La exconselleira de Facenda dice que la Xunta no controlaba las preferentes
La elección de KPMG, según Currás, se decidió "en contacto con el Banco de España"
Cuando se comercializaron las participaciones preferentes el Gobierno gallego no tenía obligación de realizar "ningún tipo de actuación administrativa" en relación con estos productos financieros. Así lo explica la actual secretaria de Estado de Presupuestos y conselleira de Facenda de la Xunta en el momento de la fusión de las cajas gallegas, Marta Fernández Currás, en un escrito enviado a la comisión del Parlamento gallego que investiga la caída de las antiguas Caixa Galicia y Caixanova.
Fernández Currás se negó en su día a comparecer ante la Cámara gallega alegando que sus actuales responsabilidades en el Gobierno central no le permiten someterse al interrogatorio de los diputados gallegos. Currás se limitó a enviar una respuesta por escrito al comité parlamentario, que le requirió explicaciones adicionales. En la segunda respuesta que ha enviado a la Cámara, a la que ha tenido acceso Europa Press, la exconselleira señala que, según la legislación vigente, las entidades de ahorro no necesitaban de ninguna "autorización administrativa previa" para emitir preferentes. y obligaciones subordinadas. Respecto a estas últimas, Currás señala que el Ejecutivo autónomo se limitaba a realizar las "comprobaciones materiales de los acuerdos societarios correspondientes a la emisión".
Por lo demás, la antigua mano derecha de Feijóo para asuntos financieros señala que el Gobierno gallego realizó a través de sus propios técnicos diversos informes sobre la situación de las cajas y aprovecha para lanzar una pulla a la anterior Xunta bipartita que, según ella, había subcontratado esos trabajos a una consultora privada.
La exconselleira rehuye la pregunta directa de los diputados sobre cuánto costó a la Xunta la auditoriía encargada a la consultora KPMG, cuyos resultados utilizó el Gobierno de Feijóo para promover la fusión de las dos antiguas cajas. Currás se limita a señalar que el expediente de pago a la auditora se realizó "según la normativa vigente". La oposición ha asegurado reiteradamente que por esa auditoría, que se realizó en apenas un mes, la Xunta pagó un millón de euros. La elección de KPMG, según Currás, se decidió "en contacto con el Banco de España" porque esa consultora no había realizado previamente otros informes sobre las cajas.
