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Seis de cada diez vascos consideran positivo el pacto PNV-PSE

Un 76% de los ciudadanos cree que otros partidos parlamentarios deberían sumarse al acuerdo

De izquierda a derecha, Patxi López, Iñigo Urkullu y Andoni Ortuzar, el 16 de septiembre tras la firma del pacto PNV-PSE.
De izquierda a derecha, Patxi López, Iñigo Urkullu y Andoni Ortuzar, el 16 de septiembre tras la firma del pacto PNV-PSE.

Seis de cada diez ciudadanos del País Vasco valora positivamente el pacto fiscal alcanzado por el PNV y el PSE. El deseo de consenso entre los partidos políticos es mayoritariamente apoyado por la población vasca, ya que el 76% se muestra favorable a la entrada en el acuerdo de otras fuerzas políticas con representación parlamentaria, según una encuesta elaborada por el Gobierno vasco.

Frente a quienes valoran positivamente el acuerdo, un 21% de los encuestados lo considera negativo. El 77% de los que desean una base política más amplia para el acuerdo está conforme con la incorporación de EH Bildu al pacto, el mismo porcentaje que es favorable al apoyo de UPyD, mientras que baja al 71% el porcentaje de quienes ven bien la entrada del Partido Popular. El electorado propio de cada fuerza es más favorable a la incorporación de su partido al pacto.

En relación a la reforma fiscal, la mitad de los encuestados prefiere que se gaste más en prestaciones sociales y servicios públicos, aunque haya que pagar más impuestos. Un 47% de la ciudadanía se decanta porque las Juntas Generales "sigan teniendo libertad" en materia de fiscalidad frente a un 36% que está a favor de que el Parlamento vasco pueda fijar unas líneas comunes para los tres territorios.

Seis de cada diez encuestados asegura que ha oído hablar del Concierto Económico, una proporción similar al de 2008. En estos cinco años se ha incrementado la percepción sobre la importancia del Concierto Económico, ya que han pasado del 75% al 86% quienes le otorgan mucha o bastante importancia para la autonomía vasca. Además, el 74% de las personas que han oído hablar del Concierto lo consideran beneficioso para la ciudadanía vasca.

La sensación de que los recursos dedicados a ayudas sociales son escasos es mayoritaria

Asimismo, existe una opinión favorable a una mayor autonomía fiscal para Euskadi. El 49% de la población así lo defiende, mientras un 36% está a favor del mantenimiento de la actual autonomía fiscal y un 7% cree que el grado de autonomía fiscal debería ser menor, similar a la que tienen el resto de comunidades autónomas.

Sobre el papel de las instituciones públicas respecto al bienestar social, un 74% de la sociedad vasca considera que las mismas deben ocuparse del bienestar de toda la ciudadanía, el 19% que sólo de los grupos más desfavorecidos y el 6%, que son las personas las que deben ocuparse de su propio bienestar.

La sensación de que se emplean pocos recursos en la atención social de los colectivos por los que se ha preguntado es mayoritaria. La demanda de mayor atención se centra sobre todo en las personas desempleadas (75%), las familias con personas mayores dependientes a su cargo (66%) o personas con discapacidad (65%), para quienes se considera que se emplean pocos recursos públicos para atenderles.

A la hora de valorar la actuación concreta de las instituciones públicas, el 64% considera que no hacen lo suficiente en favor de las personas con recursos económicos insuficientes o para atender a las personas menos favorecidas. Entre quienes creen que la atención ha empeorado (43%), los motivos aducidos serían, entre otros, la reducción del gasto en protección social (55%) o el aumento del número de personas que necesitan atención (26%).

El grado de conocimiento de las ayudas sociales es reducido. Menos de la mitad de la población (47%) conoce las ayudas de emergencia social (AES), y un 58% afirma que conoce la renta de garantía ingresos (RGI). El 80% por ciento de la sociedad vasca prioriza el gasto en ayudas de emergencia social respecto a otros gastos. El estudio apunta que la sociedad vasca considera que las ayudas siguen sin llegar a todas las personas que las necesitan y también que el fraude en el cobro de las ayudas sociales está extendido.