La decana de los abogados denuncia “una campaña” para derrocarla

Las elecciones celebradas hace casi un año en el Colegio de Abogados de Madrid permitieron por primera vez la llegada de un decano y una junta ajenos a los intereses de los grandes despachos, que siempre aunaban sus votos para colocar a personas de su cuerda.

Sin embargo, el órgano vive desde entonces en continuo desasosiego. La decana de los 45.000 abogados ejercientes, Sonia Gumpert, denuncia a EL PAÍS el recrudecimiento de “una campaña perfectamente orquestada” para derrocarla, alimentada, dice, por un grupo de letrados que en su día la apoyaron pero ahora responden a “intereses económicos”. “Están soltando falsas informaciones de corrupción para apoderarse del Colegio”, insiste Gumpert.

Esta estrategia parece corroborada por un correo electrónico atribuido al primero de los cuatro abogados que ya han abandonado la junta. El e-mail, al que ha tenido acceso EL PAÍS, detalla una estrategia de desgaste con denuncias en los tribunales, y sugiere la connivencia de periodistas y medios afines a través de los cuales canalizar esta campaña.

Cuatro de los 14 miembros de la junta han renunciado, alegando motivos personales, desde que Gumpert accediera al decanato, doblando en votos a su predecesor, Antonio Hernández-Gil. Si dimitieran dos más, habría que convocar elecciones parciales anticipadas. Una fuente anónima hizo llegar al Colegio el citado correo electrónico, que concreta los pasos para desbancar a Gumpert y sugiere la connivencia del anterior decano de los abogados de Madrid. “El plan de salida de la delincuente comienza a cobrar vida”, se indica en el encabezamiento del mensaje, con fecha de 4 de septiembre, y que incluso apunta el nombre de quien sería el relevo de Gumpert.

A la decana le llama la atención que se estén cumpliendo a rajatabla los puntos que figuran en correo, y que las personas mencionadas estén interponiendo las acciones judiciales que se avanzan en él. “Se utiliza la justicia torticeramente para dar titulares sobre hechos totalmente falsos”, destacan fuentes del Colegio. “Se está diciendo que el anterior decano donó a entidades benefactoras el dinero de los arbitrajes que realizó en función de su cargo y que, en cambio, Gumpert sí está cobrándolos para ella. Es mentira. La realidad es que el anterior decano percibió en 2011 y 2012 un total de 165.000 euros en arbitrajes, cuya donación no consta en el Colegio, y que la actual decana no ha tramitado hasta el momento ningún arbitraje”, añaden.

Como remitente del correo figura Juan José Sánchez Puig, director del Instituto Superior de Derecho y Economía. Va dirigido a Germán Ruiz, uno de sus hombres de confianza. Él niega tajantemente estar detrás de la supuesta campaña y ser el autor del correo, pero reconoce que la dirección es la suya. Según su versión, alguien ha debido usar su contraseña, lo que piensa denunciar.

Sánchez fue quien patrocinó y ofreció a Gumpert aspirar al decanato en los pasados comicios, y es el primer letrado que dejó la junta. Tanto él como el ISDE pusieron mucho dinero para apoyar a la decana. Fuentes del Colegio señalan que propuso echar y relevar a unas 50 personas tras las elecciones. Sánchez replica que solo propuso la salida de ocho o nueve personas. Gumpert ha hecho cambios desde que llegó al cargo: ha relevado al gerente y a la secretaria general, pero asegura que no puede “prescindir sin más de 50 personas”. “Estamos hablando de gente que tiene familia, no se las puede echar corriendo sin motivos”, dice.

En el correo se alude al papel de las plataformas de abogados constituidas ex profeso para derrocar a Gumpert —denominadas Icamético y Plataforma de Defensa de la Abogacía—, y se sugiere la connivencia de la Asociación Libre de Abogados y de miembros de la junta anterior. Su propósito sería reunir 4.500 firmas (un 10% del censo de abogados ejercientes) para forzar la convocatoria de una asamblea general que debatiera esa moción de censura. Se podría así forzar nuevas elecciones con el voto de dos tercios de los asistentes, o bien conseguir comicios anticipadas mediante la dimisión de la mayoría de miembros de la junta.

Ya han dimitido cuatro de 14. Si se marchan dos más, habría que convocar elecciones parciales para cubrir las vacantes, según el artículo 52 del Estatuto General de la Abogacía, un real decreto que regula el funcionamiento de los colegios profesionales de toda España. Sin embargo, quienes buscan presuntamente la salida de Gumpert señalan que la norma aplicable es el Estatuto del Colegio de Madrid, que dicta que se convoquen elecciones totales si renuncia la mitad de la junta.