Agustí quiere pagar con fondos de Paterna su defensa en el caso del auditorio

El alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, del PP, da por hecho que va a tener que defenderse de una acusación de prevaricación por la adjudicación del auditorio de la localidad, anulada en su día por un juzgado contencioso-administrativo y que la fiscalía ha llevado al juzgado por la vía penal tras una denuncia de los socialistas. La junta de gobierno municipal acordó el 31 de julio contratar un "abogado especialista" y un procurador para la defensa del regidor. En el acuerdo se explicita que "tanto si se sobreseen y archivan las diligencias como si finalmente resultara absuelto los honorarios de dichos profesionales deben ser atendidos por el Ayuntamiento pero, en caso contrario, esos honorarios deberán ser atendidos por el propio alcalde".

El portavoz socialista en Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha calificado de "indecencia política que el alcalde de Paterna quiera pagar su defensa con el dinero de todos los paterneros y paterneras". Según el concejal, "que Agustí quiera pagar la defensa de su imputación con dinero público es inmoral e indecente".

Agustí todavía no ha sido imputado por el juzgado número 1 de Paterna, después de que la fiscal jefe de Valencia, Teresa Gisbert, enviara la solicitud de apertura de una instrucción penal. La supuesta prevaricación se produjo porque Agustí adjudicó en 2010 por 456.470 euros, sin respetar los procedimientos de concurrencia y publicidad, el proyecto del auditorio, pese a las advertencias tanto del interventor como de la secretaria municipal.  El alcalde alegó que en 2008 se había celebrado un concurso de ideas a través de la empresa pública Sociedad Urbanística Municipal de Paterna (Sumpa) en el que los socios del Centro Musical Paternense habían escogido la propuesta del estudio de Arquitectura de Paterna.

El auditorio se construyó con fondos del denominado Plan E, aportados por el Gobierno de España, y fue inaugurado en 2011, pero la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana se opuso al método de adjudicación del proyecto e interpuso un recurso que llevó a su anulación en 2012. El estudio adjudicatario no pudo cobrarlo y reclama al Ayuntamiento el pago con intereses de lo que se le debe.