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El conflicto de la basura se recrudece en A Coruña con el paro de todo el sector

El Gobierno local se niega a mediar entre la concesionaria y sus trabajadores

Se cumplen cuatro semanas de huelga en la planta municipal de Nostián, encargada de tratar las 210 toneladas de residuos que generan cada día los 420.000 habitantes de la capital provincial y nueve municipios agrupados en el Consorcio de As Mariñas. El conflicto es en principio laboral: desde marzo, Albada, la UTE concesionaria del servicio —participada al 50% por Ursaber—, y los trabajadores tratan de negociar, sin avance alguno tras 30 reuniones, un nuevo convenio. Por el medio hubo despidos alegando causas productivas que enmarañaron el panorama. También la firme negativa del gobierno municipal de Carlos Negreira (PP) a intervenir para desbloquear un conflicto que paraliza un servicio público esencial para los ciudadanos.

En la trastienda de la guerra, está su coste para las arcas públicas, el cumplimiento por parte de la empresa privada de las obligaciones de su concesión, el tratamiento real de la basura que entra en Nostián. El 65% debería reciclarse. Pero es casi el porcentaje que alcanzan los rechazos enviados a Sogama para incinerar. Aunque son estimaciones. Las auditorías encargadas por el ayuntamiento para renegociar con Albada el canon siguen siendo secreto de Estado. Como toda la gestión de la basura en A Coruña, marcada por la opacidad.

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El conflicto amenaza con recrudecerse con la huelga de 24 horas prevista para hoy y mañana en todo el sector de la limpieza de la comarca. Los cuatro sindicatos (CIG, UGT, CCOO y STL) extendieron la convocatoria a Sogama, el complejo de tratamiento e incineración de residuos de la Xunta en Cerceda. El motivo formal del paro es protestar por la reforma laboral. Beneficia, dicen las centrales, a las concesionarias de servicios públicos ya que reducen salarios y personal para mantener sus beneficios. Cespa, encargada de la recogida de la basura en toda la comarca coruñesa, ya solicitó que el paro sea declarado ilegal. Advierte que el conflicto de Albada no le incumbe, sus convenios laborales están vigentes y no recurrió a despedir personal.

No obstante, la protesta cuenta con el apoyo expreso de los servicios de recogida y tratamiento de basura de las demás ciudades gallegas. Enviarán representantes a la manifestación que recorrerá mañana A Coruña. Y son ya 7.000 las firmas de coruñeses apoyando a los trabajadores de Albada y reclamando no pagar la cuota de agosto por un servicio que no se está realizando.

Desde el 28 de julio, las toneladas de basura de la comarca coruñesa son llevadas, sin tratar, a un vertedero de Santiago. Es también propiedad de Urbaser. Durante los diez primeros días del paro, coincidiendo con las fiestas de A Coruña, el hedor y la inmundicia se apoderaron de la ciudad. Ahora, cada noche, los camiones son descargados bajo escolta policial. A más de 200.000 euros asciende ya la factura de esos convoyes así como la reposición de contenedores quemados durante este primer mes de protestas, se queja el gobierno coruñés.

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Pero no quiere ni oír hablar, como le reclaman la oposición y la plantilla de Albada, de cobrar a la concesionaria este mes que lleva sin realizar el servicio de tratamiento. O de obligarle de alguna manera a cumplir con el servicio. “Es un conflicto interno entre una empresa y sus trabajadores”, se escuda una y otra vez el teniente de alcalde, Julio Flores. Afirmó incluso que “esa manía” de otros ayuntamientos de intervenir en problemas laborales de una concesionaria “puede ser considerada ilícita por un juez”. Y no dudó en tachar de “política” la huelga del sector que comienza hoy a las 23 horas. Para Flores, la oposición (PSOE, BNG y EU) “se ha convertido en parte del problema”. Y aunque mantiene bajo secreto las negociaciones con Albada para renegociar el coste del servicio, el gobierno local acusa a sus antecesores socialistas de “la deuda” de 30 millones que le dejó pendiente de abonar a la concesionaria.

El comité de empresa insiste en que Albada no se apea en pretender reducir en un 25% los salarios. “Disfraza sus propuestas pero no baja de esa cifra”, acusa el presidente del comité, Xosé Manuel Vilariño. Y exige para negociar “una garantía de empleo” además de la readmisión de nueve despedidos. “La plantilla está unida al 100% en seguir con la huelga, cueste lo que cueste”, asegura Vilariño. En la empresa, esperan a ver qué pasa tras el paro de hoy.

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