Un testigo implica en el fraude de contratos a la delegada del Gobierno
El exapoderado de Orange Market la señala en relación con el encargo de una guía
Ignacio Blanch, exdirectivo de una de las empresas de la trama Gürtel, implicó este martes en el amaño de contratos a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez de León, responsable de las fuerzas de seguridad en el territorio.
Blanch fue apoderado de Orange Market, extensión valenciana de la red, hasta mediados de 2005. Y se encargó de realizar la Guía de la Comunicación que la Generalitat distribuyó aquel año entre los medios. Este fue, según la Intervención General del Estado, uno de los muchos contratos que el Gobierno autonómico troceó para poder adjudicárselo a dedo a la red.
Según Blanch, toda la negociación sobre la guía, fue llevada por Dora Ibars, destituida como directora general de Promoción Institucional tras ser imputada en el caso, y Sánchez de León, que ocupaba entonces la secretaría autonómica de Relaciones Institucionales y Comunicación. Ambas trabajaban a las órdenes de Esteban González Pons, en aquel momento consejero de Presidencia en el Gobierno de Francisco Camps.
El exresponsable de la trama fue más lejos y consideró “exorbitante” el precio abonado finalmente por la Generalitat por la guía: 88.000 euros. Blanch afirmó que dejó la empresa de Gürtel antes de que el Consell abonara las facturas, pero que el precio que inicialmente iba a cobrar Orange Market rondaba los 24.000 euros.
Esa cantidad encaja con la que reflejó la Intervención General del Estado en su informe de 2010 sobre el fraccionamiento de contratos para beneficiar a la red corrupta. En dicho informe, elaborado con la documentación que le facilitó el Gobierno de Camps, solo se recogían sin embargo dos pagos a dos empresas de la trama por un importe total de 22.520 euros. La investigación del juez Ceres ha revelado, en cambio, que la Generalitat pagó en realidad cuatro veces más. Y que, voluntariamente o no, ocultó a los miembros de la Intervención General del Estado la existencia de otras seis facturas abonadas a empresas de la trama que dirigía Francisco Correa.
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