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La investigación a Telmo Martín sigue paralizada pese a la orden del Supremo

El Juzgado no ha realizado ninguna dilgencia desde febrero Al diputado popular le investigan por un presunto delito urbanístico

Urbanización de Portonovo que propició la investigación
Urbanización de Portonovo que propició la investigaciónCARLOS PUGA

Un nuevo paréntesis de casi siete meses vuelve a retrasar el proceso judicial abierto contra el diputado del PP en el Congreso y exalcalde de Sanxenxo Telmo Martín que se añade a las vicisitudes que ya ha acumulado el caso. Abierto en mayo en 2006, tuvo su origen en la denuncia de unos vecinos ante las inundaciones provocadas por la construcción de una urbanización en Portonovo, en el municipio de Sanxenxo, cuyos terrenos pertenecieron a una promotora del político ahora aforado. Desde que, en febrero pasado, la Sala Segunda del Tribunal Supremo ordenase investigar la recalificación y venta de los terrenos donde se levantó la urbanización por parte de la empresa Construcuatro, SA, de que era socio Telmo Martín cuando ocupaba la alcaldía de Sanxenxo, el juzgado de Cambados no ha practicado todavía ninguna de las diligencias requeridas por el alto tribunal.

La investigación judicial sigue sin despejar no solo la posible imputación del diputado por un delito de cohecho y de negociaciones prohibidas a funcionarios —la vertiente judicial en la que derivó este caso— sino tampoco en el supuesto delito contra la ordenación del territorio y medio ambiente, por la construcción de la urbanización Illas Atlánticas. La implicación de Martín en el asunto gira en torno a varias pruebas documentales que el Tribunal Supremo ha ordenado examinar para determinar si hay “indicios consistentes de criminalidad”. En caso afirmativo, el juzgado de Cambados tendría que inhibirse para que el Supremo acordase la imputación del di`putado.

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El propio titular del Juzgado de Instrucción de Cambados, Juan Manuel Hermo, admite que las indagaciones judiciales van lentas aunque avanza que, en todo caso, en el punto de mira también están otras personas, además del político del PP. Hermo, que apenas lleva un año en este juzgado atascado de procedimientos, tuvo que reconstruir las diligencias que estuvieron perdidas varios meses hasta que un día aparecieron en una estantería del archivo judicial.

El juez tendrá que recabar información sobre la promotora Construcuatro en el Registro Mercantil mediante una certificación en la que figure la participación accionarial de Martín, así como los cargos que ostentaba durante la época en que fue alcalde de Sanxenxo. Otro de los documentos que habrá que analizar hace referencia a la normativa urbanística de ese municipio, el planeamiento aprobado en de febrero de 2003 y normas anteriores. También se tendrá que revisar la clasificación de las parcelas que vendió Construcuatro y el convenio urbanístico que fue aprobado por el Ayuntamiento en julio de 2005 para que la promotora Construziona Galicia, SL., gestionada por familiares del exconselleiro Xosé Cuiña, ejecutase las obras en la urbanización. Pero al Ayuntamiento no se le ha reclamado hasta ahora ninguna información, según confirmaron fuentes municipales.

Mientras el juzgado sigue su propio ritmo, la Asociación de Vecinos San Cristóbal de Portonovo ha denunciado la paralización del caso al tiempo que busca un nuevo abogado que les defienda. El letrado que hasta ahora les representaba renunció por razones personales motivadas por su dedicación a la política como concejal del BNG en el Ayuntamiento de Pontevedra. “El caso está completamente parado y nosotros estamos buscando a otro abogado que quiera llevarlo”, señala Margarita Fontán, presidenta de los vecinos de Portonovo. “Tenemos pocos medios económicos pero esperamos que alguien esté dispuesto a defendernos porque si hemos llegado hasta aquí no vamos a tirar la toalla. Queremos ir hasta el final", afirma. La portavoz de los vecinos se lamenta de todas las incidencias que han rodeado el caso y la deriva política que ha tomado sin pretenderlo los denunciantes. Pero el hecho de que el Tribunal Supremo ordenase continuar con la investigación “es, en parte, una batalla ganada para que la justicia nos dé la razón”, incide Fontán. Lo que en principio fue una denuncia contra las obras de la promotora que taponaba un regato y provocaba continuas inundaciones acabó conduciendo a las decisiones políticas que permitieron edificar en esa zona. Fue en 2008 cuando la Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra reparó en ellas y ordenó al juzgado que las investigase después de que este hubiese decidido archivarlas.

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