Bildu aprovecha un resquicio legal para colocar a ediles de su confianza

La coalición electoral Bildu (integrada por simpatizantes de la izquierda abertzale, EA y Alternatiba) ha conseguido colar en 19 Ayuntamientos del País Vasco y de Navarra a 24 concejales que no figuraban en sus listas en las elecciones municipales de mayo de 2011. La formación independentista está aprovechando un resquicio legal para nombrar a ediles de su máxima confianza y reforzar así el control sobre los cargos municipales. Desde junio de 2012, Bildu se ha acogido en una veintena de ocasiones al precepto legal que se aprobó en 2003 para facilitar que el PSE-EE y el PP pudieran reponer a los ediles que dejaban la actividad política porque no podían soportar las amenazas de ETA.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado en los últimos meses un total de 22 resoluciones de la Junta Electoral Central dando cuenta de la sustitución de cargos locales de Bildu por personas que no concurrieron en sus listas electorales. Así ha ocurrido en siete Ayuntamientos de Navarra y 12 del País Vasco, algunos de los cuales están gobernados por la coalición independentista, como Bergara, Azkoitia, Ibarra, Eskoriatza, Aretxabaleta o Busturia.

La triquiñuela de Bildu se consuma de un modo muy sencillo: ante la renuncia de un concejal de Bildu, “todos y cada uno” de los candidatos de la lista de esta formación renuncian a sustituirle. Bildu cubre la vacante con una persona que no integró la lista electoral. Al menos un tercio de los corporativos que la formación abertzale ha dado ahora de alta tuvo una vinculación directa con la extinta Batasuna, bien porque en 2007 fueron en listas de ANV y agrupaciones independientes ilegalizadas por el Supremo o porque anteriormente fueron concejales de Euskal Herritarrok o Herri Batasuna. En varios casos, los nuevos han pasado a asumir tareas de gestión en las entidades locales.

La coalición ha cambiado a 17 concejales vascos y siete de Navarra

Curiosamente, esta actuación de Bildu se ha intensificado a partir de junio de 2012, a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional que legalizó a Sortu, la nueva marca de la izquierda abertzale. Con la seguridad que le otorgó el pase del alto tribunal, Bildu se ha apresurado a renovar sus corporaciones con geste de su confianza. Si Bildu lo ha hecho con 24 concejales, el PNV solo ha cambiado un edil empleando la misma fórmula, otro el PSE y cuatro el PP.

Bildu se ampara en la reforma de la Ley Electoral que se sancionó en 2003 tras el acoso terrorista que estaban sufriendo los concejales populares y sociales vascos y navarros. Todo arrancó tras el asesinato, a cargo de ETA en agosto de 2000, del edil del PP de Zumarraga Manuel Indiano. Cinco concejales del PSE y uno del PP abandonaron su cargo municipal y hubo que constituir una gestora para regir el Ayuntamiento guipuzcoano. El Congreso abrió un debate que culminó con una modificación introducida en el artículo 182.2 de la Loreg “para la garantía de la democracia en los Ayuntamientos y la seguridad de los concejales”. Fue apoyada por todos los grupos de la Cámara Baja, salvo el PNV, ERC y EA (ahora en Bildu), que se abstuvieron.

Tras la reforma legal —permite a los partidos nombrar edil a una persona que no concurrió a las elecciones, previa renuncia de toda la lista—, entre 2003 y 2007 el PSE y el PP hicieron uso de esta normativa en al menos 40 Ayuntamientos. Ahora que ETA tiene enterradas las armas y la izquierda abertzale ha vuelto a las instituciones es Bildu la que aplica una prerrogativa pensada para otros fines.