urbanismo

La Junta desbloquea la construcción de 55.700 viviendas nuevas en la costa

Medio Ambiente levanta el veto decretado durante la elaboración del plan del litoral

Barbate, uno de los municipios afectados por el plan del litoral. / garcía cordero

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la orden por la que se somete a información pública el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía. Con este paso se levanta el veto sobre la tramitación de planes urbanísticos con capacidad para la construcción de 55.773 viviendas, algo que había quedado en suspenso a finales del año pasado.

Esta medida cautelar se adoptó mientras se elaboraba el plan del litoral, una norma que ya se ha rematado y que ahora entra en el periodo de alegaciones. Lo que hizo la consejería mientras se redactaba fue fijar una suspensión de la tramitación urbanística de todos los planes de sectorización y de los planes parciales en suelo urbanizable en los primeros 500 metros del litoral andaluz. La medida supuso un veto temporal sobre 94.600 nuevas viviendas que se contemplan en la planificación urbanística de las 62 localidades costeras de la comunidad.

Las cifras del plan del litoral

El plan de protección del litoral afecta a 33 municipios de las cinco provincias costeras de Andalucía.

Nueve municipios de Almería están afectados por el plan: Carboneras, Níjar, Mojácar, Pulpí, Cuevas de Almanzora, Adra, El Ejido, Roquetas de Mar y Almería capital. En total, la Junta bloquea la construcción de 15.273 viviendas previstas. Almería es la segunda provincia más afectada en cuanto al número de edificaciones vetadas.

Cádiz es la más afectada, entre otras cuestiones, porque es la que cuenta con el litoral menos castigado por el ladrillo. Once municipios están afectados: Conil, Barbate, Tarifa, San Roque, Sanlúcar, Chipiona, Rota, San Fernando, La Línea, Puerto Real y Vejer. Se veta la construcción de 16.665 viviendas.

En Granada se bloquean 1.616 viviendas repartidas por cuatro localidades: Almuñécar, Salobreña, Motril y Albuñol.

El plan de protección afecta también a tres municipios de la costa onubense. Se bloquea la construcción de 6.018 viviendas en Moguer, Lepe y Cartaya.

En el caso de Málaga son seis las localidades incluidas: Manilva, Casares, Estepona, Mijas, Vélez Málaga y Torrox. Resultan afectadas un total de 3.961 viviendas.

Los técnicos de la consejería han analizado municipio por municipio, sector por sector, esos suelos con capacidad para construir 94.600 casas. Finalmente, el departamento de Luis Planas ha considerado que el 41% de esas nuevas construcciones —previstas en 33 localidades de Almería, Cádiz, Granada, Huelva y Málaga— no deben edificarse al estar en lugares que merecen ser protegidos por sus valores naturales o paisajísticos. Es decir, el plan del litoral ha prohibido el desarrollo de los planes sectorización y de los planes parciales en suelos con potencial para levantar 38.827 viviendas (esta cifra puede cambiar cuando concluya el periodo de alegaciones a finales de octubre). En el 59% restante (55.773 viviendas) se ha levantado el veto.

Cuando se decretó la suspensión cautelar —muy criticada por el PP y sus alcaldes—, la consejería decidió hacerlo solo sobre los sectores menos maduros. La Junta dejó fuera de ese veto temporal a los suelos que tenían la tramitación ya avanzada y contaban con un plan parcial de ordenación. En esa situación estaban 163 sectores con capacidad para construir 92.700 viviendas.

Esos suelos no se iban a ver afectados en un principio. Pero la consejería ha decidido hacer algunas excepciones en zonas costeras consideradas de especial importancia. El plan veta así el ladrillo en sectores ya ordenados de cinco municipios: Cuevas de Almanzora, Carboneras y Pulpí, todos en Almería; Tarifa (Cádiz); y Torrox (Málaga). En total, se bloquea la edificación de 4.706 viviendas previstas en estas cinco localidades.

En estos casos, la consejería ya ha interiorizado que tendrá que compensar económicamente a los promotores. Por un lado, fuentes de este departamento apuntan a que se asumirán los gastos de tramitación de los planes parciales ante los Ayuntamientos. Otro asunto son las compensaciones que podrían reclamar los propietarios de los terrenos, algo que previsiblemente harán en los tribunales.

En total, el plan del litoral bloquea la construcción de 43.533 viviendas previstas en los primeros 500 metros de costa y su área de influencia. Supone el 23,4% de las 187.300 casas que estaban contempladas para esa misma franja en el planeamiento de los 62 municipios del litoral andaluz. Cuando esté aprobado definitivamente este plan autonómico, el 55% de la superficie de esa primera línea estará protegida.

Sin ladrillos en Valdevaqueros

Playa de Valdevaqueros, en Tarifa (Cádiz). / julián rojas

El plan del litoral incluye en la categoría más restrictiva —que prohíbe levantar "viviendas o cualquier otro tipo de construcciones, edificaciones o instalaciones"— los 741.350 metros cuadrados del paraje de Valdevaqueros, en Tarifa (Cádiz). Los ecologistas han aplaudido este paso dado por la Junta. Pero han decidido continuar con su batalla en los tribunales, al tratarse de un simbólico lugar que se ha visto amenazado por una urbanización que preveía 1.400 plazas hoteleras y 350 viviendas.

Ecologistas en Acción ha asegurado este lunes que ya ha formalizado la demanda contra el acuerdo del Ayuntamiento de Tarifa por el que el 29 de mayo de 2012 se aprobó el Plan Parcial SL1 Valdevaqueros. Esta organización ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) un recurso que fue admitido a trámite en enero. Ahora, Ecologistas en Acción decide formalizar la demanda, según ha explicado en un comunicado de prensa.

Tras analizar el expediente, esta organización concluye que este proyecto urbanístico es ilegal y por ello solicita al TSJA que "se anule y deje sin efecto el plan parcial" de Valdevaqueros. "La anulación de este plan parcial garantizará el cumplimiento de la legalidad urbanística y medioambiental, y la preservación de uno de los parajes litorales vírgenes más valiosos y afamados del sur de Europa", añade Ecologistas en Acción.

Esta organización apunta a que el Plan General de Ordenación Urbana de Tarifa data de 1989 y, cuando se revisó en 2010, el Ayuntamiento mantuvo "unos crecimientos desorbitados". En su opinión, se eludieron "las normas ya vigentes del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, que no permiten crecimientos que supongan incrementos de suelo urbanizable superiores al 40% del suelo urbano existente".

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