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El Consell aún no sabe si pagará con el FLA las deudas de la dependencia

La Generalitat también confía en el fondo estatal para los centros de día de mayores

La secretaria autonómica de Autonomía Personal y Dependencia, Manuela García, en las Cortes.
La secretaria autonómica de Autonomía Personal y Dependencia, Manuela García, en las Cortes.MÒNICA TORRES

La oposición había preguntado a la consejera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, pero acudió a responder la secretaria autonómica de Autonomía Personal y Dependencia, Manuela García Reboll, que explicó este lunes en una comisión de las Cortes Valencianas que la Generalitat aún no sabe cómo pagará la deuda por retroactividad de los dependientes, aunque espera poder hacerlo con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). La Administración valenciana debe 20 millones de euros por la retroactividad de las prestaciones de los cuidadores familiares reconocidas con anterioridad a 2013.

La secretaria autonómica explicó que la propuesta de pago de esa retroactividad se contabilizó en marzo, está pendiente de pago por la tesorería y existe el compromiso de abonarla "en los próximos meses, prácticamente seguro con el FLA". García añadió que la Generalitat ha pagado en lo que va de año un total de 80.908.033 de euros de prestaciones económicas por la ley de Dependencia, sin contar el pago de los servicios profesionales y las atenciones realizadas en el periodo.

Según dijo, se han abonado 61,7 millones por prestaciones reconocidas vinculadas al servicio de cuidadores no profesionales, ya que en diciembre de 2012 se abonó toda la deuda del año anterior hasta noviembre, el 31 de enero de 2013 se pagó el mes de noviembre anterior, y se está pagando todo el año con dos meses de retraso. De esta forma, el 25 de septiembre se pagó la nómina de julio, y se prevé pagar la siguiente a finales de octubre.

La consejera de Bienestar Social delegó en secretarias autonómicas

Sobre las prestaciones económicas individuales y bonos de los enfermos mentales, indicó que este año se han pagado 14 millones (ocho millones correspondientes a 2012 y 6,5 a 2013) y que hay un retraso de dos meses en el pago, con lo que la deuda contabilizada actualmente es de 2,5 millones de euros. Respecto a la tercera prestación de la ley de Dependencia, la vinculada al servicio bono de los mayores, señaló que se han pagado 4,5 millones del año 2012 a las entidades, a las que se adeudan cuatro millones del ejercicio de 2013.

La secretaria autonómica precisó que existe una propuesta de pago de la nómina de agosto por 6,1 millones de euros, que está previsto que se abone a finales de octubre.

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El diputado socialista José Manuel Sánchez denunció que la Comunidad Valenciana está “a la cola” en la aplicación de la Ley de Dependencia por una cuestión ideológica, y ha aseguró que, desde que gobierna Alberto Fabra, todas las estadísticas son “alarmantes”, con descensos en el número de solicitudes y valoraciones. Los dependientes con prestaciones han pasado de 44.000 a 39.000 y los de grado tres, el más alto, han pasado de 31.900 a 23.400 desde 2011, señaló el diputado.

La oposición criticó la desatención a las mujeres víctimas de violencia

Por otra parte, la secretaria autonómica cifró en 3,9 millones la deuda con los centros de día de la tercera edad, de los que 3,1 millones corresponden a centros de día municipales, 653.840 euros a centros de gestión integral y 73.000 a bonos centro de día. La Consejería de Bienestar Social pide periódicamente que se agilice ese abono, sin perjuicio de que esos pagos puedan entrar también en el FLA y en el Plan de pagos a proveedores.

También había solicitado la oposición varias comparecencias del consejero de Economía y de la titular de Bienestar Social, pero fue la secretaria autonómica de Familia y Solidaridad, Lucía Cerón, la encargada de afrontarlas todas, pese a las protestas de los portavoces. Dado que se acumularon todas, Cerón hizo un paquete con las cuentas de la Fundación Centro Reina Sofía para el estudio de la violencia, la presencia de los abogados de la Generalitat en casos judiciales por violencia doméstica o los fondos de ayuda a las víctimas de casos de violencia sobre las mujeres.

La socialista Modesta Salazar, el diputado Fran Ferri, de Compromís, y la diputada Esther López Barceló, de Esquerra Unida, criticaron a la Generalitat por desatender a las mujeres que sufren agresiones y tratar de “limpiar las estadísticas”, como dijo Salazar, al modificar las normas sobre partes de lesiones. Cerón sostuvo que “las mujeres víctimas de violencia han sido atendidas debidamente”.

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