recortes sociales

Mas recorta en el primer semestre 1.300 millones en salud, educación y bienestar

La ejecución presupuestaria hasta junio revela una bajada del gasto en sanidad del 20%

El descenso en el área de enseñanza es del 10%

La primera prórroga frena el déficit no financiero

La Generalitat ha decidido reducir el déficit público mediante recortes de gasto. Y para ello, el Ejecutivo catalán ha echado mano a las principales partidas del Presupuesto, que son también las que Artur Mas el año pasado se había fijado como la línea roja que no iba a traspasar: sanidad, educación y servicios sociales. Según la ejecución presupuestaria del primer semestre, esas tres partidas sufrieron un tijeretazo de 1.293 millones de euros respecto al mismo periodo del año pasado. Durante ese periodo, la Generalitat consiguió contener el déficit no financiero a 244 millones de euros a pesar del descenso en los ingresos, del 10%.

Los datos de la ejecución presupuestaria hasta junio reflejan el impacto que tuvo el primer decreto de prórroga presupuestaria, que estuvo vigente hasta mayo y que obligó a los departamentos a contener su gasto el 28% en relación al año anterior, aunque luego abrió la mano hasta el 14% y la semana pasada lo rebajó al 8,6%. Esos criterios estrictos supusieron, según informó la Generalitat al Ministerio de Hacienda, unos recortes de gasto de 1.681 millones de euros, que situaron el déficit de todo el sector público catalán en el 0,72% del PIB. En su comparecencia ante la diputación permanente del Parlament, el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, aseguró que la Generalitat apenas tenía margen para aumentar el déficit en 0,38 puntos lo que queda de año.

Las partidas

lluis pellicer

  • Salud.3.404,2 millones de euros (-20,5%).
  • Educación. 2.501,5 millones de euros (-10,3%).
  • Protección social. 758 millones (-14,4%).
  • Seguridad y protección civil. 482,2 millones (-2%).
  • Transporte. 438,2 millones (+9,9%).
  • Administración y servicios generales. 433 millones (-7,1%).
  • Justicia. 349 (-0,7%).
  • Sociedad de la información y telecomunicaciones. 218 millones (-19,5%).

La reducción del gasto no financiero supone prácticamente la caída de todas las partidas, pero sobre todo las que tienen que ver con el Estado del bienestar, que supone aproximadamente dos tercios del presupuesto catalán. El informe mensual por áreas y política de gasto de la Generalitat indica que, en términos absolutos, se hizo el mayor boquete a la cantidad asignada al Departamento de Salud. A esa área se destinaron 3.404,1 millones de euros, 878,6 millones menos que en el mismo periodo del año pasado, un descenso del 20%. Le siguen Educación, que dispuso de 2.501,5 millones de euros, el 10,3% menos, y protección social, que contó con un 14,4% menos que en el primer semestre de 2012. También se destinaron menos recursos a fomento del empleo. En concreto, 185 millones, el 66% menos que en 2012.

Fuentes de la Administración catalana recordaron que los datos parciales del año son relativos, puesto que los pagos no son idénticos todos los meses. Además, explicaron que hasta ese mes los departamentos estaban sujetos a la fuerte restricción de gasto derivada de la prórroga presupuestaria.

De la bajada no se libró casi ningún departamento, salvo el de Territorio y Sostenibilidad, que debe atender pagos diferidos por obras efectuadas en años anteriores. Los estímulos a la actividad productiva también retrocedieron —menos el turismo, que contó con más recursos por la tasa turística—, en especial en el área de investigación y desarrollo. Esta pudo disponer de 81,6 millones de euros, el 30% menos que en el primer semestre del año pasado. Por contra, se destinó el 20% más a promoción social, el 14,5% más a vivienda, el triple a deportes y el doble a actuaciones ambientales, aumentos que en parte se explican por el bajo importe de las partidas.

 Por capítulos, los gastos de personal se redujeron el 5,2%, hasta los 2.284 millones de euros por las medidas que se adoptaron el año pasado y que, entre otras muchas percepciones y derechos, supone la supresión de la paga de Navidad de los empleados públicos. Las inversiones se mantuvieron en mínimos, en 112 millones de euros (frente a los 197 millones del año pasado).

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