L’Alacantí rechaza que Castedo deje de pagar el bus metropolitano
El Ayuntamiento de Alicante descarta pagar por un servicio que tiene contratado con la Generalitat
Mutxamel, Sant Joan, El Campello y Sant Vicent del Raspeig rechazan pagar por las líneas de autobús que les une a Alicante como pide el Ayuntamiento gobernado por Sonia Castedo, que el pasado lunes liquidó el servicio con la mercantil que mantiene las rutas entre el centro de la capital y los distintos puntos del área metropolitana.
Durante la habitual reunión de la mancomunidad de L’Alacantí, celebrada ayer, los cuatro municipios del entorno inmediato de Alicante, todos del PP, expusieron que no aceptarán sin más que el Consistorio alicantino rompa un convenio en el que son también parte la Generalitat y la empresa Masatusa.
El más locuaz fue el Ayuntamiento de El Campello: “No podemos pagar si no tenemos convenio con nadie, ni con Consejería, ni con Ayuntamiento”, explicó el alcalde Juan José Berenguer. “La concesión de una línea interurbana es supramunicipal. Ni teniendo dinero para costear una podríamos hacer nada”, dijo el primer edil.
En Sant Vicent del Raspeig no tienen constancia de ningún comunicado oficial sobre la voluntad de Alicante de no seguir pagando el servicio de transporte interurbano, “solo verbal”, dijeron fuentes municipales. “Se trata de buscar situaciones que permitan mantener las mismas condiciones”, aseguraron desde el consistorio que dirige la también presidenta provincial, Luisa Pastor.
Tanto El Campello como Sant Vicent tienen asegurada la conexión con la capital vía Tram, pero la supresión de la línea de bus dejaría sin acceso al Hospital de Sant Joan a los primeros y sin la línea 24 a los segundos; trayecto que une la Estación de Renfe, en pleno centro de Alicante, con la universidad, en Sant Vicent.
El Ayuntamiento de Sant Joan se mantuvo en las mismas en un comunicado oficial. El convenio está firmado por Consejería y Alicante “por lo que son dichas instituciones quienes deben sufragar los costes”.
Fue el pasado lunes cuando la Junta de Gobierno local en el Ayuntamiento de Alicante aprobó liquidar el transporte urbano colectivo de 2012 por un importe cercano a los dos millones de euros y avisó de que para 2013 solo se hará cargo de los servicios prestados a sus habitantes y dentro de su término municipal. La Generalitat solo abonó en 250.000 euros por la subvención de este servicio, tan solo un 2% del 35% al que se comprometió.
