RTVV exige transparencia de costes para superar la etapa de escándalos

Canal 9 ha sido un nido de escándalos, irregularidades y sobrecostes en los últimos años. Unos ejemplos: El exdirector general de RTVV Pedro García está imputado por la contratación de Teconsa para la visita del Papa en 2006 en una ramificación del caso Gürtel; el exsecretario general Vicente Sanz está procesado por acoso sexual; el consejero Rafael Xambó (de Compromís) ha denunciado ante la Fiscalía el presunto trato de favor a Las Provincias TV y Popular TV por el uso del múltiplex de RTVV, durante el mandato de José López Jaraba.

La nueva directora general, Rosa Vidal, sólo dijo ayer conocer dos casos de irregularidades que ha intentado frenar: el pago a la productora Triskel por la compra de documentales ultraderechistas por un precio desorbitado, y la reclamación de 20.000 euros por cobro indebido al periodista argentino Víctor Seara de F-1.

La mala imagen de Canal 9 no sólo procede de la calidad de su programación, de la manipulación informativa o de su ínfima audiencia, también de los escándalos de sus directivos, nombrados por el Consell. En este contexto, llama poderosamente la atención la cláusula de “transparencia de costes” del pliego de condiciones de externalización de programas, que ayer fue presentado a un centenar de productores. Y la exigencia reiterada por Vidal y su equipo de que todos los gastos deberán ser justificados detalladamente y fiscalizados. A veces, lo normal es noticia.

Los productores que optan a ser adjudicatarios de los tres lotes del pastel de 1.371 horas inéditas por un año con un valor estimado de 10,3 millones, deberán contratar al menos con un 70% de trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE) o con experiencia de tres años en el sector valenciano. Esto, y el requisito de que los programas (concursos, infantiles, magazines, divulgación cultural) deben ser en valenciano privilegia a la siempre incipiente industria autóctona. Informativos y deportes no se privatizan.

El máximo beneficio propuesto de las productoras será de un 8%, más un posible premio según sus resultados de audiencia (2%) y rentabilidad social (1%). La publicidad de emplazamiento (las marcas que se ven durante los programas) y el patrocinio cultural que consigan las empresas se repartirá al 50% con Canal 9. El 10 de septiembre acaba el plazo de propuestas y la nueva programación debería comenzar a finales de noviembre.

A preguntas de los productores, RTVV aseguró que el contrato-programa debe regularizar los pagos a las endeudadas productoras con la aportación anual de casi 70 millones de euros de la Generalitat, al tiempo que se ofreció una fórmula de financiación beneficiosa. También las productoras deberán trabajar en las instalaciones de Canal 9 (el estudio 1 cuesta 8.000 euros de alquiler).

Control a la documentación

Antes estas condiciones, el periodista y consejero por EU, Manuel S. Jardí, lamentó el desmantelamiento de la plantilla que podría producir los programas ahora ofertados y se preguntó por el control del acceso, por ejemplo, al archivo documental de Canal 9.

El vicepresidente del Consell, José Ciscar, volvió ayer a advertir de que una hipotética nulidad judicial del ERE comportaría el cierre de RTVV por “insostenible” e incidió en que la prórroga hasta diciembre de 193 trabajadores del ERE depende de Trabajo.