El Estado paga 2.757 millones a proveedores de Administraciones catalanas

El Ministerio de Hacienda, a través de su mecanismo de pago a proveedores a las comunidades autónomas y organismos locales, ha asumido el pago de un total de 2.757 millones de euros de facturas anteriores a 2012 que adeudaban la Generalitat, municipios y entes locales catalanes que estos eran incapaces de afrontar por los recortes presupuestarios y la restricción del crédito. Según el ministerio que dirige Cristóbal Montoro, ese mecanismo sirvió para pagar 263.289 facturas pendientes de 5.724 proveedores.

Esta fuente de pagos es, junto al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), uno de los principales sistemas creados por la Administración del Estado para facilitar el pago a las autonomías y entes locales acuciados ante la falta de liquidez. Los acreedores deberán devolver esos recursos con un tipo de interés fijado por el Gobierno. Según informó ayer Hacienda, esta última semana se ha acabado de completar el pago de las deudas contempladas en este plan, con el pago de otros 1.142 millones de euros.

La Generalitat ha aprovechado las dos fases que abrió el Gobierno central para activar su mecanismo de pago a proveedores, que cubre tanto conciertos con entidades sanitarias, educativas y servicios sociales como el pago a farmacias, entre otros. En una primera convocatoria se acogió para sufragar una deuda de 2.020 millones de euros y el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, ya ha anunciado su intención de participar en una segunda fase. Con los recursos que perciba la Generalitat, pagará a proveedores y Ayuntamientos.

Más recursos

El de la Generalitat, según los datos de Hacienda, es el Gobierno autónomo que más recursos ha demandado al Estado en las diferentes fórmulas creadas para reducir la morosidad de las Administraciones. En los dos últimos años ha pedido ayuda por valor de 20.156 millones de euros. Solo este ejercicio se han solicitado 9.398 millones de euros al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), mientras que el año pasado la cantidad fue de 5.434 millones de euros. A esa cantidad hay que añadir los 2.020,2 millones de euros citados y los otros 1.304 millones de una línea denominada ICO-Vencimientos.

Las fórmulas creadas por el Estado son las únicas de que dispone el Gobierno de Artur Mas para asumir sus compromisos de pago.