Denunciada la sustracción de 600.000 euros en el ERE de la Faja Pirítica

Los sindicatos acusan a los intermediarios en el expediente como supuestos responsables

Los secretarios generales en Andalucía de UGT, Francisco Fernández (Izquierda) y Francisco Carbonero (CC OO). / JULIÁN ROJAS

Los representantes de los sindicatos UGT y CC OO han denunciado la supuesta sustracción de 600.000 euros en el ERE de la Faja Pirítica (Huelva) tras un despido de unos 2.000 mineros. Los sindicalistas apuntan al consultor José González Mata de Uniter y al abogado Carlos Leal, del bufete Estudios Jurídicos Villasís, ambos imputados, como posibles responsables del fraude, según se expone en la denuncia que investiga la juez Mercedes Alaya tras haber recalado en otros juzgados que se inhibieron en favor de la magistrada.

Los sindicalistas subrayan que aún deben ser identificadas las personas o entidades que “han cobrado un determinado número de talones por importe inferior a los 600.000 euros que, inicialmente, parece habrían ido destinadas a trabajadores no prejubilados”, informó El Mundo. La denuncia establece que González Mata percibió 5,6 millones y Leal 1,7 millones. Ambos están acusados por Alaya de percibir sobrecomisiones que considera ilegales.

El acuerdo de subvencionar el ERE de la Faja Pirítica fue firmado por el Gobierno central, la Junta y los sindicatos. El año pasado los representantes de los trabajadores pidieron a Leal información sobre dicho ERE y, al estar incompleta, encargaron una auditoría a la consultora Deloitte para preparar una contabilidad de la Asociación de Trabajadores. En paralelo, la Junta ha alertado a la juez de una posible “apropiación de fondos públicos” por parte de González Mata a través del dinero del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) destinado a dicho ERE.

Además, Juan Ignacio Soriano, admite en un escrito dirigido al juzgado que percibió 100.000 euros del consultor González Mata gracias a su “sincera y fuerte amistad” con el exdirector de Trabajo Javier Guerrero, lo cual podría constituir un delito de tráfico de influencias, según fuentes jurídicas.

Informe del Ministerio

Por otra parte, la Secretaría General Técnica del Ministerio de Empleo ha concluido, en un informe que le pidió Alaya, que si las subvenciones a los ERE de la Junta se encuadran dentro del régimen laboral, podrían haber vulnerado la competencia del Gobierno central. Pero si se consideran dentro del ámbito socioasistencial, el Gobierno autónomo estaría legitimado para otorgarlas. El ministerio admite que la pertinencia de pronunciarse sobre las ayudas “exceden” sus funciones y la tarea correspondería al Tribunal Constitucional.

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