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Errores y confusiones

El presidente trató de desacreditar puntos clave de la instrucción judicial Dos de los tres jueces instructores del caso sí vieron indicios contra Convergència

Jesús García Bueno

Artur Mas apenas se salió del guion previsto para expulsarse culpas por el caso Palau. Confiado en la palabra de su extesorero, el presidente trató de desacreditar puntos clave de la instrucción judicial. A diferencia de otras ocasiones, ayer evitó alusiones a una supuesta mano negra e incluso exhibió respeto por el trabajo de la fiscalía. De entrada, evitó hablar de simples “conjeturas” o “suposiciones” y admitió la gravedad de que vaya a abrirse juicio oral. “Se han obtenido indicios”, dijo, pero no pruebas. En su intento por derribar las acusaciones que se ciernen sobre su partido, Mas cometió algunos errores e incurrió en contradicciones. El presidente insinuó que la falta de “pruebas” sólidas redunda en la debilidad de las acusaciones. Pero lo cierto es que, en la fase de instrucción —la que ahora ha concluido—, solo cabe hablar de indicios racionales de delito.

Mas ahondó en otra supuesta flaqueza de la causa penal: no hay indicios de irregularidades en los procesos de adjudicación de obra pública a Ferrovial, la constructora que, presuntamente, abonó 5,1 millones a CDC a través del Palau de la Música. “Si las obras se adjudicaron correctamente, ¿qué trato de favor había?”. El juez y el fiscal aceptan que los concursos son impecables. Pero eso no impide, dicen, que empresa y partido suscribieran un “pacto” que duró 10 años y que consistió en pagar abultadas comisiones a cambio de favorecer adjudicaciones millonarias, como la Ciudad de la Justicia o la línea 9 del metro. “Espero que se tenga en cuenta en el juicio, tiene mucho valor”, dijo Mas.

Para Mas, en cambio, si no se han hallado nombres y apellidos en cuatro años de investigación es que, sencillamente, no existen

Uno de los argumentos que empleó para no asumir nuevas responsabilidades es que, entre los 17 imputados, no hay ningún miembro del Gobierno ni responsable actual del partido. Eso es cierto, pero hay matices. Para el juez y el fiscal está claro que “altos responsables” influyeron en cargos públicos para favorecer a Ferrovial. Que no se les haya logrado identificar, dicen, es otro cantar.

Para Mas, en cambio, si no se han hallado nombres y apellidos en cuatro años de investigación es que, sencillamente, no existen. Los dos únicos imputados vinculados directamente a CDC son el extesorero Daniel Osácar y el exdiputado Jaume Camps, a los que se atribuye un papel activo en el cobro de comisiones.

El presidente no entró en la teoría de la conspiración, cierto, pero la bordeó. Como cuando dijo que el fiscal “se ha pasado meses, y meses, y meses, y meses” investigando las comisiones ilegales. O cuando afirmó que el magistrado que lleva el caso, Josep Maria Pijuan, “no ha sido el único juez instructor, ha habido tres” y que los dos anteriores tenían “un criterio diferente”. La afirmación no es del todo correcta. El primer magistrado, Juli Solaz —criticado por su lentitud en la instrucción— no entró de lleno en la presunta financiación irregular de Convergència. Pero su sucesor, Miguel Ángel Tabarés —que estuvo en comisión de servicios en el juzgado de instrucción número 30 de Barcelona hasta que Pijuan ocupó la plaza— fue quien decretó, entre otras cosas, la imputación del extesorero.

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Pese a estar “convencido al 100%” de que Convergència no se financió de forma irregular entre 1999 y 2009, Mas se situó en el escenario de una hipotética condena. En tal caso, se comprometió a devolver “hasta el último céntimo de euro”. Su compromiso, en realidad, no tiene ninguna trascendencia. Si hay condena, Convergència estará obligada a devolver esa cantidad porque figura como responsable civil, a título lucrativo, en la causa. El verano pasado, el juez impuso una fianza de 3,2 millones al partido, que puso su sede central, en la calle Còrsega de Barcelona, como aval.

Mas no habló de ese aval ni entró a desmentir los detalles que el juez relata sobre el “flujo de fondos” que, presuntamente, llegó al partido: dinero en efectivo y facturas falsas emitidas por cinco empresas. También es verdad que, salvo Ciutadans —que sí aludió a la trama societaria— ningún otro grupo se interesó por esas circunstancias. El presidente solo mencionó habló de dinero para revelar que la Fundación Trias Fargas (rebautizada como CatDem tras el escándalo) ya ha devuelto la mitad de los 630.000 euros que logró mediante convenios de colaboración con el Palau.

Como si se tratase de un abogado defensor, Mas recordó algunos de los principios del derecho penal: presunción de inocencia, igualdad de armas (entre la acusación y las defensas) y obligación de demostrar la culpabilidad, no la inocencia. “Las acusaciones tienen todo el derecho del mundo a actuar, pero están al mismo nivel que las defensas”, señaló Mas, que acusó a la oposición de convertir “el auto judicial” —el que cierra la instrucción— “en un auto definitivo”.

El diputado de CiU Jordi Turull aprovechó su turno para remachar lo que el presidente, tal vez, no pudo decir de forma tan explícita: que, a su juicio, hay “indicios sin pruebas”, lo que conduce al caso Palau hacia una “dimensión desconocida” del Estado de Derecho.

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Sobre la firma

Jesús García Bueno
Periodista especializado en información judicial. Ha desarrollado su carrera en la redacción de Barcelona, donde ha cubierto escándalos de corrupción y el procés. Licenciado por la UAB, ha sido profesor universitario. Ha colaborado en el programa 'Salvados' y como investigador en el documental '800 metros' de Netflix, sobre los atentados del 17-A.

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