La Peineta, en el limbo

El Vicente Calderón debería haber dejado de ser el hogar del Atlético en 2011. O en 2012. Y así sucesivamente. El último plazo para mudarse a La Peineta lo ponía recientemente el presidente del conjunto rojiblanco, Enrique Cerezo, en el verano de 2015. Mientras, el cronómetro que el Ayuntamiento y el club pusieron en marcha el 5 diciembre de 2011 en la presentación de la remodelación del estadio de San Blas, que entonces se decía que estaría listo para la temporada 2014-2015, supera ya los 630 días —el reloj en total puede contar hasta 9.999 días, más de 27 años— sin que haya habido avances significativos. Ayer tampoco llegaron.

Tras sucesivos gatillazos fruto de la burbuja inmobiliaria que reventó en 2008 trastocando los planes iniciales de los responsables del club y del exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón, la elección de Tokio como sede de los Juegos Olímpicos de 2020, con Madrid relegada al tercer puesto, deja a la Operación Calderón sin un impulso que se antojaba decisivo tras años de parálisis. Por mucho que desde el club y FCC insistan en que el estadio se terminará (de no hacerlo, la constructora afrontaría una penalización). “El compromiso es construirlo”, afirman desde la FCC. Aparte de la volatilidad en los plazos de ejecución de la hipotética casa del Atlético en el futuro, lo que está claro es que las inversiones —en total 1.500 millones de euros— que se iban a licitar en infraestructuras se han quedado en humo. Incluido el aparcamiento para 3.000 coches o las estaciones de cercanías previstas alrededor del que iba a ser el estadio olímpico y colchonero.

Desde que la piqueta entró en La Peineta a finales de 2011, con un retraso de tres años sobre los planes iniciales —el Atlético llegó a difundir unas fotos del coliseo tomado por camiones y excavadoras en marzo de ese año, aunque no le otorgaron las licencias de obras pertinentes hasta julio—, las obras, responsabilidad de FCC, no han experimentado avances significativos. “La actividad no es la acorde al ritmo propio de cualquier obra, en la que se busca rapidez para ahorrar costes. Aquí se estaba pendiente del empujón de los Juegos”, explica un ingeniero que sigue al día los detalles de la evolución en la construcción del estadio.

En este tiempo se han acabado de poner los pilotes de hormigón del recinto, unos cimientos con hasta 30 metros de profundidad dada la abundancia de sepiolita (es frágil) en el subsuelo. En la fase actual se estaba colocando una losa gigantesca de cemento y ferralla sobre esos pilotes. Por encima ya asoman puntales de hormigón con hierro sobresaliendo para el teórico siguiente escalón de las obras.

Un año después de que este diario desvelara los planes de demoler el Calderón y la cercana fábrica de Mahou en el paseo de los Pontones para levantar en su lugar torres de hasta 17 plantas (la idea original era de 30 alturas), unos 1.600 pisos al cambio, Ayuntamiento y Atlético firmaron en 2008 un convenio para que el club se trasladara de Arganzuela a San Blas. Ganaba así un campo nuevo de 73.000 asientos, 20.000 más de los actuales, que FCC construiría con un coste de 160 millones. La operación, que no reportaría beneficios económicos al club —en un primer momento lo dio por hecho, además de contar con 80 millones extra para fichajes—, se completaba con el soterramiento del último tramo de la M-30 para completar Madrid Río. FCC costearía las obras (el contrato firmado con el club preveía un gasto de 218 millones, más 41 por la parcela) con la venta de casi 2.000 viviendas. Sin embargo, lo convenido en papel no superó la llegada de la crisis, y los plazos se fueron retrasando, sobre todo por la parte del Atlético (que debía más de 200 millones solo a Hacienda a 30 de junio de 2012).

La fórmula en que el club lleva años pagando parte de los 41 millones de la parcela de La Peineta resume por las que pasa la tesorería colchonera. Desde 2009 el Ayuntamiento ha recibido miles de entradas para partidos del Atlético como local en la Liga y Copa del Rey por valor de unos cinco millones. Un pago en especie que al Atlético le ha supuesto ahorrarse de momento el 10% del precio de los terrenos, ya que las localidades le salen gratis. El Ayuntamiento afirma que ha repartido el 83% de las entradas entre escuelas de fútbol municipales y el resto las ha destinado a patrocinadores y voluntarios de Madrid 2020. En contraposición a las dificultades rojiblancas, Mahou, en una política de plazos consumados, inició los trabajos de demolición de su fábrica a finales de 2010. La cervecera pagó entre tres y cuatro millones de su bolsillo en unas tareas que apenas duraron un año.

Frente a la solvencia de Mahou, las dudas sobre la capacidad del Atlético para costear las obras de La Peineta —inaugurada en 1994, costó 50 millones y apenas ha sido utilizada en escasos certámenes de atletismo— llevaron al Ayuntamiento a comprometerse a costearlas en último extremo, en caso de celebrar las Olimpiadas. “Con independencia de que Madrid organice los Juegos, actualmente se están realizando obras en el estadio para convertirlo en uno de los más modernos del mundo. Su finalización está prevista para 2015, y el responsable de su construcción y financiación es el Ayuntamiento de Madrid, propietario de la sede, que ha aportado las correspondientes garantías”, establece el informe que la candidatura presentó al Comité Olímpico Internacional.

Para facilitar el traslado del Atlético a La Peineta y enmendar de una vez la principal operación urbanística pendiente en la almendra central de la capital, la Asamblea de Madrid aprobó el pasado junio la nueva Ley de Patrimonio Histórico. El PP, con mayoría absoluta, incluyó un apartado que desbloquea expresamente la operación. La disposición minimiza ostensiblemente la imposibilidad de construir edificios de más de cuatro plantas (tres plantas más ático), decidida por Esperanza Aguirre en la Ley del Suelo de 2007. Los Ayuntamientos solo podrían autorizar la construcción de edificios singulares con una altura superior “cuando concurran circunstancias especiales debidamente apreciadas y motivadas”. La limitación solo sería de aplicación en los planes urbanísticos aprobados a partir de la entrada en vigor de la norma.

Con todo, el Ayuntamiento y la Comunidad aprobaron una modificación urbanística en 2009, permitiendo tirar el estadio y la fábrica para construir torres de hasta 17 alturas; es decir, muy por encima del límite legal. El Tribunal Superior estimó en enero de 2012 un recurso que bloqueó la operación. Para resolver el entuerto, la Ley de Patrimonio recoge que el límite de cuatro alturas aprobado en tiempos de Aguirre no afectará al suelo que ya era urbano en 2007. Pero, sin la ola olímpica, se antoja que el proceso se alargará en el tiempo, si no es que se detiene por completo. El Atlético, de momento, se queda en su hogar desde 1966. Y pinta que por mucho tiempo.