 euros o 300 euros no puede pedirme el banco que pague 500 euros de alquiler. Si no, ¿qué hago? Un día me como una piedra, otro día me como un mueble…”.
“No me niego a pagar un alquiler social”, decía otro de los nuevos vecinos, Juan Guilló (62 años), que fue desahuciado por el IVVSA en 2011. Este ilicitano acampó frente a la Consejería de Infraestructuras el pasado mes de marzo para pedir a la consejera Isabel Bonig una solución a su situación. Con una discapacidad del 46% y una deuda creciente, Guilló tiene un deseo: “Quiero emprender una nueva vida aquí”.
