Educación renueva los conciertos con colegios que segregan por sexos

La Xunta de Galicia mantenía la incógnita sobre el futuro de los conciertos educativos con cinco colegios ultracatólicos que segregan a los niños por sexos desde que, el pasado marzo, el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad los declarara ilegales. Tras unos días de titubeos, el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo anunció entonces que acataría el fallo judicial y desistió de recurrirlo ante el Supremo, que ya ha emitido una decena de resoluciones considerando también contrarios a la ley los acuerdos públicos con ese tipo de centros. Pero este miércoles, en plenas vacaciones, la Consejería de Educación de la Xunta ha dado a conocer los conciertos con colegios privados para los próximos cuatro años, entre los que se incluye la renovación de los acuerdos con los centros que segregan a los niños.

Para justificar su decisión, el Gobierno autónomo argumenta que la sentencia del Tribunal gallego no es firme, ya que las empresas propietarias de los cinco colegios en cuestión —Fomento de Centros de Enseñanza, vinculada al Opus Dei, y Asociación Fontenova— la han recurrido ante el Supremo. La Xunta también alude a que en el anteproyecto de la nueva ley educativa elaborado por el Ministerio de José Ignacio Wert, todavía pendiente de su tramitación parlamentaria, figura un artículo que propone blindar la posibilidad de patrocinio público a los centros que imparten la llamada “educación diferenciada”. Wert introdujo esa reforma tras la constatación, por la abundante doctrina jurídica del Supremo, de que esos conciertos contravienen de forma expresa la vigente ley de educación. El Alto tribunal se tuvo que pronunciar tras una larga batalla judicial en la que también se han visto envueltos los Gobiernos de Andalucía, Asturias y Cantabria.

Una decena de resoluciones del Supremo también los declaró ilegales

En marzo pasado, el Tribunal Superior de Galicia utilizó el mismo argumento que el Supremo para dictar la suspensión de los centros segregados de la comunidad, tras un recurso presentado por el Sindicato Gallego de Trabajadores de la Enseñanza (STEG). Los magistrados gallegos, citando textualmente esa jurisprudencia, concluyeron que, aunque “no se cuestiona la existencia de la educación diferenciada, tan legítima como el modelo de coeducación [niños y niñas juntos]”, eso no implica que “pueda acogerse al sistema de enseñanza gratuita de centros concertados sostenidos con fondos públicos”. La Ley Orgánica de Educación de 2006 establece que los criterios de admisión de los centros no pueden tener elementos discriminatorios, entre los que se cita expresamente el sexo.

La Xunta solo ha dejado fuera de los conciertos ahora renovados a los alumnos que se matriculen por primera vez, en los cursos iniciales de Primaria y Secundaria. En todos los niveles restantes se mantiene la situación actual para “garantizar que el alumnado ya escolarizado no sufra alteración alguna en su trayectoria educativa y pueda terminar sus estudios en las mismas condiciones con las que los iniciaron”, según una nota de la Consejería de Educación. El Gobierno gallego apunta que ese es el mejor modo de “minimizar los posibles efectos en el alumnado y las familias en general, a la espera del pronunciamiento del Supremo”.

El patrocinio a estos centros cuesta a la Xunta tres millones al año

Los cinco colegios que se beneficiarán de la medida son Aloya, Las Acacias y Montecastelo, en Vigo, y Peñarredonda y Montespiño, en A Coruña. Según el sindicato nacionalista Confederación Intersindical Gallega (CIG), en el caso de Las Acacias el concierto con la Xunta incluso se amplía al incluir un nuevo ciclo superior de FP de Integración Social “que le fue negado a varios centros públicos de la provincia de Pontevedra”.

Los conciertos con esos cinco colegios fueron anulados en 2009, poco antes de abandonar el poder, por la coalición de socialistas y nacionalistas que entonces gobernaba Galicia. Una de las primeras medidas que tomó el PP de Feijóo al llegar a la Xunta fue reponerlos. Casi al mismo tiempo, Feijóo suprimía otra medida del Gobierno anterior, la gratuidad de los libros de textos, para ahorrar unos tres millones de euros al año, cantidad similar a la que cuesta a la Administración pública el patrocinio de los centros de “educación diferenciada”. Desde entonces, el PP ha ido aplicando sucesivos recortes en Educación —el próximo curso, la supresión de 45 aulas rurales y la implantación del copago en los comedores escolares— de los que siempre han quedado a salvo los centros segregacionistas. STEG, el sindicato que ya presentó el anterior recurso, anunció que planteará una nueva demanda.