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Servicios más caros y más recortes por la gestión económica de Castedo

El Ayuntamiento se acoge al tercer rescate para pagar 27 millones en facturas

La alcaldesa de Alicante Sonia Castedo durante la celebración de un pleno municipal
La alcaldesa de Alicante Sonia Castedo durante la celebración de un pleno municipalPEPE OLIVARES

La gestión económica de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, ha sumido al Ayuntamiento en una espiral de asfixia económica cuyas consecuencias notarán los alicantinos en sus bolsillos.

 Hace algo más de un año ya se acogió a un primer rescate del Gobierno, para pagar facturas por 47 millones de euros, que comportó un severo ajuste municipal. Pero de poco ha servido, porque ahora el Ayuntamiento se acoge, de nuevo, al tercer rescate cuyas condiciones son “duras y leoninas”, según admitió el propio concejal de Hacienda, Juan Seva, hace días. Y eso se traducirá en un recorte del 5% en los gastos de personal y funcionamiento del Ayuntamiento y en la subida generalizada de las tasas municipales.

El déficit financiero rondará el próximo año los 233 millones de euros, incluyendo intereses. El descontrol de las cuentas, según algunas fuentes consultadas, responde a que los presupuestos que se aprueban son “irreales”. Las contratas se adjudican a la baja, pero luego se autorizan modificaciones de crédito de imprevistos, lo que dispara la deuda, y en cambio la recaudación no aumenta por la sucesiva congelación de impuestos y la actual crisis económica.

Las medidas

Reducción en un 5% de los gastos de personal y funcionamiento en el Ayuntamiento y congelarlos durante dos años.

Financiar íntegramente el coste de los servicios municipales mediante tasas. El primer año el contribuyente pagará un 50%, el segundo un 75% y el tercer año el 100%. De basura se pagará el doble dentro de tres años. Los transportes no subirán.

No se podrán suprimir tributos ni constituir nuevas fundaciones o sociedades.

El aumento de un 10% del IBI aplicado este año se mantendrá dos años más.

Ante este panorama, Castedo se acogerá al tercer plan de pagos a proveedores que se aprobará en el pleno del viernes. La medida le garantiza liquidez inmediata. El Ayuntamiento recibirá en unas semanas 27 millones de euros de los que 23,5 irán destinados a pagar facturas pendientes y 3,4 para cubrir remanentes de tesorería negativos.

Pero el problema son los recortes que el PP se verá obligado a aplicar y que las cuentas quedarán bajo el férreo control del ministerio de Hacienda. La primera obligación será reducir un 5% los gastos de personal y funcionamiento en 2014, y no aumentarlos en los dos próximos años. Eso se traducirá en la congelación de la platilla y el recorte de varios servicios no obligatorios.

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La medida más lesiva para los bolsillos de los contribuyentes es que todos los servicios municipales se tendrán que financiar “íntegramente” mediante las tasas (basura, circulación, cementerio, licencia de obras, vados, terrazas...)

El próximo año será un 50% lo que pague directamente el ciudadano, al año siguiente un 75%, y en 2106 los servicios municipales los pagarán íntegramente los alicantinos. Esto supone, por ejemplo, que dentro de tres años se pagará el doble por la recogida de basura que ahora. El concejal Juan Seva se empleó a fondo en explicar que las subidas que se estudiarán serán “mínimas” y no afectarán al transporte.

El Ayuntamiento tampoco podrá suprimir tributos, ni crear nuevos organismos o fundaciones, y deberá mantener el 10% de incremento del IBI de este año hasta 2015. Y el ministerio de Hacienda vigilará con lupa toda la gestión económica de Castedo.

La oposición municipal denunció la “opacidad” del PP en esta operación. El portavoz de Esquerra Unida, Miguel Ángel Pavón, criticó que “Castedo gobierne para sus amigos los empresarios que siguen obteniendo las jugosas contratas municipales que arruinan las arcas municipales y castigan los bolsillos de los ciudadanos”, dijo Pavón. El portavoz del PSPV, Miguel Ull, lamentó que estas medidas supongan la “quiebra” de las arcas municipales. Y Fernando Llopis, de UPyD, vaticinó que los efectos “más duros” se notarán en 2015 por la “nefasta gestión” económica del PP.

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