_
_
_
_
_

El PP fue incapaz de probar ante la juez que el PSdeG se financiaba ilegalmente

El juzgado prorrogó de oficio el plazo ante la falta de indicios de la “trama agraria”, pero archivó la causa porque los populares ni siquiera respondieron

Sonia Vizoso
El secretario general de este sindicato agrario, Roberto García
El secretario general de este sindicato agrario, Roberto GarcíaÓSCAR CORRAL

Hace tres años, cuando los informes policiales del caso Gürtel empezaban a desenterrar los manejos del extesorero del PP Luis Bárcenas, los populares gallegos se lanzaron a pregonar que tenían pruebas de un caso de financiación ilegal del PSdeG a través de unas subvenciones otorgadas por el bipartito y gestionadas por el sindicato Unións Agrarias, afín a UGT. Los “cerebros” de la “trama agraria”, en palabras del equipo de Alberto Núñez Feijóo, eran el exconselleiro socialista de Traballo Ricardo Varela y el secretario de Organización del PSdeG, Pablo García, que habían sacado “por la puerta de atrás” 654.000 euros de dinero público. El sumario presuntamente explosivo, instruido por un juzgado de Corcubión desde 2008, cayó en julio de 2012 en manos de una magistrada de Santiago que el pasado 10 de septiembre optó por decretar su archivo. La razón: los querellantes, es decir, el PP y la Xunta de Feijóo, fueron incapaces de aportar pruebas, siquiera después de que la instructora prorrogase de oficio el plazo al comprobar la falta de indicios que sustentasen tan graves acusaciones.

 Según relata en su auto la magistrada Ana López-Suevos, titular del juzgado número 1 de Santiago, el caso le llegó a ella en julio de 2012 después de que justo un año antes se inhibiera el juzgado de Corcubión (A Coruña), la sede judicial que mantenía vivo el sumario desde 2008, cuando el PP aún estaba en la oposición. Tras analizar la documentación aportada a la causa, en enero de 2013, la juez concluyó en un primer auto que no concurrían “indicios de criminalidad que apunten a la comisión de un presunto delito de fraude de subvenciones con la finalidad de financiar irregular o ilícitamente al PSOE”.

Más información
La juez desmonta la campaña del PP contra Unións Agrarias
La trama de las inspecciones a Unións Agrarias

Los documentos, explica la juez en su auto de archivo, demostraban que las ayudas gestionadas por el sindicato Unións Agrarias —el supuesto brazo utilizado por el PSdeG para financiarse ilegalmente— se habían destinado al fin para el que habían sido concedidas por el bipartito, es decir, contratar y pagar las nóminas de trabajadores en diversas asociaciones agrarias. Ante esta situación, que desmontaba una querella que el PP había logrado mantener viva desde 2008 dentro y fuera de los juzgados, la magistrada optó por otorgar un plazo al partido de Feijóo para que presentase pruebas que refutasen esa conclusión. “La parte querellante no dio respuesta a dicho requerimiento”, señala el auto de la juez en enero pasado, “a pesar de haberse prorrogado de oficio por el juzgado el plazo concedido”. La instructora deduce que tampoco el PP “detectó en la información unida supuestos evidentes” que “de forma clara apunten a un desvío de fondos para la financiación de una organización política”. La única respuesta que obtuvo el juzgado de los populares fue un escrito en el que el partido “insiste en la aparente voluntad de esta instructora de no profundizar en la instrucción”, revela en su auto la propia juez.

El secretario general de Unións Agrarias, Roberto García, denunció ayer el “calvario de cinco años” que dice haber sufrido su organización en los juzgados por las querellas del PP. García acusó a la formación de Feijóo de impulsar desde la Xunta una “acusación falsa a sabiendas” y rechazó que pretenda recurrir el archivo de la causa. “Es una provocación y una actuación sin el más mínimo criterio moral, que pretende alargar una persecución ideológica sin precedentes”, afirmó el líder sindical. “Cuando tengamos el archivo definitivo, actuaremos en consecuencia”.

García defiende que la “falsa acusación” se hizo “a sabiendas” porque al llegar al poder los populares “tuvieron acceso a los expedientes” de las ayudas y aun así redoblaron la embestida judicial y administrativa, con registros e interrogatorios en las oficinas del sindicato ordenados por el ahora vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la conselleira de Traballo, Beatriz Mato. El último auto judicial que propone el archivo del sumario admite que los altos funcionarios que se encargaron de la investigación reconocieron en sus declaraciones que no hallaron irregularidades merecedoras de tipificarse como un fraude. “Utilizaron métodos sin precedentes en la democracia”, recuerda ahora García. “El objetivo era mantener en los medios públicos la sensación de que algo había”.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

El PP no piensa dar explicaciones en el Parlamento gallego ni sobre los documentos presentados por Bárcenas ante el juez que apuntan a una financiación irregular del partido ni sobre las graves acusaciones vertidas contra UU AA y PSdeG que no ha podido acreditar. Los populares bloquearon ayer la petición de comparecencia de Feijóo y Rueda por estos dos asuntos. “El PP monta tramas falsas sobre otros partidos y no da cuenta de las propias”, lamentó el portavoz parlamentario de los socialistas, Abel Losada.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Sobre la firma

Sonia Vizoso
Redactora de EL PAÍS en Galicia. Es licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago. Lleva 25 años ejerciendo el oficio en la prensa escrita y ha formado parte de las redacciones de los periódicos Faro de Vigo, La Voz de Galicia y La Opinión de A Coruña, entre otros. En 2006 se incorporó a El País Galicia.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_