Un juez eleva al TSJM un recurso del PSM sobre la privatización hospitalaria

El magistrado de lo Contencioso se declara no competente en un recurso contra los avales

El magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 28 de Madrid se ha declarado no competente para pronunciarse sobre la suspensión o no del proceso de privatización de la gestión de seis hospitales de la región en respuesta a un recurso presentado por los socialistas madrileños contra los avales exigidos a las empresas que participaron en el concurso público. En una  providencia, fechada a 9 de septiembre de 2013, el juzgado alude a una "posible falta de competencia objetiva" a la vista de la Ley Jurisdiccional.

En la providencia, el magistrado da un plazo de 10 días a las partes y al Ministerio Fiscal para que realicen alegaciones ante esta decisión, que supone el traslado de este asunto al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). En este recurso, el PSM no impugnaba todo el plan privatizador sino solo la modificación de los pliegos del concurso. A cuatro días de que acabara el plazo de presentación de ofertas para la gestión de los seis hospitales, el Gobierno regional introdujo como corrección de errores un cambio sustancial en las condiciones del concurso. Al añadir la palabra “anual” en la garantía del 5% que debían presentar las empresas adjudicatarias, redujo en cerca de un 90% este aval —el contrato es por 10 años—, así que los 233 millones que debían aportar se quedaron en apenas 28. El PSM sostiene que, con este cambio, que se estaban reduciendo las garantías.

El juez toma esta decisión teniendo en cuenta la resolución impugnada —de la Viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad— y que la materia —contratación administrativa— "no está entre las que la Ley Jurisdiccional atribuye al conocimiento de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo". Contra esta resolución cabe recurso de reposición.

En realidad, esta decisión judicial no altera la situación, ya que todo el proceso privatizador se encuentra paralizado desde el pasado 3 de septiembre. En un auto en respuesta a un recurso presentado por la asociación de facultativos Afem, otros juzgado de lo Contencioso Administrativo, el 4, suspendió de forma cautelar la operación para “proteger derechos fundamentales” hasta que se dicte “una sentencia firme que ponga fin al procedimiento”. Las concesionarias han abandonado de momento los despachos que ocuparon en los hospitales mientras se dirime en los tribunales un plan privatizador sobre el que pesan al menos 14 causas abiertas en distintas instancias.

Solo el PSM tiene tres procesos abiertos. En primer lugar, el Tribunal Constitucional admitió a trámite un recurso presentado por 50 senadores socialistas. El pronunciamiento de este tribunal no paralizó el proceso, porque solo el Gobierno puede pedir medidas cautelares en este caso y no lo ha hecho.

Ante un juzgado de lo Contencioso y ante el TSJM presentaron dos denuncias similares relacionadas con la corrección del aval. El primero es el que ha sido elevado hoy al TSJM y, en cuanto al segundo, la sección tercera de lo Contencioso Administrativo paralizó el proceso de forma cautelar el 10 de julio a la espera del pronunciamiento posterior del TSJM que, dos semanas después, levantó la suspensión al entender que los seis diputados socialistas —cada uno residente en una de las zonas de influencia de los hospitales— que pidieron la suspensión “no ostentan un interés legítimo”.

Además, el PSOE se adhirió a la querella de Afem que ha congelado el proceso por segunda vez y tiene una denuncia abierta ante la Dirección General del Mercado Interior de la Comisión Europea, a la que pide que anule el contrato.

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