Díaz quiere un Ejecutivo libre de cargos señalados por la justicia
La presidenta de la Junta confecciona su Gobierno con total hermetismo Las direcciones provinciales plantearon “peticiones” para estar en el Gobierno
Dijo que el Gobierno se conocerá este lunes y así va a ser. Al contrario que su antecesor, José Antonio Griñán, la presidenta de la Junta apuró ayer hasta el último momento para cerrar su primer Ejecutivo que dará a conocer hoy para evitar por todos los medios filtraciones. Las llamadas las empezó a hacer ayer por la tarde y no desde el palacio de San Telmo, sede de la presidencia, para evitar el control de las entradas y salidas. Nadie quiso contar desde dónde trabajó. El hermetismo sobre la profundidad de los cambios en el Gobierno era total, algo que sorprendió a los propios secretarios generales provinciales del PSOE, acostumbrados a ser informados desde el primer minuto de las incorporaciones y de las salidas. El secretario general de la Presidencia, Máximo Díaz Cano, que continuará en el mismo cargo, estuvo a su lado toda la jornada.
A los que entran y a los que salen les pidió discreción absoluta. Al igual que a sus socios de Izquierda Unida, que estaban al tanto de sus intenciones.
Díaz tiene decidido blindar a su Gobierno de cualquier salpicadura de casos judiciales abiertos. El principal es el de los ERE, pero también en el horizonte figura el llamado caso Invercaria, una sociedad de capital riesgo de la Junta, en el que se investiga la concesión de ayudas y préstamos. La gestión política de este asunto le ha tocado al consejero de Economía, Antonio Ávila, que no tenía ninguna responsabilidad con los hechos que investiga el juez. Ávila también ha tenido que lidiar con el fraude de los expedientes, al asumir las competencias de Empleo al inicio de la legislatura. Su continuidad era una incógnita.
La onda del caso de los ERE afecta de lleno a Carmen Martínez Aguayo, quien aseguró que no remitió a Griñán, cuando era su viceconsejera de Economía y Hacienda, ninguno de los informes de la Intervención advirtiendo contra el procedimiento seguido para dar las ayudas sociolaborales. Su salida se da por hecha. Tanto Ávila como Aguayo son personas del círculo de confianza de Griñán, que en su despedida justificó su marcha para evitar a la Junta “la erosión” de los ERE.
Los dos llegaron al Gobierno andaluz de la mano del expresidente. La marcha de Antonio Lozano de la viceconsejería de la Presidencia, otra persona de la máxima confianza de Griñán, se da por hecha. Lozano está imputado por la juez Alaya por haber sido director general del Preupuestos.
La presidenta socialista mantendrá las 11 consejerías actuales para no romper el equilibrio de reparto de poder con Izquierda Unida, cuyos tres consejeros continuarán en los mismos cargos de responsabilidad: Diego Valderas, que ostenta también la vicepresidencia, en Administración Local; Elena Cortés, en Fomento; y Rafael Rodríguez, en Turismo. También se da por hecha la continuidad del fiscal en excedencia Emilio Llera al frente de Justicia y del consejero de Cultura y Deportes, Luciano Alonso aunque se desconoce si en este o en otro puesto. Igualmente, se daba por hecha la continuidad de María Jesús Montero, que es consejera de Salud desde 2004.
La principal incógnita afecta a las consejerías de la Presidencia, que Díaz deja vacante, y de Hacienda que podría unir a Economía. Luis Planas también sale de Agricultura. Sobre Presidencia recae toda la coordinación del Ejecutivo y las relaciones con Izquierda Unida. Es el puesto más politico del Gobierno y la persona que lo ocupe debe ser de total confianza de Díaz. También había dudas sobre la continuidad de Mar Moreno al frente de Educación.
Algunas fuentes aseguraron que habrá cambios en la estructura de la Junta de Andalucía, con trasvase de competencias de uno a otros departamentos, aunque estas serán muy pocas, según estos medios.
El hermetismo con el que la presidenta de la Junta llevó los contactos sorprendió mucho en el PSOE. Díaz mantuvo conversaciones telefónicas con los secretarios generales del partido. También con el vicesecretario general, Mario Jiménez. Según algunos, no hubo presiones, aunque sí “peticiones” de los referentes provinciales. El secretario general del PSOE andaluz, José Antonio Griñán, se ha querido mantener al margen de la confección del Ejecutivo porque no quiere opinar sobre lo que haga su sucesora. Pidió expresamente que ni se le preguntara ni se le dijera nada y esperará a conocerlo hoy.
La presidenta andaluza había hecho saber antes de su investidura que no iba a hacer un Gobierno de cuotas territoriales, como ha sido casi siempre. Esta norma no escrita de que cada provincia debe tener un consejero la rompió Griñán en su último Gobierno. Díaz está obligada por ley a mantener la paridad del Ejecutivo, algo que se produce desde el año 2000.
La principal prioridad del nuevo Gobierno, que tomará posesión mañana martes, es la elaboración del Presupuesto de la comunidad para 2014. Martínez Aguayo lo ha dejado muy encarrilado.
