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Los pozos ilegales desaparecerán de Doñana en un máximo de cinco años

El plan de regadíos plantea ordenar el uso del agua en un lustro

Captación ilegal entre Moguer y Lucena, en Huelva.

El plan especial de ordenación de la zona norte de la corona forestal de Doñana está más cerca de su aprobación. Esta norma, que pretender ordenar la actividad agrícola y controlar el uso del agua, sale por fin del atasco en el que había quedado atrapada en los despachos de la Junta de Andalucía, que comenzó a tramitarlo en diciembre de 2007. La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha remitido este viernes al Consejo de Participación de Doñana el documento definitivo, al que se han incorporado parte de las más de 3.800 alegaciones que se presentaron. Este órgano deberá emitir ahora un informe. Fuentes de la Secretaria General de Ordenación del Territorio han apuntado que el plan podría estar aprobado definitivamente durante el primer trimestre de 2014.

A partir de ese momento, las Administraciones tendrán que comenzar a poner orden en la descontrolada actividad agrícola de la zona. Uno de los asuntos principales es el cierre de los pozos ilegales, cuyo número se desconoce oficialmente, aunque WWF habla desde hace tiempo de un millar. Durante años no se ha impedido que se hicieran captaciones irregulares en el principal acuífero de Doñana. Ahora, el plan fija un plazo máximo de cinco años para la "clausura de captaciones subterráneas no regularizadas". El programa de actuaciones también fija un lustro de plazo para acometer la "ordenación del aprovechamiento de aguas subterráneas" en las zonas en las que se autoriza la actividad agrícola y para la constitución de las comunidades de regantes. Este último paso será determinante porque ya no será el dueño de cada parcela el que acometa las captaciones, sino que se realizará desde estas comunidades de regantes con pozos reglados.

Los agricultores de la zona han pedido algo así como una amnistía temporal para las captaciones irregulares. Lo han hecho después de las sanciones que se les están imponiendo. La Guardia Civil, además, está investigando este asunto.

El cierre de los pozos y la ordenación del regadío lo acometerán las Administraciones central y regional. El Gobierno andaluz estima que todas las actuaciones previstas en la norma supondrán una inversión de 62 millones, que serán asumidos por el Estado, la comunidad y los propios regantes. El apartado de ordenación de los aprovechamientos hídricos supondrá 540.000 euros.

El retraso en solucionar las captaciones ilegales ha provocado varias llamadas de atención de la Unesco a las Administraciones españolas. La última, en junio, cuando el Comité de Patrimonio Mundial alertó de que, si no se encontraba solución a problemas como el de los pozos ilegales, se podrían dar "las condiciones para la inscripción en la lista del patrimonio mundial en peligro" al espacio natural de Doñana "en un futuro próximo". La Unesco reclamó al Estado español que, antes de febrero de 2014, envíe un informe sobre la conservación del parque. Para esa fecha podría estar aprobado ya el plan de ordenación.

En los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (todos en Huelva) hay autorizadas 506 captaciones. Pero, según indica el plan de la corona forestal de Doñana, la Comunidad de Regantes de El Fresno llegó a cifrar en más de 2.500 los pozos existentes en la zona. La Junta no ha aclarado este viernes el número de pozos que se tendrán que clausurar.

El último atasco en el que había quedado varado este plan era en la disputa entre la Junta y Gobierno central. Pero la consejería y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir han cerrado un acuerdo este verano que ha permitido desbloquear la situación. La principal divergencia era la dotación máxima por hectárea. El anterior borrador del plan establecía un tope de 4.000 metros cúbicos al año por hectárea. Ese máximo se ha eliminado ahora. Lo que se hace es fijar un tope de extracción del acuífero 27, del que en 2014 los agricultores podrán captar 23 hectómetros cúbicos. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se encargará cada año de fijar un máximo partiendo de los informes técnicos.

En total, el plan prevé una dotación de 39,3 hectómetros cúbicos, de los que 25,9 se destinarían a los cultivos bajo plástico, es decir, a la fresa. La diferencia entre los 23 hectómetros cúbicos procedentes del acuífero y los 39,3 totales debe salir de las aguas superficiales. El plan incluye ya los 4,99 hectómetros cúbicos del trasvase que se está ejecutando desde la cuenca atlántica al Condado.

146 hectáreas más regularizadas

La fase de alegaciones al plan ha supuesto que 146 hectáreas de regadío nuevas se consideren legales. El borrador de la norma contemplaba que en los cinco municipios afectados —Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado— hubiera 8.952 hectáreas de regadío. En el nuevo texto ya son 9.098, de las que 5.825 están dedicadas a los cultivos bajo plástico. El otro gran cultivo es el de los cítricos, con 1.658 hectáreas.

Del total, 2.020 hectáreas corresponden a la demarcación hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras. Según el plan, en este caso esos suelos de regadío “serán atendidos por aguas superficiales”. Sin embargo, en el caso de la demarcación del Guadalquivir (7.019 hectáreas) el volumen mayor procede de las aguas subterráneas, es decir, del castigado acuífero 27.

El plan supondrá que una superficie considerable se quede fuera de ordenación, lo que supondrá que esas zonas de cultivos sean ilegales. La Junta de Andalucía no ha aclarado cuántas hectáreas estarán en esta situación, algo que ha reclamado en varias ocasiones WWF. Esta organización estima que en la zona se han instalado unas 1.500 hectáreas de regadío después de 2004. Ese año es el punto de referencia que ha fijado la Junta de Andalucía para declarar los cultivos legales o ilegales. El Gobierno andaluz ha regularizado los terrenos que “vienen regando desde al menos el año 2004”, cuando entró en vigor el vigente Plan de Ordenación del Territorio de la zona de Doñana.

Por su parte, la Comunidad de Regantes El Fresno había estimado que en el ámbito de influencia del plan hay 13.852 hectáreas de regadío, con lo que más de 4.750 se quedarían fuera. Felipe Fuentelsaz, de WWF, considera que la negativa de la Junta a identificar en el plan los suelos de regadío que no serán legales dejará a esos agricultores en un “limbo”. En su opinión, tras esta decisión está el “miedo” a la reacción social ante la ilegalización de explotaciones —en Almonte, por ejemplo, el 25% de la población ocupada trabaja en la agricultura— y a una “falta de voluntad política”.

El plan de la zona norte de la corona forestal también incluye un sistema de corredores verdes. En total, están previstos 163 kilómetros, que se extienden por una superficie de 3.275 hectáreas. Tras el periodo de alegaciones, la Junta ha decidido incluir un nuevo corredor al norte, como habían reclamado los grupos ecologistas. Esto supondrá la construcción de un nuevo paso de fauna en la carretera entre Almonte y Matalascañas.