Los guardias que daban información a narcos frustraron varias operaciones
Dos agentes de Pontevedra vendían sus informaciones a bandas arousanas
Los guardias civiles adscritos a la Comandancia de Pontevedra, Diego Fontán y Javier López, permanecen en la prisión provincial de A Lama, acusados de pasar información confidencial a redes del narcotráfico que operan en las Rías Baixas. La investigación sobre los agentes se centra en verificar los efectos que hayan podido tener los soplos que supuestamente vendían a los narcos sobre investigaciones abiertas por los servicios antidroga del Instituto Armado y cuántas de estas operaciones se habrían frustrado como consecuencia de ello. La detención de ambos guardias y otras cuatro personas que presuntamente hacían de intermediarios fue iniciada por la Unidad Central de la Guardia Civil en colaboración con la Comandancia de Pontevedra y la fiscalía antidroga. Las investigaciones se iniciaron hace varios meses a raíz de una operación que no llegó a término y que levantó las primeras sospechas.
Esta operación —y se cree que también —otras anteriores, se pudieron frustrar, supuestamente, por las filtraciones procedentes de miembros del Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) al que pertenecía el detenido Javier López, que presuntamente facilitaba información a otro agente Diego Fontán. Este solicitó hace menos de un año solicitó la excedencia en la Unidad de Delitos Urbanísticos a la que estaba adscrito.
El titular del Juzgado número 2 de Pontevedra que instruye el caso decretó para los agentes implicados prisión sin fianza aunque dejó en libertad provisional a otro de los detenidos, Juan Carlos S.N., un vecino de Caleiro (Vilanova de Arousa) que supuestamente se beneficiaba de la venta de información que le pasaban los guardias. Dos de los arrestados en la redada, Rubén M.N., de Sanxenxo, y Ricardo T.A., con varios negocios de hostelería en la comarca de Arousa, quedaron en libertad sin cargos después de ser interrogados por la Policía Judicial y no llegaron a prestar testimonio ante el juez.
Ofrecían sus datos al mejor postor” Los investigadores
De los pinchazos telefónicos de los agentes y otras pruebas obtenidas en el curso de la investigación se deduce que los guardias supuestamente colaboraban con importantes organizaciones, entre ellas se cree que una de las más activas de la pasada década, conocida en términos policiales como Los Pasteleros. Incluso se ha podido identificar al supuesto intermediario del grupo que era informado de los movimientos de la Guardia Civil. Sus integrantes, la mayoría sin antecedentes policiales, iban a enfrentarse a uno de los mayores procesos judiciales de los últimos años por una operación de cocaína pero el juicio fue suspendido tras la fuga del único testigo de cargo de la Fiscalía que había detallado paso a paso el transporte y descarga de la droga.
"La información reservada se vendía al mejor postor", según indicaron fuentes del instituto armado, que confirman la existencia de "un trasiego de datos cuya repercusión objetiva todavía se está valorando para saber hasta qué punto se han venido abajo operaciones abiertas contra grupos de narcotraficantes por el ECO relativamente recientes".
Los investigadores no descartan que puedan producirse nuevas detenciones si se confirman algunos indicios. De hecho, el auto de prisión de ambos guardias civiles, que carecen de antecedentes penales, se motivó en la posible destrucción de pruebas, entre otras cuestiones procesales. Las pesquisas se desarrollan bajo secreto de sumario por lo que no se conocen detalles de las operaciones que se habrían frustrado por los posibles chivatazos de la información que manejaban los equipos de investigación del instituto armado. El juez acusa a los agentes imputados un delito de infidelidad en la custodia de documentos y al intermediario otro de revelación de secretos.
El agente y el pub
Diego Fontán Cuesta, hijo de un guardia civil de los servicios antidroga, había fijado su residencia en O Grove donde se implicó como gerente y relaciones públicas de uno de los pub de moda, Ocean’s Summer Club, en una urbanización de San Vicente do Mar. La noticia de su detención se extendió rápidamente en el sector hostelero de la zona, pero el local sigue funcionando con aparente normalidad.
El local fue inaugurado en el verano de 2010, y el agente combinaba sus tareas profesionales como adscrito a la Unidad Orgánica de Policía Judicial en la sección de Delitos Urbanísticos y su dedicación nocturna al pub, donde recibía a la clientela y promocionaba el negocio de música chill out con una original carta de cócteles. El pub ha tenido varias reformas de decoración y mobiliario con una evidente inversión. Está situado a pie de playa, en zona marítimo terrestre, y dispone de una amplia terraza de estilo zen. El agente se presentaba como socio principal del negocio y supervisaba la contratación de actuaciones musicales que funcionaban como el principal reclamo del local con conocidos DJ's y espectáculos acrobáticos.
