Anticorrupción estima que Álvarez supo del “uso perverso” del fondo de los ERE

La fiscalía considera justificado que la exministra acuda como imputada ante la juez Alaya

La exministra y exconsejera Magdalena Álvarez. / PÉREZ CABO

La Fiscalía Anticorrupción avala la imputación en el caso de los ERE de Magdalena Álvarez, exministra socialista de Fomento y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, porque estima que hay indicios de que puede encontrarse entre los ex altos cargos que conocieron el “uso perverso” del fondo de los ERE y por tanto “lo hicieron posible o sencillamente no lo evitaron”. Ese “uso perverso” se refiere a la utilización inadecuada del mecanismo de pago del fondo, las controvertidas transferencias de financiación empleadas por el Gobierno andaluz durante una década (2001-2010) y que evitaron los controles de la Intervención General.

La acusación contra Álvarez no implica su conocimiento de ciertos gastos inadecuados de las subvenciones, pero la juez Mercedes Alaya sí considera que permitió un “uso indebido” de fondos públicos, que devino en un “dispendio” por parte de la Consejería de Empleo andaluza gracias al sistema diseñado.

Ahora el ministerio público censura esta supuesta inacción de la exministra durante su etapa como consejera andaluza de Hacienda (1994-2004) y respalda su imputación dictada por la magistrada el pasado julio. El fiscal se opone con su escrito al recurso de Álvarez, que pretendía evitar su comparecencia como imputada el próximo 8 de octubre.

Anticorrupción considera que está justificado que Álvarez comparezca ante Alaya como imputada —y no como testigo— para aclarar si formó parte de los altos cargos que conocieron el uso indebido del fondo, dotado con 721 millones a lo largo de una década. A priori, el ministerio público considera que hay razones para pensar que fue así, por eso desarrolla la tesis incriminatoria de Alaya por la que imputó a 20 altos y ex altos cargos de la Junta de Andalucía.

“La fórmula montada tiene una apariencia formal de legalidad pero una última finalidad fraudulenta, indiciariamente delictiva, que supera la categoría de infracción o irregularidad administrativa”, detalla Anticorrupción sobre los argumentos de la juez. El escrito del fiscal recuerda los “hechos objetivos que parten del uso indebido de la figura de las transferencias de financiación, engordadas mediante las oportunas modificaciones presupuestarias, unido a la no consideración como subvenciones de las ayudas sociolaborales, lo que facilitaba su no fiscalización”.

Álvarez alegó que la juez decidió su imputación sin concretar qué delitos le atribuye y sin que de los hechos que relataba pudiera deducirse ningún indicio de delito. Esta situación, según la exministra, vulneraba su derecho a la tutela judicial efectiva. Pero ahora Anticorrupción recuerda la doctrina del Tribunal Supremo, cuando proclama que la primera notificación de su imputación “no constituye todavía un acto de imputación judicial, aunque permita al querellado comenzar a defenderse en el proceso conforme al artículo 118”. La fiscalía opina que el imputado no necesita disponer de un “pormenorizado relato de todos y cada uno de los hechos que se les atribuyen y que tienen relevancia penal” hasta el día en que acuden ante la juez.

Anticorrupción ya impugnó el recurso de la Junta contra la imputación de los 20 altos cargos, en el que el Ejecutivo acusó a Alaya cuestionar las leyes presupuestarias aprobadas por el Parlamento andaluz y “subvertir el Estado democrático”.

El fiscal explicó entonces la finalidad fraudulenta del fondo: el uso indebido de las transferencias de financiación, las modificaciones presupuestarias, y la decisión de usar ayudas sociolaborales en vez de subvenciones excepcionales (con mayor control de la Intervención) para pagar los ERE.

El apoyo de la fiscalía a Alaya sobre la imputación de los 20 altos cargos contrasta con el recurso al auto que señaló a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y cinco exconsejeros. Hace una semana el fiscal consideró que dicho auto no estaba suficientemente motivado. Y recordó a Alaya que no existía ninguna denuncia, querella o atestado policial que aporte “relato de hechos e indicios de responsabilidad penal” sobre estos siete cargos aforados. Ello a pesar de que Griñán sucedió a Álvarez al frente de las finanzas de la Junta entre 2004 y 2009.

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