Protección a 7.922 viviendas en Euskadi
Federico Ramos ha detallado en Bilbao las característica de la nueva normativa
La nueva ley de Costas dará seguridad jurídica a 7.922 viviendas vascas construidas en la costa en zonas de dominio o servidumbre pública, ya que no serán demolidas salvo en el caso de que haya sentencia firme contra ellas.
El secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Federico Ramos, ha dado una conferencia de prensa en Bilbao para explicar la reforma de la Ley de Costas aprobada en mayo por el Congreso.
La reforma corrige la ley de 1988, que, según Ramos, provocó un "desorden" jurídico en el que 40.000 viviendas, chiringuitos, hoteles e industrias en España podrían ser demolidas a partir del 2018, cuando caducaban sus concesiones para ocupar suelo público, si es que las tenían, ya que muchos no disponían de ella.
Ramos ha insistido en que la ley no es una amnistía, y por tanto, si hay una sentencia firme de demolición de una vivienda se cumplirá. Pero la inmensa mayoría, según el Gobierno, son construcciones "alegales", en los cuales los particulares podían tener permisos municipales y visto bueno notarial.
En Euskadi hay 3.356 ocupaciones en suelo de dominio público -el más pegado a la costa-, una cifra que incluye viviendas, pero también restaurantes o industrias. La cuarta parte, 867 ocupaciones, tienen concesión -un porcentaje pequeño, pero mayor que en el resto de España-. El reparto es 1.613 en Bizkaia y 1.743 en Gipuzkoa.
De las 3.356 ocupaciones en suelo público, 636 son viviendas; a ellas hay que añadir otras 7.286 viviendas construidas en zonas de servidumbre -la franja de propiedad privada colindante con la de dominio público, que también tiene normas gubernamentales-. El total son 7.922 viviendas afectadas.
Pero no sólo hay viviendas en las zonas de dominio y servidumbre vascas: también existen 21 hoteles, 12 en Bizkia y nueve en Gipuzkoa, que generan 1.700 empleos y facturan 21 millones de euros; 78 restaurantes y chiringuitos, con 1.100 empleos y 20 millones de facturación, y 39 industrias.
Estas viviendas, hostelería e industrias podrán seguir levantados pagando un canon por el uso del espacio público, como hasta ahora, un canon cuya cuantía depende del valor del terreno y de la edificación: no paga lo mismo un chalé en primera línea que un estudio en zona de servidumbre.
La ley todavía está pendiente de desarrollar su reglamento. Será allí cuando se fije cómo se pide el nuevo canon. Según el secretario de Estado, probablemente se contemplarán las dos vías: que las personas afectadas pidan la autorización y que la Administración pueda impulsar de oficio la ordenación.
Respecto al recurso de inconstitucionalidad contra esta Ley de Costas que anunció el Gobierno vasco al considerar que invade competencias autonómicas, el secretario de Estado ha opinado hoy que la ley es plenamente constitucional porque tuvo muy en cuenta al ser redactada la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el tema desde 1988.
