De Miguel traslada a los técnicos la decisión de contratar con El Bigotes

A las puertas del Palacio de Justicia, Alicia de Miguel aseguró que iba responder a todo, que no había cometido ninguna irregularidad y que le parecía “estupendo” que “el señor magistrado” la hubiera tenido que llamar “por unas declaraciones que hubo en este proceso”. Añadió que estaba muy tranquila a pesar de su imputación. A continuación, la exconsejera de Bienestar Social entró en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano y sostuvo que no sabía ni con quién ni por qué se contrataba, que eso lo hacía su equipo, que para eso tenía delegadas las competencias, y que nunca dio órdenes para adjudicar a la empresa Orange Market u otras sociedades de la trama Gürtel tres contratos entre 2006 y 2008, según fuentes judiciales consultadas.

El juez investiga un presunto delito de prevaricación en las contrataciones suscritas por diversos departamentos de la Generalitat con empresas que lideraba en Valencia Álvaro Pérez, El Bigotes, en la quinta pieza separada (de seis) del caso Gürtel. De Miguel, exportavoz del Gobierno valenciano, fue imputada a raíz de las declaraciones del exjefe de gabinete y exsecretario autonómico de Familia y Solidaridad Enrique Navarro, entre otros testimonios y diligencias. Este imputado afirmó ante el juez que ella decidió contratar con Álvaro Pérez, El Bigotes, responsable de la empresa de Orange Market, que ya trabajaba para otras consejerías.

En el interrogatorio, la exconsejera, que dimitió como diputada autonómica del PP horas antes de hacerse pública su imputación en julio, hizo hincapié en que Navarro no la implicó en la decisión de contratar cuando declaró como testigo. Una versión que varió cuando testificó en calidad de imputado, según fuentes judiciales que han tenido acceso al interrogatorio.

En su providencia, el instructor argumentó que la imputación de la exconsejera se derivaba de la declaración de Navarro, “así como también de la realizada por Clara Abellán”, exdirectora general de la Mujer “y las demás testificales practicadas (entre ellas, la del Jefe de Sección de Coordinación Administrativa, la de la Gerente de la Fundación Tolerancia Cero, y la Jefa del Área de la Mujer)”, y de las diligencias documentales.

El juez aprecia “que pudo existir presuntamente un fraccionamiento de las contrataciones (acto Violencia de Género: Tolerancia Cero año 2006; acto Balance General 2007 y acto Punto Final 2007) en favor de sociedades del mismo grupo empresarial”.

Durante el interrogatorio, Alicia de Miguel reconoció que habló con Navarro, una vez conoció sus declaraciones ante el juez, aunque no recordaba desde qué teléfono o si fue él quien llamó él, según recoge Europa Press de fuentes judiciales. También habló con él cuando supo que iba a declarar como testigo, pero como había hecho con otra gente de la consejería.

La exconsejera repitió que ella era “médico hematóloga” y que desconocía por completo el funcionamiento de la contratación o la organización de eventos.