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La subdegelación del Gobierno prohíbe la cadena catalanista en Guardamar

Acció Cultural del País Valencià "incumplió notoriamente" el plazo para presentar la solicitud

Guardamar del Segura, la localidad más meridional del ámbito lingüístico catalán no podrá celebrar la cadena humana prevista para reivindicar el uso de la lengua propia. La Subdelegación del Gobierno en Alicante ha denegado a Acció Cultural del País Valencià (ACPV) la celebración de una nueva cadena humana Per la llengua i la llibertat prevista en esta localidad alicantina ya que se considera "no comunicada" porque se incumplió "notoriamente" el plazo establecido en la legislación para hacerlo.

Además recuerda que la persona física que realizó la comunicación "no acreditó la representación que afirmaba ostentar", según consta en la resolución de la Subdelegación ,con fecha de este jueves, donde se especifica que contra ella cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 48 horas desde la notificación.

ACPV anunció el pasado viernes una convocatoria para este martes, a las 17.07 horas, de una cadena humana Per la llengua i la llibertat en Guardamar, "el último pueblo donde se habla valenciano, en el extremo meridional de los territorios de habla catalana".

Según informó la entidad, además de la cadena humana, para la que preveían facilitar automóviles desde Crevillent y Elche para quienes quieran participar, realizarían una concentración en la Plaza Jaume II, en el Monumento a la cultura y lengua común.

En la comunicación, con fecha del viernes 6 de septiembre y firmada por un representante del Casal Jaume I de Crevillent-ACPV,, se hacía constar la intención de la entidad de realizar una cadena humana "valenciana" para la "reivindicación del valenciano, lengua común y compartida con Catalunya y las Islas Baleares, como lengua vehicular en todos los ámbitos de la administración pública y, además, expresar de manera pacífica y alegre la necesidad de profundizar en el autogobierno de los valencianos".

Igualmente, se señalaba la voluntad de defender "la libertad del pueblo valenciano de expresar de manera democrática el grado de autogobierno que desee lograr y la solidaridad con el resto de pueblos que se encuentran en una situación igual o parecida".

En la resolución, el subdelegado del gobierno en funciones, dispone que, a raíz del escrito recibido, se considera "no comunicada" la reunión ya que el plazo previsto en la legislación "ha sido notoriamente incumplido" y añade que no se acredita por la persona física que realiza la comunicación la representación "que dice ostentar".

Plazos

En este sentido, se señala que el artículo 8 de la Ley Orgánica 9/83 establece que la celebración de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se deberán comunicar con una antelación de diez días naturales "como mínimo" y 30 "como máximo". Si se trata de personas jurídicas, la comunicación deberá hacerse por su representante. En el caso de que existan causas "extraordinarias y graves" que justifiquen la "urgencia" de la convocatoria, la comunicación podrá hacerse con una antelación mínima de 24 horas.

Subdelegación comunica a los organizadores o promotores de la concentración que, según la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, la celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones incumpliendo la norma 9/1983 que regula el derecho de reunión es "responsabilidad de los organizadores o promotores" y constituye una infracción grave o muy grave a la norma.