caso de los ere

Alaya sitúa como promotor de los ERE al ‘número dos’ de Magdalena Álvarez

La juez imputa prevaricación y malversación al exviceconsejero José Salgueiro

La instructora dice que el sistema para dar las ayudas fue una “decisión política”

ATLAS

La juez Mercedes Alaya, que investiga el fraude de los ERE, imputó este jueves los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos a José Salgueiro, el que fuera viceconsejero andaluz de Economía y Hacienda en la etapa en la que Magdalena Álvarez era titular de este departamento. Alaya cree que Salgueiro fue “uno de los promotores del procedimiento ilegal de concesión de subvenciones sociolaborales” de la Junta.

El exviceconsejero de Economía estaba citado ante la juez, pero se acogió a su derecho a no declarar. Sus abogados habían presentado el viernes un informe médico en el que se desaconsejaba que se sometiera a situaciones de estrés. Aunque se negó a contestar a las preguntas de la magistrada, Salgueiro compareció ante Alaya y ésta le leyó el auto de imputación. Según el escrito, el procedimiento “al margen de la ley” por el que la Junta concedía las ayudas a empresas se inició “entre otros” por el exviceconsejero.

El auto de imputación contra Salgueiro es, previsiblemente, un avance de los hechos que la juez atribuye a Magdalena Álvarez, que está citada a declarar como imputada el próximo martes. Salgueiro estuvo en el cargo desde 1990 hasta 2004 y fue, por tanto, el número dos de la exministra de Fomento, consejera andaluza de Economía entre 1994 y 2004. Cuando en febrero de ese año Álvarez dejó el cargo tras ser nombrada ministra, Salgueiro se quedó como consejero hasta mayo. Después, fue nombrado presidente de Renfe.

Hechos imputados

  • Mercedes Alaya cree que el exviceconsejero José Salgueiro fue “uno de los promotores del procedimiento ilegal de concesión de subvenciones sociolaborales” que se instauró en la Junta entre los años 2000 y 2011.
  • “Este procedimiento al margen de la ley se iniciaría entre otros por el inculpado en virtud del interés de la junta de Andalucía de dar mayor agilidad a los procesos de ayudas sociolaborales, pretendiéndose como finalidad básica eludir el control de la legalidad”, asegura la juez.
  • La instructora sostiene que la inclusión en el Presupuesto autonómico de las transferencias de financiación dio lugar a “un uso completamente arbitrario de los fondos públicos, sin procedimientos ni control y, además, desmesurado”.

La imputación al exviceconsejero coincide con otro auto de Alaya, dictado el pasado martes y conocido ayer, en el que la juez coloca en el vértice de la pirámide de las responsabilidades del fraude a los gestores políticos. En el escrito la juez desestima la petición de una de las intrusas en un ERE para que se forme una pieza separada con su imputación. Pero Alaya aprovecha también para advertir de que el ex director general de Trabajo y uno de los principales imputados en la causa, Francisco Javier Guerrero, ejecutaba un sistema “diseñado por sus superiores y responsables de mayor escala”, un procedimiento que, según la juez, respondería a una “decisión política” y que se gesta en los Presupuestos.

Por tanto, añade la magistrada, Guerrero no sería “el único responsable” del uso de las transferencias de financiación y de la concesión de subvenciones al margen de la ley. Y, según el auto de imputación que le leyó ayer al exviceconsejero, la juez cree que Salgueiro es uno de estos altos cargos que impulsaron el procedimiento administrativo por el que se concedían las ayudas.

Durante su cargo se introdujo en los Presupuestos la partida de transferencias de financiación, “tarea en la que el señor Salgueiro tendría una importante participación” y cuya “finalidad básica”, según Alaya, era eludir el control de la Intervención general, “que tantos reparos había puesto a expedientes pasados”.

Alaya sostiene que la fórmula administrativa que impulsó Salgueiro dio lugar a un uso “completamente arbitrario de fondos públicos, sin procedimiento ni control y, además, desmesurado”. Su resultado, según la juez, fueron unos Presupuestos autonómicos “que partían de anteproyectos elaborados en la Consejería de Economía y Hacienda entre otros por el imputado”. En su opinión, las cuentas eran contrarias a todo el ordenamiento jurídico, incluida la Constitución y el Estatuto de Andalucía.

Alaya está convencida de que el exviceconsejero conocía el sistema “arbitrario” y contribuyó “a alimentarlo” desde su cargo con nuevas modificaciones presupuestarias, concretamente cinco desde 2002 a 2004, que ascendieron a 32,19 millones de euros.

La fiscalía no pidió ninguna medida cautelar para Salgueiro. De las partes personadas en la causa, solo el sindicato Manos Limpias solicitó una fianza civil, cifrada en 20 millones de euros.

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