El juez de Brugal investiga las cuentas de Díaz Alperi y su familia

¿Percibió el exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi o su familia alguna contraprestación por el presunto trato de favor al constructor Enrique Ortiz? El juez instructor de la rama del caso Brugal que investiga el supuesto escándalo del amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para beneficiar al promotor ha decidido investigar las cuentas en 17 bancos y cajas del exregidor popular, su mujer, y sus tres hijos. Entre ellos, figura la diputada autonómica del PP Elisa Díaz González.

El magistrado ha pedido información sobre las cajas de seguridad, los productos financieros, las hipotecas y los movimientos bancarios de la familia Alperi entre el 1 de noviembre de 2006 y julio de 2013. El supuesto amaño del PGOU –por el que están imputados desde hace un año Díaz Alperi y su sucesora, Sonia Castedo– se produjo a partir de marzo de 2008.

El instructor solicita la relación de cheques o pagarés abonados en los bancos y cajas. Entre las entidades, figuran la antigua CAM (Banco Sabadell), el Banco Popular o Bankinter.

El magistrado mantiene así sus pesquisas sobre el entorno directo del exregidor y diputado autonómico. Ya solicitó en marzo información sobre el político a la Agencia Tributaria.

El instructor también ha requerido en su última providencia datos sobre la sociedad Jacobriz, SL, y la promotora Viviendas del Mediterráneo Orvi, una firma vinculada a tres viviendas que ocuparon los hijos de Díaz Alperi. La policía sospecha que estos inmuebles fueron la contraprestación en especie de Ortiz al exregidor por la supuesta información privilegiada.

La investigación por el supuesto amaño del PGOU de Alicante mantiene imputados a Díaz Alperi y Castedo. Adaptaron presuntamente seis PAIS a los intereses de Ortiz. La Policía cifra el pelotazo en 120 millones de euros. También están imputados en la causa el abogado urbanista José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa, y el exconcejal socialista Javier Gutiérrez. Ambos son socios del bufete Salvetti Abogados, donde presuntamente se amoldó el PGOU a los intereses del constructor.