El juez de Emarsa pide una lista de bienes a embargar a dos imputados
Morenilla y Bernácer no han cubierto la fianza de 13,7 millones de euros
El magistrado que instruye el caso Emarsa, en el que se investiga un agujero millonario en la empresa que gestionó la depuradora de Pinedo de Valencia, ha dictado dos providencias en las que insta a los imputados Ignacio Bernácer y José Juan Morenilla a señalar cada uno de ellos los bienes de su propiedad que resulten suficientes para cubrir la cantidad de 13,7 millones de euros que les impuso como fianza para asegurar las responsabilidad pecuniarias al no haberla prestado.
En el caso de que en una audiencia no determinen los bienes o los que señales sean insuficientes para cubrir las cantidades fijadas, el magistrado acuerda que se proceda al embargo según el artículo 598 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, indica en dos escritos de fecha del pasado martes facilitados por el Tribunal Superior de Justicia.
José Juan Morenilla fue gerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) e Ignacio Bernácer ocupó el cargo de jefe de Explotaciones. El juez ordenó el pasado mes de julio esta fianza al ver indicios "racionales" de criminalidad en su actuación en relación con la depuradora de Emarsa, con lo que accedió a la solicitud efectuada por la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) -que ejerce de acusación-, a la que posteriormente también se sumó la fiscal del caso.
El magistrado también preguntó a la Epsar, que depende de la Generalitat, si Bernácer había sido despedido de la entidad pública y, en caso afirmativo, con qué indemnización. La entidad de saneamiento contestó que el imputado fue despedido el 18 de junio de 2013.
Tanto Morenilla como Bernácer fueron imputados en el caso Emarsa a mediados de abril de 2012. Morenilla ostentó durante todo el periodo objeto de investigación (2004 a 2008) uno de los cargos de máxima responsabilidad dentro del organigrama funcional de la Epsar; Bernácer ejerció las funciones de jefe del departamento de Explotaciones del ente público.
El juez les imputó tras las declaraciones del ex director financiero de Emarsa, Enrique Arnal; el exinformático Sebastián García, conocido como Chanin; y el exgerente, Esteban Cuesta. En concreto, el primero de ellos declaró que era "evidente" que "solamente los señores Morenilla, Bernácer", y Enrique Crespo, exalcalde de Manises y expresidente de Emarsa, también imputado, "disponían de los medios necesarios para organizar la trama Emarsa y enriquecerse de forma desmedida".
Por su parte, García indicó que tenía conocimiento, por palabras del propio Esteban Cuesta, de que existía un "fraude organizado" por Crespo, Morenilla y Bernácer, "que consistía en sobrevalorar el precio del lodo" que se retiraba de la depuradora metropolitana de Emarsa.
Asimismo, para imputar a Morenilla y a Bernácer, el magistrado tuvo en cuenta los apuntes aportados por las acusaciones. En concreto, la acción popular apuntaba "irregularidades" en la constitución de las reuniones de la comisión de seguimiento del convenio de 2004 entre la Epsar y Emarsa, coincidentes en el tiempo con el periodo objeto de la investigación.
