El nuevo recorte a la dependencia ahorrará 1,5 millones de euros

Para ahorrar un millón y medio de euros a las arcas públicas catalanas, la Generalitat suspenderá durante los próximos dos meses las prestaciones para pagar geriátricos a ancianos dependientes y los ingresos asociados a estas ayudas. A falta de cifras oficiales, la patronal de residencias ACRA calcula que el nuevo tijeretazo del gobierno catalán a la ley de dependencia supondrá, como mucho, una recaudación de 1,5 millones de euros.

La consejera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté, evitó ayer cifrar el ahorro económico que entraña la medida: “Me produce mucha angustia hablar de ahorro cuando hablamos de la ley de dependencia. Esta medida no es tanto para conseguir ahorro si no para evitar que lleguemos a tener un escenario de no poder cubrir unos derechos reconocidos”.

Munté insistió en que la decisión se ha tomado ante la financiación “manifiestamente insuficiente” del Estado, al que acusa de hacerse cargo del 20% del gasto frente al 80% que sufraga la Generalitat, a sabiendas de que por ley deberían pagar a partes iguales. La titular de Bienestar aseguró, además, que la medida podría afectar a 500 dependientes.

Por su parte, la presidenta de ACRA, Cinta Pascual, fue más allá con la cifra de afectados y calculó que se verán implicados alrededor de un millar de ancianos, el doble de lo previsto por el gobierno catalán. “La dependencia no hace vacaciones. Hay 17.000 personas en lista de espera para residencias públicas, ya no dan ayudas para los cuidadores no profesionales y ahora tampoco las prestaciones para pagar residencias. Esto es un caos para el sector”, apunta. Pascual aseguró, además, que las residencias catalanas llevan desde enero sin cobrar las prestaciones que ahora se recortan.

Las patronales del sector asistencial catalán han instado a la Generalitat a reconsiderar la aplicación de una medida y a marcar un calendario para liquidar las deudas con los centros.

Los trabajadores sociales también han denunciado el nuevo recorte que, consideran, “deja en situación de desamparo a las personas que no pueden hacer frente al coste de la plaza”. El colectivo recibió una circular interna el pasado lunes en la que se le informaba de la decisión. El comunicado especificaba que “aunque la medida habla de provisionalidad, no se puede garantizar que no se prolongue en el tiempo”. La decana del Colegio de Trabajadores Sociales de Cataluña, Nuria Carrera, ha destacado la “desolación e indignación” de los profesionales. “No sé qué vamos a hacer. Estamos desesperados. Esto solo consigue que se retrasen las tramitaciones y aumenten las listas de espera”, señala.